Analista advierten que aumentar el salario mínimo sin atender la alta informalidad y la baja generación de empleo formal, podría profundizar los problemas estructurales del mercado laboral en Guatemala.
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La conveniencia o no de incrementar el salario mínimo en 2026 se analizó durante una citación en el Congreso de la República este 15 de diciembre. Dicha decisión está en manos del presidente Bernardo Arévalo y para el presente año, el mandatario decretó un aumento consistente en un 10 por ciento.
Los diputados abordaron la relación entre el salario mínimo y la canasta básica. Sin embargo, expertos consultados, explican que un incremento en este momento no resuelve los problemas estructurales de fondo.
Durante la citación, el diputado Jairo Flores de la bancada VOS, explicó que, en la actualidad, una familia guatemalteca requiere entre Q11,403 y Q11,700 mensuales para cubrir la canasta básica ampliada, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria supera los Q4,631, cifra considerada como el mínimo para la subsistencia.
En la reunión se indicó que estos montos representan el nivel básico necesario para garantizar condiciones mínimas de vida. Sin embargo, consideró que, al contrastarlos con el salario mínimo vigente, que se sitúa alrededor de Q3,900 mensuales, se evidencia una brecha significativa entre los ingresos laborales formales y el costo real de los bienes esenciales.
Bajo este escenario, se expuso que en un hogar promedio de cinco integrantes, un solo perceptor de salario mínimo no logra cubrir los gastos básicos. Incluso cuando dos miembros del núcleo familiar perciben dicho ingreso, únicamente se alcanza de forma ajustada la canasta básica alimentaria, quedando fuera de alcance la canasta básica ampliada.
Incremento no resuelve el problema de fondo
Por su parte el analista económico, Hugo Maul expuso que un incremento salarial no resuelve el problema estructural de fondo. Señaló que el debate suele plantearse de manera superficial y declarativa, bajo argumentos de justicia social, sin abordar el verdadero desafío del país; la limitada generación de empleos productivos que permitan a la población acceder a ingresos sostenibles.
El analista explicó que la estructura productiva guatemalteca está compuesta mayoritariamente por micro y pequeñas empresas que carecen del capital, la tecnología, el capital de trabajo y el volumen de ventas necesarios para pagar salarios mínimos más elevados. Como resultado, aproximadamente el 70% de los trabajadores se encuentra en la economía informal, desempeñándose en actividades por cuenta propia o en unidades productivas de baja productividad que no pueden absorber los costos del empleo formal.
Desde esta perspectiva, indicó que en países en desarrollo el salario mínimo debe concebirse como un ingreso base que pueda ser cubierto por todo tipo de empresas, y no únicamente por las grandes. Añadió que las buenas prácticas internacionales sugieren que el salario mínimo represente alrededor del 40% del ingreso promedio de los trabajadores.
Asimismo, advirtió que plantear que el salario mínimo deba cubrir la canasta básica ampliada responde a criterios propios de países desarrollados, donde el problema central no es el acceso al empleo, sino la distribución del ingreso.
Países desarrollados vs. Guatemala
"Cuando uno habla que el salario mínimo debe cubrir la canasta ampliada uno realmente está utilizando criterios de países desarrollados donde el problema no es que las personas no tengan acceso a buenos empleos productivos, si no que hay un grupo muy pequeño de la población 4% o 5% que no logar conseguir empleo.
En nuestro caso, quien no sale a buscar un ingreso no come. Entonces para países como los nuestros cuando se habla de salario mínimo se habla de un ingreso mínimo que pudieran pagar todo tipo de empresas no solo las empresas grandes de manera que se le garantizara al trabajador un mínimo de ingresos para que no caiga en pobreza." explicó Maul
Además, indicó que en un país donde aproximadamente el 70% de los guatemaltecos activos laborarlmente no perciben el salario mínimo, al quitar de la lista los empleados del sistema público "del cálculo del empleo formal de queda que probablemente son un 15%" indicó el analista.
En el caso de Guatemala, indicó que la mayoría de los hogares cuenta con más de un perceptor de ingresos, por lo que el análisis no puede basarse en el modelo de un solo proveedor. Aun así, consideró que el planteamiento de mejorar los ingresos de la población mediante aumentos al salario mínimo es incorrecto, pues la mayoría de los guatemaltecos no percibe dicho salario.
Maul señaló que sectores productivos ya enfrentan dificultades adicionales derivadas de factores externos y de incrementos salariales previos superiores a la inflación.
En relación con el crecimiento económico, indicó que el desempeño reciente de la economía no responde a un aumento generalizado de la productividad, sino a un impulso de la demanda interna, asociado en buena medida al flujo de remesas. En ese sentido, advirtió que trasladar un auge transitorio de la demanda a un aumento permanente de los costos laborales podría afectar la sostenibilidad del aparato productivo.
Finalmente, expuso que, pese a los incrementos recurrentes del salario mínimo a lo largo de los años, los indicadores estructurales del mercado laboral muestran una persistente informalidad cercana al 70%.
Datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos reflejan que la informalidad alcanza niveles superiores al 75% en áreas rurales, alrededor del 65% en el resto urbano y cerca del 45% incluso en el área metropolitana.
