La desconfianza en las instituciones sería una de las principales razones por las cuales ocurren estos sucesos.
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Según datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic) administrada por el Ministerio de Gobernación, revelan que desde enero de 2019 a la fecha han ocurrido 81 linchamientos en el país, 20 de ellos sucedieron en lo que va de 2025.
Esto significa que en tan solo siete meses de 2025 tuvieron lugar un cuarto de los linchamientos ocurridos de los últimos seis años en Guatemala. La situación se agrava cuando se hace una comparación con 2025, pues los datos muestran que estos hechos han aumentado en un 100%.
Los datos de Pladeic se extraen de la Sección de Estadística de la Subdirección de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y según los reportes, estos son los homicidios por linchamiento en estos años:
- 2019 - 13
- 2020- 12
- 2021 - 1
- 2022 - 17
- 2023 - 8
- 2024- 10
- 2025 - 20
Entre los detalles que revelan los datos está que, en 73 casos, es decir, el 90% de los linchamientos, las víctimas fueron hombres, solamente ocho mujeres, el 10% de los casos, fueron víctimas de este delito.
Un informe sobre linchamientos elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en 2023 precisa que en un principio se consideraba que los linchamientos ocurrían expresamente en las comunidades organizadas, pero que con el pasar del tiempo, los hechos comenzaron a registrarse en otras áreas donde las personas también comenzaron a organizarse.
Los datos de Plaidec precisan que el 79% de los casos (64 casos) de muertes por linchamiento ocurren en áreas rurales y el 21% (17 casos) en zonas urbanas. También destaca 26% de los sucesos (21 casos) tuvieron lugar en municipios del departamento de Guatemala.
Asimismo, se registraron muertos por linchamientos en 16 departamentos del país, únicamente seis no han registrado este tipo de sucesos al menos en los últimos seis años y medio, estos son Baja Verapaz, Suchitepéquez, Sololá, Santa Rosa, El Progreso y Zacapa.
¿Por qué ocurren?
En su informe, el GAM considera que los linchamientos en Guatemala "representan una manifestación de la desesperación de la población ante la falta de accionar de las autoridades".
La antropóloga Yolanda Aguilar Urizar explicó que "los linchamientos en contextos como el guatemalteco, expresan una rabia contenida especialmente de sectores que no han sido atendidos por el Estado"
"Se normaliza la violencia a tal punto que son parte de la cultura cotidiana y no hay canales o muy pocos de expresión del descontento, razón por la cual los linchamientos surgen a partir de un detonante y se expresan como una forma de catarsis colectiva de tomar la justicia por propias manos", explicó la experta.
Aguilar Uirzar precisó que estos sucesos ocurren "a partir de la frustración y la desesperanza que genera el esperar que los gobernantes resuelvan los problemas".
"La violencia generada por las instituciones inoperantes y podridas se reproduce en el tejido social cansado de esperar soluciones. El abordaje local y comunitario tiene más respuestas en este sentido que lo nacional, alejado de las necesidades de la gente", consideró la experta.
Desconfianza en las instituciones
El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, señaló que los linchamientos constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos, especialmente a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y el debido proceso.
"Los linchamientos reflejan una profunda desconfianza en las instituciones de justicia y seguridad. Se ven alimentados por la impunidad, la falta de presencia estatal y la ausencia de mecanismos eficaces de resolución de conflictos", afirmó el procurador.
Según el magistrado de conciencia, Guatemala carece actualmente de un protocolo estatal específico para prevenir linchamientos y retenciones y tampoco cuenta con una política pública integral que aborde las causas estructurales de esta violencia colectiva.
"Este vacío normativo y operativo debilita la capacidad de prevención del Estado y deja a las comunidades en situación de vulnerabilidad", aseguró Córdova.
El procurador hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para "diseñar e implementar de forma urgente un protocolo nacional para la prevención de linchamientos, con enfoque de Derechos Humanos y participación comunitaria".
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Agregó que se debe fortalecer la presencia estatal en territorios con alta conflictividad y garantizar el acceso efectivo a la justicia, la protección ciudadana y la rendición de cuentas. Asimismo, pidió a la ciudadanía confiar en los canales legales y denunciar cualquier situación de violencia colectiva.
José Portillo, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, se refirió a la desconfianza institucional que tienen las personas particularmente con el sistema de justicia el cual incluye a la policía, jueces y Ministerio Público.
Agregó que otra situación que debe tomarse en cuenta es que muchas personas que han sido víctimas de linchamientos son sorprendidas cometiendo crímenes y en algunos casos fueron reincidentes.
"Esto es lo que genera esa desconfianza en la ciudadanía, porque creen que el propio sistema los está dejando libres", afirmó el viceministro
Portillo afirmó que el Mingbo lleva a cabo trabajo de prevención para evitar estos sucesos a través del Tercer Viceministerio de Prevención del Delito y la Violencia.
"La PNC está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Gobernación para prevenir. Hay áreas específicas en donde el viceministerio de Prevención del Delito y la Policía Nacional Civil está interviniendo de una manera estratégica para generar prevención", explicó el viceministro.
José Portillo, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación. pic.twitter.com/1o7viVscRA
Portillo aseguró que existen dos protocolos de prevención directamente para prevenir vapuleos y linchamientos y que la idea es incidir en autoridades locales, líderes y comunitarios y en los agentes de la PNC que está en estos sectores para que sepan de qué manera atender y prevenir eficientemente estos casos.
"La Policía Nacional Civil, los líderes comunitarios y las autoridades locales deben ser los primeros que promuevan y garanticen el cumplimiento de las normas para tener calles, ciudades y un Estado más seguro", puntualizó el funcionario.
