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Autoridades prostituían a reclusas de cárceles de Quetzaltenango

  • Por Dulce Rivera
12 de febrero de 2024, 12:41
Según una investigación, en esta cárcel, funcionarios del Sistema Penitenciario prostituían a reclusas. (Foto: Mingob)

Según una investigación, en esta cárcel, funcionarios del Sistema Penitenciario prostituían a reclusas. (Foto: Mingob)

Una investigación del Ministerio Público señala que al menos cuatro privadas de libertad eran prostituidas en una cárcel de Quetzaltenango. 

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Una requisa realizada en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango permitió descubrir cómo unas privadas de libertad eran prostituidas por funcionarios del Sistema Penitenciario (SP). 

La requisa realizada a inicios de febrero marchaba con normalidad, pero como parte de la inspección se realizó un conteo de las reclusas. La sorpresa para las autoridades es que en la cárcel no estaban cuatro privadas de libertad, por lo que se indagó en dónde estaban. 

Tras varias averiguaciones, el Ministerio Público las ubicó en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en donde están recluidos hombres. 

La razón por la que las reclusas estaban en otra cárcel era porque estaban siendo prostituidas; es decir que autoridades del SP las trasladaban para que prestaran servicios sexuales a los hombres privados de libertad. 

El caso se denominó "Trata y explotación: Quetzaltenango", algo similar ocurrido en 2023, pero en la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez. 

Ligados a proceso 

Por este caso fueron capturados Erick René Valdez Velásquez y Marvin René Poncio Solís, subdirector y alcaide, respectivamente, de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, y Geraldina Antonieta Trinidad Méndez, rectora del Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango.

En la audiencia de primera declaración, un juez de Quetzaltenango decidió ligarlos a proceso penal por el delito de trata de personas con circunstancias agravantes, aunque les otorgó medida sustitutiva y quedaron con arresto domiciliar en lo que el MP concluye la investigación. 

La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, seguirá con las pesquisas, aunque la hipótesis principal es que los funcionarios del SP trasladaban a las privadas de libertad de la cárcel de mujeres hacia la de hombres con fines sexuales y obtenían ganancias económicas por estos servicios. 

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