La misión internacional evalúa el panorama financiero, la inversión en infraestructura y la urgencia de aprobar reformas contra el lavado de dinero.
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Con la llegada oficial de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar apertura a la revisión del Artículo IV, las mesas de trabajo arrancaron formalmente en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), entidad que liderará una agenda con un marcado acento en la gestión fiscal y la inversión pública.
En paralelo, las autoridades de la banca central han puesto sobre la mesa que este examen coincide con la necesidad apremiante de que el Congreso de la República apruebe la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, una pieza clave para asegurar la confianza de los capitales extranjeros.
La presencia de la delegación del organismo multilateral responde a una auditoría financiera anual contemplada en el Convenio Constitutivo del FMI.
Este mecanismo, conocido técnicamente como la revisión del Artículo IV, consiste en una disección profunda de las políticas macroeconómicas, el sistema financiero y la salud fiscal de los países miembros con el fin de prevenir crisis e identificar riesgos de estabilidad.
Al respecto, el jefe de la misión técnica del FMI, Alex Culiak, destacó la relevancia de iniciar el proceso en la cartera del tesoro, argumentando que las consultas tendrán un fuerte enfoque fiscal y evaluarán la viabilidad de ampliar la inversión en infraestructura mediante megaproyectos coordinados con entidades internacionales y reformas legislativas de peso como la ley de adquisiciones públicas.
Este examen coincide con un escenario donde la Junta Monetaria reporta la existencia de un consenso político avanzado dentro del Congreso de la República para aprobar de forma definitiva la normativa antilavado en la convocatoria programada para el próximo 2 de junio.
El riesgo de la "lista gris"
Las implicaciones de un estancamiento en el Legislativo tendrían un impacto directo e inmediato en las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo, comprometiendo la reputación financiera internacional de la nación.
Al ser cuestionado sobre las consecuencias de no ratificar las reformas, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, detalló el adverso panorama que enfrentaría el Estado ante los inversionistas globales.
"Hoy se dio apertura a la misión del Fondo Monetario Internacional de la revisión del artículo 4 y efectivamente, pues hacen ver la importancia de que esa ley sea aprobada, lógicamente no tenerla pudiera implicar entrar a una lista gris, pues ya hay una desconfianza en los inversionistas, pues alejarse del grado de inversión, que es un esfuerzo que que se ha venido haciendo ahí hace bastantes años", dijo González Ricci.
"Es un escenario que creo que no tenemos que contemplar por el momento, ya que, como digo, aparentemente ya están los consensos necesarios (en el Congreso) ara que esa ley la puedan aprobar la próxima semana", agregó el presidente del Banco de Guatemala.
El grado de inversión es una clasificación crediticia que certifica a un país como un destino seguro para el capital, permitiendo financiamiento a tasas de interés más bajas.
De acuerdo con las proyecciones técnicas, quedar relegados a una "lista gris" por deficiencias normativas encarecería los créditos y ahuyentaría la inversión productiva.
Control institucional
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menéndez, afirmó que este examen es un escenario idóneo para demostrar la resiliencia y potencia de la economía guatemalteca, cuyo objetivo principal es liderar el crecimiento económico de Centroamérica en los próximos años mediante una recaudación eficiente que sostenga el gasto público.
Más allá de las reformas legales y fiscales, la estabilidad institucional del país también ha sido un factor ponderado por los evaluadores externos. González Ricci reveló que, durante las primeras reuniones de trabajo con la misión del FMI, se abordó el desarrollo de los procesos que resultaron en la confirmación de las autoridades del Ministerio Público, los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.
El jefe del Banguat enfatizó que los delegados internacionales valoraron positivamente que dichos procesos institucionales clave y de control se hayan llevado a cabo de manera ordenada y bajo el estricto cumplimiento de la ley, enviando una señal de seriedad jurídica que mantiene a Guatemala firme en su ruta hacia la mejora del riesgo país.
El cumplimiento del Artículo IV representa un compromiso histórico asumido por la nación desde su fundación en el organismo hace más de 80 años, el cual, según el jefe de la misión del FMI, ha dejado de ser un simple trámite burocrático para convertirse en un diálogo estratégico de alto valor para el desarrollo nacional.
