Guatemala busca cerrar su brecha de inversión en infraestructura mediante el fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas y las recientes reformas legales de 2025.
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La infraestructura nacional constituye el eje central de la competitividad y el desarrollo urbano, razón por la cual la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) realizó el panel "Alianzas público-privadas: clave para las ciudades del futuro", con el objetivo de fortalecer la comprensión sobre este modelo y su impacto en el desarrollo del país.
En este espacio, expertos del sector analizaron cómo las Alianzas Público-Privadas (APP) funcionan como un esquema jurídico-técnico-financiero donde el Estado y las empresas privadas colaboran para proveer servicios y obras que el sector público no podría costear de forma inmediata y en solitario.
El contexto regional muestra que América Latina enfrenta un déficit de inversión anual cercano a los US$150 mil millones, lo que obliga a los países a buscar modelos de financiamiento alternativos.
Guatemala invierte actualmente cerca del 3.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, una cifra que, según los estándares internacionales discutidos en el foro, debe elevarse a un rango de entre el 4% y 5% para cerrar la brecha de desarrollo y dinamizar la economía nacional de manera sostenible.
Reformas al marco legal
La aprobación del Decreto Número 21-2025, que reforma la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Decreto 16-2010), introduce cambios estructurales diseñados para desentrampar la burocracia.
Según expuso Cecilia Pivaral, representante de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) en la Comisión de Infraestructura de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, estas modificaciones buscan dotar de agilidad y certeza a la inversión.
Pivaral destacó que entre las modificaciones más relevantes se encuentra la agilización en la aprobación de contratos y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) mediante la creación de una carrera profesional técnica.
Este avance normativo tiene como propósito blindar la gestión de los proyectos frente a las decisiones políticas de corto plazo y asegurar una ejecución técnica de alto nivel.
Las reformas legales también establecen criterios de obligatoriedad en los tiempos de respuesta, como el cumplimiento de 30 días para la emisión de licencias técnicas.
El nuevo articulado permite además el manejo de pasivos por "pagos por disponibilidad", un mecanismo financiero que facilita la estructuración de proyectos "bancables".
Esto asegura que el Estado pueda diferir los pagos en el tiempo, garantizando que la infraestructura sea entregada con estándares de calidad específicos al finalizar el contrato.
Modelos de éxito regional
Los casos de éxito en Latinoamérica, como los presentados por el ingeniero Pablo Josué del Cid, profesional certificado en Alianzas Público-Privadas, demuestran la versatilidad de las APP más allá de las carreteras.
Según Del Cid, en Colombia, el programa de Vías 4G permitió conectar puertos con el interior del país mediante túneles y viaductos de alta complejidad técnica que el sector público no habría podido financiar individualmente.
Por su parte, Perú ha implementado con éxito los hospitales de "Bata Gris", donde el socio privado gestiona el mantenimiento y servicios de apoyo, permitiendo que el personal médico se enfoque exclusivamente en la salud de los pacientes, ejemplificó el profesional.
La implementación de estos modelos en Guatemala requiere, no obstante, superar desafíos críticos como la elaboración de estudios técnicos de "clase mundial" y el fortalecimiento de las capacidades en las municipalidades.
"Las APP sirven para servicios sociales y una ley moderna atrae capital rápido", enfatizó Del Cid al destacar en su exposición que la institucionalidad técnica debe prevalecer sobre la voluntad política para garantizar el éxito de las inversiones a largo plazo.
Este enfoque busca posicionar a Guatemala a nivel regional mediante el desarrollo de infraestructura competitiva y transparente.
Impacto y competitividad
El desarrollo de proyectos estratégicos en sectores de transporte, logística, energía y telecomunicaciones es fundamental para mejorar el posicionamiento de Guatemala.
La transparencia absoluta en las licitaciones competitivas, amparada en el Artículo 37 de la ley reformada, es el pilar que permitirá atraer capital extranjero y generar confianza en los inversionistas nacionales e internacionales.
Al cierre del análisis, el director ejecutivo de la CGC, José Andrés Ardón, fue enfático al señalar que el país cuenta con las condiciones para transformar su realidad urbana si aprovecha estas herramientas.
"Guatemala tiene un alto potencial de desarrollo, pero requiere inversiones estratégicas urgentes. En este contexto, las alianzas público-privadas se posicionan como un mecanismo clave para impulsar infraestructura, especialmente con las oportunidades que abre la reforma reciente", concluyó Ardón.
Los expertos coincidieron que con este nuevo panorama legal, el país se encamina a una fase de ejecución que promete no solo modernizar la obra pública, sino también elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través de servicios más eficientes y una planificación urbana ordenada.
