02/12/2022

Se esfuma el caso Plazas Fantasma y se cierra el proceso por falta de pruebas

  • Por Dulce Rivera
26 de septiembre de 2022, 16:50
Exdiputados fueron beneficiados con el cierre del proceso penal en su contra en el caso Plazas Fantasma. (Foto: MP/Archivo)

Exdiputados fueron beneficiados con el cierre del proceso penal en su contra en el caso Plazas Fantasma. (Foto: MP/Archivo)

Los exdiputados y trabajadores del Congreso acusados en el caso Plazas Fantasma fueron beneficiados con el cierre del proceso penal. 

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Exdiputados que integraron la Junta Directiva del Congreso fueron beneficiados con una resolución de la jueza Claudette Domínguez, quien dictó sobreseimiento a favor de los excongresistas y por lo tanto, cerró el proceso penal en su contra. 

Según la acusación del Ministerio Público, los exdiputados aprovechando su cargo, avalaron la contratación de varias personas que no se presentaron a laborar, por lo que fueron consideradas plazas fantasma en el Congreso. 

Sin embargo, la jueza aseguró que el MP no presentó suficientes pruebas y que no pudo comprobar la acusación realizada desde 2016. 

Entre los exdiputados que fueron beneficiados con esta resolución están: Alfredo Rabbé, Selvin García, César Fajardo, Alexander Castillo, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá. 

Además, 47 trabajadores del Congreso también fueron beneficiados con el cierre del proceso penal. 

Los excongresistas eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, pero ahora quedaron totalmente libres de la acusación penal. 

El caso 

En 2016, el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG), presentaron el caso denominado Plazas Fantasma. 

Según la acusación de ese momento, la Junta Directiva del Congreso de 2014 a 2015, avaló la contratación de varias personas que no se presentaron a laborar pero sí cobraron salarios de Q15 mil y Q20 mil. 

Parte del señalamiento es que las personas no cumplieron ninguna función, si cobraron el dinero pero además, su escolaridad era de diversificado. El MP en su momento, aseguró que estas personas prestaron su nombre para sustraer fondos del congreso bajo el argumento de una contratación.

Por este mismo caso, el exdiputado Edgar Cristiani y 10 personas más decidieron acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.  

 

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