La ley aprobada por el Congreso y rechazada por el presidente Bernardo Arévalo, regresó al Congreso y los diputados aceptaron el veto presidencial. La ley pasará al Archivo Legislativo y ya no seguirá su trámite.
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El pleno del Congreso de la República aceptó el veto emitido por el Organismo Ejecutivo al Decreto 9-2025 reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, por lo cual el mismo ya no entrará en vigencia.
Luego de aprobar la convocatoria para la integración de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los legisladores conocieron el veto del Decreto 9-2025 emito por el Ejecutivo y que fue publicado el pasado 6 de noviembre.
Luego de una breve discusión,100 legisladores votaron a favor del Acuerdo Legislativo 11-2025 con el cual aceptaron la decisión del Organismo Ejecutivo emitida en el Acuerdo Gubernativo 192-2025 emitido por el Consejo de Ministros.
El Congreso de la República aceptó el veto presidencial al Decreto 9-2025. pic.twitter.com/P41zbDfpNR
El Acuerdo, aprobado por los congresistas, señala que en consecuencia de la aceptación del veto las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, serán remitidas al Archivo Legislativo para su resguardo.
Con esta acción, el Decreto 9-2025 ya no seguirá su trámite y por lo tanto no será publicado en el Diario de Centro América por lo cual no entrará en vigencia.
Los diputados también acordaron que la decisión sea informada al Organismo Legislativo y que entrara en vigencia inmediatamente. Además, deberá ser publicado en el Diario de Centro América.
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El Decreto 9-2025, vetado por el Ejecutivo, buscaba reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Una de las enmiendas más polémicas era la exoneración de multas y otros requisitos ambientales a iglesias evangélicas y ventas informales.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó el veto al decreto al considerarlo un "grave retroceso" para la legislación ambiental del país. El Ejecutivo argumentó que las reformas aprobadas por el Congreso vulneraban el derecho a la igualdad constitucional.
Organizaciones civiles y diputados de oposición presentaron amparos contra el Decreto 9-2025 por su impacto negativo en las normativas ambientales. El Congreso, aunque inicialmente rechazó las objeciones, finalmente aceptó la decisión presidencial.
