Además, el Congreso solicita que se investiguen y persigan las fuentes de financiamiento de las maras y pandillas, con el objeto de desarticular sus mecanismos de financiación.
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En el Diario de Centro América se publicó el punto resolutivo 1-2025 emitido por el Congreso de la República, en el cual se reconoce que las pandillas "Mara Salvatrucha" (MS-13) y "Barrio 18" representan una grave amenaza para la seguridad nacional, por lo que exhortan al presidente Bernardo Arévalo declararlas como grupos terroristas.
Ante ello y con base en las facultades que le otorga el artículo 107 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto Número 63-94), el Legislativo solicita al Consejo Nacional de Seguridad emitir un dictamen y formular las recomendaciones pertinentes al mandatario, destacando la urgencia de catalogar a las maras y pandillas en especial a la "MS-13" y "Barrio 18" como estructuras terroristas.
Además, el punto resolutivo insta a Arévalo a detallar las acciones concretas que el Ejecutivo adoptará para enfrentar a estos grupos delictivos, como instruir al Ministerio de Gobernación para la creación de centros penitenciarios especializados, destinados exclusivamente a la reclusión de integrantes de maras y pandillas, debido a que las cárceles actuales no cuentan con la infraestructura adecuada para este fin.
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Otras instrucciones
Asimismo, se solicita que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) conformen fuerzas conjuntas de élite para resguardar las zonas del país más afectadas por la violencia generada por estas estructuras criminales.
Por último, se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a fortalecer los mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos y países de la región, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de inteligencia y seguridad orientadas a combatir estas organizaciones.
El 23 de septiembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos declaró como grupo terrorista a la mara "Barrio 18", ya antes lo había hecho con la "Mara Salvatrucha".
El Congreso requiere, además, a la Superintendencia de Bancos, a la Intendencia de Verificación Especial y al Ministerio Público (MP) que, dentro de sus respectivas competencias, investiguen y persigan las fuentes de financiamiento de las maras y pandillas, con el objeto de desarticular sus mecanismos de financiación.
