Legisladores también buscarán endurecer las penas para quienes formen parte de las estructuras criminales.
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Después de una sesión plenaria de más de nueve horas de duración el pleno del Congreso aprobó un fondo de revisión para la iniciativa de ley 5692 con la cual se busca declarar como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas a las maras y pandillas.
El pleno aprobó la moción con 122 votos a favor por lo que se fijó el próximo 21 de octubre como la fecha en la que se revisará la iniciativa para luego convertirse decreto, con esto los legisladores atrasaron por varios días la declaratoria con la cual la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha serían considerados como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
Esta declaración se logró luego que los jefes de bloque consensuaran una serie de enmiendas para la iniciativa de ley 5692, Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.
La negociación de los parlamentarios duró más de dos horas luego de que se reformara el orden del día de la sesión plenaria para discutir en tercer debate por artículos y redacción final dicha iniciativa.
Entre las enmiendas se acordó sustituir totalmente el artículo dos, el cual tipificó qué se entenderá como mara o pandilla, el cual quedó de la siguiente manera:
"Se entenderá como maras o pandillas a los grupos organizados que cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia, cuya organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de tres o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos ilícitos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción", se lee en la reforma.
Asimismo, el mismo artículo declara "a las organizaciones denominadas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, sus clicas y subgrupos y a cualesquiera otros grupos que existan o surjan de acuerdo a la definición expresada en el párrafo anterior, como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas".
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El texto señala además que para la designación como maras o pandillas a otros grupos que existan o surjan, el fiscal general del Ministerio Público (MP) llevará a cabo el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Posteriormente, la Corte resolverá por medio de la Cámara Penal conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y el requerimiento contendrá los informes de seguridad, inteligencia y análisis criminal de las entidades competentes que fundamentan el requerimiento.
"Si la designación es otorgada, se mandará a publicar la resolución y el nombre de la organización designada como organización terrorista, sin costo y de forma inmediata, en el Diario Oficial y los canales oficiales del Gobierno", precisa el texto.
Se menciona que después de su publicación, la designación estará vigente por un período de cinco años, pudiendo ser prorrogada por iguales períodos y la designación será sujeta a revisión del fiscal general ante la CSJ a través de la Cámara Penal.
Además, se le ordena al Estado que destine los recursos para el combate frontal a las actividades delictivas de las maras o pandillas, así como para el desarrollo de programas de prevención orientado a la niñez, juventud.
Endurecen penas
Otra enmienda reformará la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ya que adicionó las tipificaciones de violación, agresión sexual, actividades sexuales remuneradas con menores de edad, femicidio y reclutamiento ilícito de menores.
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También lo que tiene que ver con extorsión, comercialización de vehículos robados en el extranjero o territorio nacional, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas y uso ilegal de uniformes e insignias.
En lo que respecta a la obstrucción extorsiva de tránsito, tendrá una pena de 14 a 18 años de prisión, la cual podrá aumentar en una tercera parte si quien lo comete pertenece a una pandilla o mara.
Mientras que el reclutamiento ilícito de menores de edad también se castigará con prisión de 14 a 18 años y con una multa de Q100 mil a Q300 mil
El preyecto de ley contempla además reformas a la Ley del Régimen Penitenciario, donde se exige que el Sistema Penitenciario debe crear y mantener actualizada una base de datos de todas las personas que se encuentren en prisión.
Asimismo, se reformará el Código Penal en lo que tiene que ver con la extorsión, que ahora tendrá una pena de 6 a 12 años de cárcel y si el hecho es cometido por el integrante de una pandilla o mara aumentará en una tercera parte.
De la misma manera, se cambiará la pena del enriquecimiento ilícito extorsivo que se sancionará con 14 a 18 años de cárcel y se aumentará la pena en una tercera parte si es cometido por el integrante de una pandilla.
El delito de usura también será reformado, que ahora tendrá una pena de 4 a 10 años de cárcel y una multa de Q 200 mil a Q 500 mil. Asimismo, se estipuló que si el delito lo comete un extranjero será expulsado del territorio nacional.
Los legisladores también llevarán a cabo reformas al Código Procesal Penal donde básicamente establecieron que cualquier integrante de pandillas o maras que cometa un delito no tenga derecho a medidas sustitutivas.
Por último, se brindan se le ordena al Ministerio de Gobernación que destine fondos para la compra de equipo para el combate a las maras y pandillas y se le ordena iniciar la construcción de una carcel de máxima seguridad donde solo estarán los miembros de estas organizaciones.
