Después del reciente secuestro de actas electorales en la sede del TSE y las acciones que esta y otras medidas han desencadenado, diversos sectores han llamado a la CC a resolver una acción legal.
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Para distintos actores de la sociedad, la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene en sus manos el fin de la crisis que ha generado una serie de acciones en el marco del proceso electoral.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), cámaras empresariales y observadores de los pasados comicios se han pronunciado al respecto y han llamado a la CC a resolver una cuestión de competencia presentada a mediados de septiembre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según Fundesa, la Corte "tiene una gran decisión histórica que resolver, para reencauzar el Estado de Derecho en el país".
Por medio de un comunicado, esa instancia instó al pleno de magistrados de la CC a determinar la competencia del Ministerio Público (MP) en las medidas que ha emprendido desde que finalizó la primera vuelta electoral y "si ha actuado conforme a derecho".
Importante llamado a la @CC_Guatemala para resolver en favor del Estado de Derecho del país. pic.twitter.com/0vLrSatEWK
En la misma línea, se pronunció la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), la cual considera que, al resolver lo antes posible la mencionada acción legal, se ayudará a reducir las inconformidades actuales.
"Hacerlo dará claridad y certeza a la jurisdicción electoral y contribuirá a disminuir tensiones sociales y diferendos políticos", difundió a través de su cuenta de X (Twitter).
Comunicado de prensa.
La MOE-Gt hace llamado a la @CC_Guatemala.#MOEgt pic.twitter.com/W2e6ROb7bO
Por su parte, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) no solo se refirió a la CC, sino también a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para "que cumplan con su deber, a fin de resolver a la brevedad los recursos legales presentados en ley y orden".
De acuerdo con la entidad empresarial, así asumirían su responsabilidad de defender la institucionalidad y garantizar la seguridad jurídica. "De lo contrario, serán legal y moralmente responsables de sumir en la ingobernabilidad al país", dice un comunicado.
En la publicación instan al MP a que respete el derecho de defensa y acceso a la información, así como la independencia de funciones de los entes del Estado, en particular del Tribunal Supremo Electoral.
"La CGAB comparte la urgente necesidad de que se garantice el Estado de Derecho, la democracia y los principios republicanos, para evitar que se deteriore aún más la confianza en las instituciones y, en adelante, se propicie la paz social", se lee en el documento.
Cuestión de competencia
A la acción legal que se refieren los citados actores, es una cuestión de competencia que planteó el TSE a mediados de septiembre ante la CC.
La medida busca establecer si un juez penal tiene las facultades para solicitar la cancelación o suspensión de una organización política que se constituyó bajo el amparo de la Ley Electoral.
De esa cuenta, los magistrados de la Corte tendrían que determinar si el juez Fredy Orellana ha actuado de acuerdo con sus competencias desde julio pasado, cuando ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla.
Es de recordar que, en ese marco, el MP ha efectuado allanamientos y secuestro de documentos electorales; además, ha presentado acusaciones contra autoridades del TSE y tiene investigaciones en curso contra juntas receptoras de votos, digitadores y otros voluntarios que participaron en los comicios.
Tales acciones han generado descontento y críticas, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente contra la fiscal general, Consuelo Porras, el juez Orellana y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
El Tribunal Supremo Electoral presenta Cuestión de competencia ante la @CC_Guatemala. pic.twitter.com/D8lUvwKB7R
¿Cuándo resolverá?
Según el departamento de Comunicación de la CC, los magistrados buscan contar con toda la información posible para decidir sobre la cuestión de competencia.
Como parte del proceso, ya recibió informes circunstanciados de Orellana, el MP, la CSJ, el TSE y siete partidos políticos que emitieron su opinión sobre el tema. Pese a esto, aún no hay una fecha para que se conozca la resolución del pleno.
"Una vez recibida la información, la Corte procederá conforme la Ley. Al tener una resolución al respecto, se estará haciendo del conocimiento", se detalló.
