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Entre fuego y balas, así se recupera terreno en la Biósfera Maya

  • Por José David López
La Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente sufrió una emboscada mientras buscaba recuperar el área que se observa en la imagen. (Foto: MP)

La Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente sufrió una emboscada mientras buscaba recuperar el área que se observa en la imagen. (Foto: MP)

Una bala tras otra fueron disparadas hacia los policías, fiscales y un juez. Era agosto de 2015. Las autoridades buscaban recuperar tierras perdidas de la Reserva de la Biósfera Maya, pero un grupo de pobladores se opuso con pistolas, piedras y palos. 

La Pasadita, ese es el nombre de la aldea ubicada en el municipio de San Andrés, Petén, donde la gente se organizó para bloquear el paso de las fuerzas policiales. Su líder era Aníbal de Jesús Lazo Hernández, la persona que usurpó terrenos que pertenecen a la reserva natural, según las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. 

El área usurpada por Lazo Hernández era de 124 hectáreas. Esa cifra equivale a casi tres veces el campus central de la Universidad de San Carlos, de acuerdo con la herramienta Google Map Area Calculator Tool.

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Aura Marina López, jefa de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, explica que esa área fue deforestada y usada como potrero. "Son extensiones de vocación forestal, son pulmones no solo para Guatemala, sino para Mesoamérica; están protegidas incluso internacionalmente y  como unidad tenemos la obligación de conservarlas", dice la funcionaria. 

En junio de 2015, la fiscalía coordinó un operativo para recuperar el área, pero antes de llegar a su destino se encontró con una barrera humana conformada en su primera línea por niños y mujeres. En esa ocasión desistió de su objetivo, pero lo volvió a intentar dos meses después, el día que los pobladores atacaron a las autoridades luego de que el juez ordenara continuar y recuperar las tierras. Los agentes lo intentaron sin armas de fuego. 

Ese día, 19 de agosto, las fuerzas policiales retrocedieron, 14 integrantes de sus filas fueron heridos, algunos con balas y otros con piedras. El escenario era un camino de terracería, rodeado por árboles y por algunas casas de madera. El humo de llantas incendiadas completaba el panorama.  

Ese miércoles la comunidad no solo quemó neumáticos para impedir el operativo, también incendió un automóvil en el que viajaba el personal de la fiscalía. Además, otro vehículo usado por la Procuraduría de Derechos Humanos recibió cuatro disparos en una de sus puertas. 

El automóvil de la fiscalía que fue quemado por los pobladores en agosto de 2015. (Foto: Nuestro Diario)
El automóvil de la fiscalía que fue quemado por los pobladores en agosto de 2015. (Foto: Nuestro Diario)

El 30 de enero pasado, casi un año y medio después, el MP organizó un nuevo operativo para rescatar el área que en teoría debió ser protegida. No hubo disparos, no hubo piedras. Esta vez destruyeron cercos y corrales que eran usados para ganadería. 

Alguien más era realmente el objetivo

En ese día violento de agosto, la fiscalía realmente no buscaba retomar las tierras de Lazo Hernández, sino las que tomó otra persona, alguien que ocupaba un área más grande. Se trata de Mynor Estuardo Palma Melgar.

Palma Melgar controlaba 675 hectáreas de la Biosfera Maya, un terreno cinco veces más amplió que el usado por el otro señalado, según las investigaciones. En ese espacio donde fueron talados los árboles se instauró una hacienda dedicada a la ganadería.

El lugar se ubica a pocos minutos de la carretera donde fueron agredidos los agentes, y colinda con las otras tierras usurpadas. Esa fue la razón, de acuerdo con la fiscalía, por la que participó el día de la emboscada.

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Un tribunal hace algunos meses condenó a Lazo Hernández por el delito de obstaculización a la acción penal, pese a que la Fiscalía de Derechos Humanos buscaba que fuera sentenciado por intento de asesinato y asociación ilícita, debido a la organización que mantuvo con otros pobladores y por los policías que fueron heridos.

El fallo fue impugnado por la defensa del acusado, pero hasta ahora la sala de apelaciones no la ha confirmado o revocado. Lazo Hernández está libre, solo debe llegar a firmar un libro a la fiscalía para demostrar que no ha huido del país. 

Las tierras que ocupó Palma Melgar fueron recuperadas en agosto de 2016. Un año después, fue condenado a pagar una multa de 10 mil quetzales por el daño y a otra de 20 mil quetzales para la recuperación del sitio. 

Primero se determina que las personas tengan derecho legítimo de ocupar los terrenos, se reconocen y se respetan sus derechos si se encontraban en el lugar antes de la declaratoria como área protegida
Aura Marina López
, jefa de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente.

La fiscal señala que en estos dos casos las comunidades se organizaron porque creyeron que sería despojada de pequeños terrenos; sin embargo, desmiente que haya sido esa la intención. "Algunas veces se trata de personas económicamente poderosas que tienen la capacidad de armar a los pobladores e incentivarlos con ese argumento", explica. 

López indica que algunas comunidades que residen dentro de áreas protegidas de Petén cuentan con planes de manejo y conservación, lo que permite que se beneficien de los bosques de manera moderada, sin deteriorarlo, como no ocurrió en los casos de Lazo Herández y Palma Melgar.  

"Ahora vamos por las reservas naturales de Izabal", dice la fiscal.

08 de febrero de 2018, 09:02

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