Según la Cámara de Finanzas, el país tiene un marco legal obsoleto para combatir el lavado de dinero, lo cual restaría oportunidades y nos colocaría en una lista gris con el consecuente daño reputacional.
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El Congreso tiene previsto para este 2 de junio aprobar en su redacción final la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, sin embargo, los últimos días no se han alcanzado acuerdos respecto a varias enmiendas propuestas por diputados y falta conseguir los votos suficientes para que esta propuesta cobre vida.
En esta entrevista con Soy502, José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanas de Guatemala, explica cuáles son los principales riesgos para el país de no aprobarse dicha iniciativa y la necesidad de contar con una regulación adecuada para modernizar la existente.
¿Por qué considera que es urgente que Guatemala apruebe las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos?
Guatemala necesita actualizar un marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Tenemos un marco obsoleto que ya no responde a la capacidad de perceguir este tipo de delitos financieros; hoy el lavado de dinero puede involucrar estructuras societarias, activos virtuales, operaciones transfronterizas, uso de terceros, comercio, bienes inmuebles, entre otras.
La urgencia también responde al contexto internacional. Guatemala se prepara para una nueva evaluación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Justamente la discusión de la actualización legal en el Congreso busca modernizar el marco legal del país conforme a esos estándares internacionales.
Desde la Cámara de Finanzas consideramos que esta ley no debe verse como una carga, sino como una medida de protección para el país, para el sistema financiero formal, para las empresas, para las familias, para las personas que reciben remesas, para los emprendedores, para la ciudadanía en general y también para la reputación internacional de Guatemala.
¿Qué riesgos enfrenta el sistema financiero guatemalteco si estas reformas continúan sin ser aprobadas por el Congreso?
El principal riesgo es reputacional y operativo. Si Guatemala mantiene un marco legal desactualizado, las instituciones financieras internacionales percibirán al país como una jurisdicción de mayor riesgo.
Esto se traducirá en controles más estrictos, mayores costos de cumplimiento, revisiones adicionales para operaciones internacionales y presión o cancelación de las relaciones de corresponsalía bancaria.
Esto no afecta únicamente a los bancos e instituciones financieras. Impactará pagos internacionales, comercio exterior, remesas, líneas de crédito, importaciones, exportaciones, transferencias y operaciones legítimas de empresas y personas individuales.
La consecuencia práctica es que Guatemala podría volverse un país más caro y más complejo para hacer negocios financieros con el exterior. Esto necesariamente creará un fenómeno inflacionario en el país, con menos oportunidades.
¿Cómo podría afectar a Guatemala, a nivel internacional, mantener observaciones o incumplimientos en materia de prevención del lavado de dinero?
Mantener estos incumplimientos debilitará la confianza internacional en Guatemala, aumentará la percepción de riesgo país y hará crecer las redes criminales en el país.
Los incumplimientos se traducen en más revisiones para operaciones financieras, que al final se trasladan al usuario y devengan en inflación: mayores costos de transacción, presión sobre las corresponsalías bancarias y más dificultad para atraer inversión o acceder a mercados financieros internacionales.
Pero el impacto no es solo financiero. Un país que no combate adecuadamente el lavado de dinero también deja más espacio para que crezcan redes criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión, el coyotaje, la trata de personas, la corrupción y muchos otros delitos graves. Perseguir el lavado permite atacar la estructura económica del crimen organizado, no solo sus efectos visibles.
Por eso no se trata de alarmar, sino de proteger al país: una legislación moderna ayuda a construir una sociedad más segura, más estable y con mejores oportunidades para vivir y trabajar en paz.
Desde la perspectiva de la Cámara de Finanzas, cuáles son los principales cambios que incorpora la iniciativa y cómo fortalecerían los controles contra el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos?
La iniciativa incorpora varios cambios importantes. Moderniza y actualiza el marco legal y lo convierte en una normativa integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
También establece un Enfoque Basado en Riesgo, para que los controles se apliquen con mayor intensidad donde realmente existe mayor riesgo y no de forma mecánica o desproporcionada.
Amplía y ordena a las personas obligadas, incluyendo sectores que pueden ser vulnerables al uso de estructuras criminales.
Fortalece la identificación del beneficiario final, que es clave para saber quién está realmente detrás de una operación, sociedad o activo.
Actualiza mecanismos de reporte, supervisión, cooperación e intercambio de información y actualiza los tipos penales e introduce la intencionalidad en el lavado de dinero, por ejemplo.
Estos cambios permitirían cerrar brechas que hoy pueden ser aprovechadas por el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y otras actividades ilícitas.
El objetivo no es perseguir al ciudadano común ni a la economía informal; el objetivo es impedir que dinero de origen criminal se inserte en la economía formal.
