El 21 de febrero, el Ministerio de Gobernación instaló seis campamentos de seguridad con fuerzas combinadas en zonas con alta incidencia criminal.
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"El objetivo es ampliar la presencia policial para que los ciudadanos se sientan más seguros y denuncien cualquier actividad sospechosa", aseguró en ese momento la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia.
Para facilitar la comunicación con la población, se habilitaron las líneas 110 de la PNC y 1531 del Centro Anticorrupción Policial.
Sin embargo, tras más de un mes de funcionamiento, los resultados demuestran que no ha habido un impacto tangible. Según las autoridades, la instalación de estos campamentos responde a un análisis de criminalidad y busca brindar seguridad en sectores golpeados por pandillas. Pero la efectividad de la medida ha sido puesta en duda.
El analista en seguridad ciudadana, Walter Menchú opinó que, aunque la intención es buena, los resultados son escasos. "Los campamentos están fijos, lo que limita su impacto. Se necesita movilidad, patrullajes constantes y presencia en otras zonas críticas como la 7 y la 24, donde hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo", indicó.
Las fuerzas policiales cuentan con el acompañamiento del Ejército. No obstante, su participación es limitada. "Los elementos militares solo brindan seguridad perimetral durante los operativos. No pueden intervenir directamente porque por ley eso corresponde a la Policía", explicó Ann Marie Argueta, vocera del Ministerio de la Defensa.
