Expertos de la ONU recibieron información sobre posibles adopciones ilegales en Guatemala, en las que podría estar vinculada la fiscal general Consuelo Porras.
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A través de un comunicado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la acusación de adopciones ilegales de niños guatemaltecos, en los que pudo estar involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.
"La informacion recibida sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala es sumamente preocupante", afirmaron los expertos de la ONU.
Según el comunicado, la preocupación mayor es que no se haya realizado una investigación pronta exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas.
"Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80 niñas y niños de Pueblos Indígenas entre 1968 y 1996", dijo Margaret Satterthwaite, relatora especial.
Porras podría estar involucrada
La información que recibieron los expertos de la ONU, señalan la presunta participación de Porras, pues cuando esto ocurrió, en 1982, ella fungía como "tutora legal" de los niños que estaban en el "Hogar Temporal Elisa Martínez", pues era la directora / administradora del lugar.
"Las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios", se lee en el comunicado.
Los expertos señalaron que se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial por esta información recibida.
"Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones", manifestaron.
Por último, indicaron que los expertos de la ONU están en contacto con autoridades guatemaltecas.
Se solicitó una postura al Ministerio Público, pero hasta el momento no ha sido recibida.
