Empresas de telefonía podrían ser sancionadas por no bloquear líneas ilícitas en cárceles.
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Este lunes 6 de abril fue presentada en el Congreso una iniciativa de ley que busca prevenir y sancionar las comunicaciones ilícitas dentro de los centros de privación de libertad.
La propuesta plantea la creación de nuevos delitos dentro de una reforma al decreto 94-96 del Congreso sobre la Ley General de Telecomunicaciones; entre ellos la facilitación de comunicaciones ilícitas dentro de las cárceles, con penas que van de 6 a 10 años de prisión y multas económicas significativas.
Además, incorpora responsabilidad para las empresas de telefonía, que podrían ser sancionadas si no cumplen con el bloqueo de líneas vinculadas a actividades ilegales o si ignoran requerimientos de las autoridades. "Para estas empresas se está imponiendo una multa que será de 10 mil a 100 mil humas, ya estamos hablando de 10 mil a 100 mil dólares de multa para las empresas que cometan una de estas infracciones que se están colocando en la ley", indicó el ponente José Chic.
La iniciativa también contempla sanciones para personas que ingresen dispositivos móviles durante visitas, así como para personal del sistema penitenciario que participe o permita este tipo de prácticas.
Además, busca facilitar la adquisición de tecnología para el bloqueo de señales o el monitoreo de comunicaciones, superando obstáculos administrativos que anteriormente han limitado este tipo de compras.
El contenido también propone eliminar privilegios como el uso de "listas blancas" para determinados funcionarios y establece la contratación de servicios de telefonía controlados y supervisados por el Ministerio de Gobernación.
En ese sentido, se pretende que las autoridades puedan tener un registro en tiempo real de las comunicaciones realizadas desde los centros carcelarios, con el fin de detectar y prevenir actividades ilícitas.
Por su parte, el diputado Orlando Blanco indicó que esta propuesta pretende actualizar la normativa vigente, que data de 2012 y que, según afirmó, ha quedado obsoleta frente a los avances tecnológicos. Señaló que más del 90% de las extorsiones en Guatemala se originan en las cárceles.
En la misma línea, el diputado Jairo Flores destacó que el crecimiento de las extorsiones ha generado dinámicas de cobros ilegales en distintas zonas del país, afectando tanto a comerciantes como a familias. Subrayó que, pese a operativos dentro de los centros penitenciarios, los celulares reaparecen constantemente ante las posibles fallas o complicidades dentro del sistema.
