Se advirtió que el caso podría ser elevado a instancias internacionales, incluida Naciones Unidas, como un precedente.
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Una denuncia presentada ante distintas instancias mantiene bajo investigación a varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por un presunto caso de abuso de autoridad y tortura ocurrido en el departamento de Santa Rosa, hecho que dejó a varios jóvenes heridos, e incluso, uno de estos, sigue en el hospital.
El incidente ha generado reacción pública y quedó parcialmente registrado en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa un altercado entre agentes policiales y civiles, así como el momento en que un grupo de personas auxilia a uno de los jóvenes, quien es trasladado casi inconsciente tras resultar herido.
Hasta el momento no existe una versión oficial sobre cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, el informe policial menciona el decomiso de una motocicleta por falta de documentación del propietario, motivo por el cual se presume, se originó el conflicto.
Una denuncia presentada ante distintas instancias mantiene bajo investigación a varios agentes PNC por un presunto caso de abuso de autoridad y tortura ocurrido en Santa Rosa, hecho que dejó a varios jóvenes heridos de los cuales uno continúa hospitalizado.
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Desde el Congreso de la República, legisladores de la Bancada UNE calificaron los hechos como actos de tortura y cuestionaron la actuación de la PNC en procedimientos relacionados con tránsito, funciones que, según señalaron, no le corresponden.
En respuesta, autoridades policiales confirmaron la apertura de una investigación interna, mientras que diputados informaron que solicitaron al Ministerio Público (MP) y a la Fiscalía de Derechos Humanos iniciar las acciones legales correspondientes contra los agentes involucrados.
De acuerdo con el abogado de las víctimas, Rodrigo González, la detención fue ilegal y, de no haber intervenido pobladores del sector, los jóvenes habrían estado en riesgo de perder la vida. Como consecuencia del incidente, las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Cuilapa, en donde uno de ellos continúa en la unidad de cuidados intensivos.
Diagnóstico
El abogado González informó que el joven Daniel Antonio Castellanos fue diagnosticado con trauma craneoencefálico grado uno, trauma cerrado de abdomen y alteración del estado de conciencia, según evaluación médica.
Indicó que, mediante una diligencia de exhibición personal, una jueza ordenó su traslado al Hospital de Cuilapa para ser examinado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), versión que, según el abogado, difiere de lo manifestado inicialmente por los agentes policiales cuando en su momento se refirieron al estado de salud de los involucrados.
Por su parte, el jefe de la Comisaría 32 de Santa Rosa, Juan Alberto Álvarez, señaló que el caso está siendo evaluado por la Inspectoría General de la PNC y que se dio aviso al MP para el desarrollo de la investigación, la cual incluye peritajes del Inacif y el análisis de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Agregó que no pueden ampliar detalles, pues desde la alerta policial él y su personal llegaron posterior al hecho debido a que se encontraban aproximadamente a una hora y media de distancia.
Destituciones
Durante una citación en el Congreso, el diputado de la UNE, Inés Castillo, pidió al viceministerio de Gobernación, Estuardo Roberto Solórzano, la destitución del jefe de la subestación y de todos los agentes que se encontraban de turno la noche de los hechos.
Además, afirmó que ninguna normativa faculta a las fuerzas de seguridad a incurrir en tratos crueles o inhumanos y anunció que presentará una denuncia contra el actual Procurador de los Derechos Humanos por la reiteración de casos similares en el país.
La Comisión contra la Tortura identificó a cinco agentes presuntamente implicados y recordó que existe una recomendación vigente que prohíbe el uso de carceletas en subestaciones, estableciendo que los ciudadanos deben ser puestos de inmediato a disposición de un juez competente. Además, advirtió que el caso podría ser elevado a instancias internacionales, incluida Naciones Unidas, como un precedente.
Mientras continúan las investigaciones, se abrieron procesos administrativos contra el jefe de la subestación, un subinspector y cuatro agentes, y no se descarta la destitución del personal involucrado, así como la deducción de responsabilidades penales por los delitos de abuso de autoridad, abuso y tortura.
Sobre el hecho
El inspector general de la PNC, Coronel García, explicó que el 3 de enero, alrededor de las 21:36 horas, fueron notificados sobre un menor retenido inicialmente en Taxisco por el decomiso de una motocicleta que no portaba tarjeta de circulación ni calcomanía.
Según el informe policial, la motocicleta fue trasladada a la subestación y se indicó que el joven no se encontraba bajo custodia por la comisión de un delito, sino que su motocicleta sería traslada al departamento de tránsito.
Sin embargo, uno de los afectados aseguró que su documentación estaba en regla y denunció que el agente que solicitó los papeles nunca los revisó. También cuestionó la detención de otros familiares que, según afirmó, únicamente grababan el procedimiento, señalando que fueron engrilletados sin haber cometido delito alguno.
