Desde 2010, la industria petrolera ha contribuido con US$809 millones al Estado de Guatemala, una cifra que en un 91.4% corresponde a la extracción que se hace en el Campo Xan, ubicado en Petén.
OTRAS NOTICIAS: Perenco prepara cierre de operaciones, pero su permanencia es una decisión de Estado
En Centroamérica, solo Guatemala produce petróleo con reservas concentradas en el departamento de Petén e incluso, hay gas natural, considerado un aliado energético y energía verde de transición.
De 2020 a la fecha, el Estado ha percibido ingresos por US$809.7 millones (alrededor de Q6,261.66 millones) derivado de todos los contratos petroleros. Esto incluye regalías, participación y aporte anual para Fonpetrol, entre otros.
El más grande, es el Contrato 2-85, que extrae petróleo del Campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén y el resto se reparte entre City Petén S. de R.L. (en el campo Ocultún, La Libertad, Petén) y Latin American Resources, que opera en el campo Atzam, Cobán, Alta Verapaz.
La Constitución Política de la República indica que el Estado propiciará las condiciones para la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. Sin embargo, está por vencer el contrato más grande de extracción y de momento, su prórroga resulta incierta.
Así inició la industria petrolera en Guatemala
La historia petrolera inició en el país en los años 30 del siglo pasado, cuando unos científicos implementaron un programa foto geológico en las áreas de La Libertad, Petén, sierra de Chinajá y cerca del río La Pasión (ambos en el norte de Alta Verapaz).
Los estudios se ampliaron en 1944, sin embargo, se interrumpieron en 1949 debido a cuestiones legales para reiniciarse en 1955 con la emisión de un Código Petrolero, lo que provocó la intensificación de los estudios en Petén y Amatique (Izabal).
Tras implementar cambios legales que autorizaran la exploración en parques nacionales en 1967, se construyó el primer pozo petrolero, denominado Castillo Armas - 1. Después de ese, se construyeron 15 más durante los siguientes cuatro años, sin mayor éxito. Fue hasta en 1967 que, mientras buscaban azufre, se encontró el crudo.
En 1980 empieza a funcionar el oleoducto que transportaría el petróleo de Rubelsanto a Santo Tomás para su exportación. Las primeras empresas que empiezan a perforar pozos fueron Hispanicoil, Basic Resources (hoy Perenco) y Peten Petromeum, pero la mayoría del petróleo ubicado hasta la fecha está en el Campo Xan.
Hispanoil se retiró del país en 1986 y la extracción quedó a cargo de Basic Resources, pero en 2001, Perenco, de origen franco-británica, tomo las operaciones del Contrato 2-85, mismo que ahora proporciona el 91% de los ingresos estatales por extracción de petróleo en el país.
Por el momento, hay cuatro contratos vigentes de exploración de hidrocarburos y otros cinco que ya están explotando el crudo. Sin embargo, la densidad del petróleo (grado API bajo) no permite refinarlo al punto de que pueda comercializarse como combustible y se usa para producir asfalto.
Al respecto, un estudio de la Superintendencia de Bancos indica que además del petróleo que se destina a la refinación en la minirefinería La Libertad, se obtienen otros subproductos como nafta, queroseno, y gasoil de vacío, pero todos carecen de fines comerciales.
Lo anterior coloca a Guatemala como un país que importa la totalidad de combustibles y todas las empresas que operan en suelo guatemalteco para extraer los hidrocarburos son extranjeras.
Como se puede observar, la prórroga concedida a Perenco vence en agosto de 2025 y mientras tanto, la empresa se prepara para detener sus operaciones en el Campo Xan.
Otorgar una ampliación depende de la aprobación en el Congreso de la República de una reforma a la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83), esta fue planteada por el Ejecutivo en enero de 2022, sin embargo, el tema no está en la agenda por el momento.
La reforma planteada busca que un contrato pueda seguir operando con la venia del Presidente de la República en Consejo de Ministros.
Las proyecciones
El MEM estimó que en el análisis técnico, económico y legal realizado en diciembre 2021, que de seguir vigente el Contrato 2-85, los ingresos del Estado se traducirían en unos US$165.3 millones (Q1,278.36 millones) de 2021 a 2045 y de estos, se estima un total de regalías consistente en US$38.6 millones (Q298.49 millones).
Hasta el momento, la posición del Organismo Ejecutivo es no prorrogar el Contrato 2-85. Es decir, Perenco podría seguir operando los dos proyectos restantes: una refinería en el municipio de La Libertad y el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), más conocido como el oleoducto.
Este proyecto aún no vence, pues su último permiso para operar fue concedido en 2019 y su vigencia es de 25 años, su función es el traslado del crudo a la terminal de Piedras Negras y solo en 2023 trasladó la producción de 1.8 millones de barriles desde los diferentes pozos.
La manzana de la discordia fue la emisión de la Ley de Áreas Protegidas en 1989, después del inicio de operaciones del Contrato 2-85 y justo la extracción quedó en el Parque Nacional Laguna del Tigre.
La situación preocupa a quienes están en la industria petrolera. En el caso de la Asociación Guatemalteca de Empresas Productoras de Hidrocarburos, sus representantes explicaron que Perenco es el contrato más grande y compra la mayoría de crudo que se produce y exporta.
Colapso de la industria petrolera
Fredy Gudiel, presidente de dicha instancia, explicó que la salida de la empresa en mención podría generar varios problemas, incluso el colapso de la industria petrolera en el país.
En el caso de los alcaldes, insistieron en el Congreso de la República a finales del año pasado, la urgencia de ampliar el contrato para seguir obteniendo los beneficios de Fonpetrol y en sintonía se manifestó el diputado petenero, César Fion, quien lamentó que entonces "el 90% de la industria petrolera del país se tendrá que retirar".
