En el Congreso se impulsa una ley que crearía empresas donde el Estado y la iniciativa privada serían socios.
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Crear un mecanismo para que entidades del Gobierno e iniciativa privada se asocien para la prestación de diversos servicios es la propuesta de una ley que se analiza en la Comisión de Economía del Congreso.
La sala legislativa escuchó este miércoles 26 de junio al diputado Nery Rodas, quien propone que ministerios y municipalidades, así como entes descentralizados y autónomos, puedan asociarse con firmas privadas para crear empresas con capital mixto.
Según el parlamentario, de esta manera, el Estado podría aprovechar de mejor manera sus recursos y otorgar servicios públicos de calidad. Además, indicó que este es un modelo que ya se aplica en países como El Salvador, Colombia y República Dominicana.

Así serían
Para la conformación de las empresas de capital mixto, según la iniciativa que está identificada con el número 6381, se tendría que seguir el procedimiento de formación de una Sociedad Anónima, tal como lo establece el Código de Comercio.
Además, les serían aplicables los términos y disposiciones legales sobre las acciones societarias y derechos que provengan de ellas; sin embargo, la Contraloría General de Cuentas podría fiscalizar el accionar e intereses de la entidad estatal, en su calidad de socio.
En caso de que se aprobara la ley, el ministerio, la municipalidad o ente autónomo que participara en este tipo de empresa, no necesariamente tendría que aportar dinero.
También podrían otorgar bienes tangibles e intangibles, "pudiendo ser estos últimos anticipo de créditos, subvenciones, exenciones, concesiones, suscripción de bonos u otros, según el proyecto.
La iniciativa indica que estas sociedades de economía mixta se dedicarían a la prestación, mejoramiento, ampliación y satisfacción de los servicios públicos.

Tema en coyuntura
La posibilidad de que el Gobierno participe en ese tipo de sociedades ha salido a discusión en los días recientes, después de que el presidente Bernardo Arévalo informó sobre la implementación de una alianza público-privada para "rescatar" el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Durante una reunión en el Congreso, el viceministro de Transportes, Fernado Suriano, confirmó que la participación de una empresa de capital mixto para garantizar el control sobre las operaciones y funcionamiento de la terminal aérea es uno de los modelos que está bajo análisis.