Algunos sectores han expresado preocupación sobre posibles excesos regulatorios o mayores cargas de cumplimiento. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?
Es legítimo discutir la implementación y cuidar que la ley no genere cargas innecesarias. Pero también hay que reconocer que la Comisión de Economía ha hecho un buen trabajo en el dictamen de la iniciativa, procurando un contenido técnicamente sólido y alineado con las 40 recomendaciones del GAFI.
La iniciativa debe entenderse bajo un enfoque basado en riesgo y proporcionalidad. Es decir, no todos los sujetos, clientes u operaciones deben tratarse igual: una operación de bajo riesgo no debe recibir el mismo tratamiento que una operación compleja, opaca o vinculada a actividades de alto riesgo. Eso busca la ley.
Bien aplicada, la ley debe permitir controles más inteligentes, reduciendo la burocracia. También debe quedar claro que no es una ley contra el dinero en efectivo, ni contra la economía informal, ni con finalidad tributaria. Su objetivo es prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos.
En Cámara de Finanzas apoyamos una ley técnica, proporcional y aplicable, que proteja al sistema financiero sin obstaculizar la actividad económica legítima.
¿Qué impacto tendría la aprobación de esta ley en la atracción de inversión, la competitividad del país y el acceso de Guatemala a los mercados financieros internacionales?
La aprobación enviaría una señal positiva: Guatemala es una jurisdicción confiable, transparente y alineada con estándares internacionales.
Eso favorece la competitividad porque reduce incertidumbre, fortalece la reputación país y facilita la relación con bancos corresponsales, inversionistas, organismos internacionales y mercados financieros.
Para una empresa extranjera o un banco internacional, operar en un país con reglas claras contra el lavado de dinero reduce riesgos y facilita decisiones de inversión.
En términos simples: una legislación moderna ayudará a que Guatemala sea vista como un país más seguro para invertir, financiar proyectos, mover capitales legítimos y mantener relaciones financieras internacionales estables, en fin, más oportunidad para todos.
Si la reforma no se aprueba durante este período legislativo, ¿cuál sería el peor escenario para Guatemala?
El peor escenario sería que Guatemala llegue a su evaluación internacional sin la implementación de un marco actualizado y, sobre todo, sin capacidad de demostrar implementación efectiva. Esto haría que el país ingrese en Lista Gris.
El tiempo ya está vencido. GAFI no vendrá en febrero de 2027 únicamente a revisar si Guatemala aprobó o no una ley; evaluará si el país ya implementó los estándares internacionales contra el lavado de dinero y si estos funcionan en la práctica.
Por eso la aprobación por parte del Congreso es urgente, pero no suficiente. Después de aprobar la ley, todavía se necesita emitir normativa secundaria, capacitar, adaptar procesos, fortalecer supervisión y demostrar resultados.
Si Guatemala llega tarde, el riesgo es una evaluación negativa, mayor percepción de riesgo país, presión sobre la corresponsalía bancaria, encarecimiento de operaciones financieras, afectación a remesas, comercio exterior, crédito e inversión.
Algunos diputados han criticado la autonomía del delito de lavado de dinero. Según usted, ¿se puede cambiar o eliminar la autonomía del delito?
Claramente no se puede cambiar o eliminar la autonomía del delito de lavado de dinero, hacerlo haría que ya no se pueda perseguir penalmente.
El lavado de dinero debe poder investigarse y sancionarse como un delito autónomo, esto significa que no dependa de la acusación o condena de ningún otro delito. La finalidad de este tipo penal es perseguir el uso, ocultamiento, transformación o incorporación de bienes de origen ilícito en la economía formal. Si se exige una condena previa o acusación previa por un delito fuente, en la práctica se vuelve imposible o casi imposible perseguir muchas estructuras criminales complejas.
Las redes criminales no operan de forma simple. Puede haber narcotráfico, corrupción, extorsión, trata de personas, coyotaje o contrabando detrás de los recursos, pero el dinero puede circular por medio de terceros, empresas, testaferros o estructuras financieras aparentemente legales. Por eso, combatir el lavado permite atacar la economía del crimen organizado.
La autonomía del delito no elimina garantías ni afecta la presunción de inocencia: el Ministerio Público siempre debe probar ante juez competente el origen ilícito de los bienes y la participación de la persona en actos de lavado. Debilitar esa autonomía sería un retroceso, porque limitaría la capacidad del Estado para seguir el rastro del dinero y desarticular estructuras criminales complejas sin depender necesariamente de una condena previa por el delito fuente.
Si la reforma elimina la autonomía del delito, dejaría de cumplir su objetivo central. En ese escenario, Guatemala no estaría modernizando su legislación, sino aprobando una norma debilitada que podría ser menos eficaz que el marco actual para perseguir el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos.
