La legislación reafirma los derechos individuales y colectivos de las mujeres maya, garífuna y xinca.
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El pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 20-2025 con el cual dio vida a la Ley del Día de la Dignificación de las Mujeres Indígenas.
La legislación establece el 5 de septiembre de cada año se celebrará el Día de la Dignificación de las Mujeres Indígenas.
En virtud de esto todas las entidades públicas del Estado deberán impulsar actividades que conmemoren esta fecha resaltando la protección y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las mujeres niñas y adolescentes indígenas que enaltezcan y promuevan su desarrollo dignidad y cultura.
El decreto reafirma a las mujeres indígenas de los pueblos maya, garífuna y xinca de Guatemala como sujetas de derecho.
El Congreso de la República aprobó el Decreto 20-2025. pic.twitter.com/Zeu7vLQSZ3
Se menciona que se reconoce su aporte en la defensa de sus derechos individuales y colectivos para erradicar la desigualdad, discriminación y racismo, así como para mantener viva la cultura, espiritualidad, cosmovisión y la relación armónica con la tierra, la ciencia, economía, conservación de los bienes naturales, cultura y política del país.
El Organismo Ejecutivo y todas las instituciones públicas deberán promover la defensa de sus derechos individuales y colectivos para erradicar la desigualdad discriminación y racismo.
El decreto señala que todas las instituciones públicas deben impulsar acciones políticas planes y programas y medidas disciplinarias que prevengan y sancionen la discriminación contra las mujeres indígenas.
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Previo a la aprobación del decreto el congreso también aprobó el Acuerdo Legislativo 13-2025 con el cual se rechazó toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
En dicho acuerdo se reconoce los esfuerzos diarios que cada una de las ciudadanas guatemaltecas llevan a cabo en sus actividades cotidianas y la lucha constante por la defensa de sus derechos y la igualdad de los distintos ámbitos en los que se desempeña.
Con el acuerdo se insta a los organismos Ejecutivo y Judicial, así como a todas las instituciones públicas que integran en el aparato estatal, que en el ámbito de su competencia promuevan la protección y férrea defensa de los derechos de la mujer.
