La tecnología puede transformar los servicios del Estado, pero su implementación requiere planificación, inversión y seguridad de los datos, se explicó.
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Durante 2026, distintas instituciones del Estado de Guatemala han registrado al menos 26 adquisiciones relacionadas con Inteligencia Artificial (IA), por un monto conjunto de Q1,841,180.26, según una revisión de los registros de Guatecompras.
Las contrataciones corresponden principalmente a licencias de programas informáticos, plataformas digitales, herramientas para generar contenido audiovisual, equipos tecnológicos y servicios que incorporan funciones de IA.
Según José Amado, AI Security Manager de Sistemas Aplicativos, S.A., la implementación de esta tecnología podría representar una oportunidad para modernizar la administración pública, reducir los tiempos de atención y mejorar la eficiencia de las instituciones.
Sin embargo, resalta que su aprovechamiento requiere una planificación que permita determinar cuáles son las necesidades del Estado, cuánto debe invertirse y qué resultados pueden obtenerse mediante la incorporación de estas herramientas.
Salud encabeza las adquisiciones
De acuerdo con los registros recopilados de Guatecompras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) encabeza el gasto entre los ministerios, con Q561,500 distribuidos en siete contrataciones.
De ese monto, Q540,000 corresponden a seis registros, de Q90,000 cada uno, para el arrendamiento de torres de videoendoscopia equipadas con módulos de IA, destinadas al Departamento de Medicina Interna del Hospital General San Juan de Dios.
Los Q21,500 restantes corresponden a una suscripción anual de una plataforma digital para generar contenido audiovisual mediante IA, solicitada por la Unidad de Comunicación Social del MSPAS.
El segundo ministerio con mayor gasto identificado es el Ministerio de Educación, con Q178,453.76 en dos contrataciones.
La primera, por Q89,500, corresponde a un programa informático que incorpora IA para su sistema de atención a usuarios.
La segunda, por Q88,953.76, consiste en derechos de uso y actualización de un asistente de IA para optimizar y desarrollar código fuente de aplicaciones informáticas.
Le sigue el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con Q164,000 destinados a dos servicios de implementación de programas informáticos basados en inteligencia artificia, uno para procesamiento de voz, por Q85,000, y otro para texto, por Q79,000.
El Ministerio de Finanzas Públicas registra una contratación de Q89,899.50 para adquirir licencias de software destinado a monitorear y proteger el uso de aplicaciones de IA.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores adquirió licencias de IA generativa por Q85,000, para el período comprendido entre octubre de 2026 y septiembre de 2027.
El Ministerio de Desarrollo Social destinó Q78,465 a licencias de programas de postproducción audiovisual con IA y una plataforma para gestión analítica y planificación de redes sociales, ambas con vigencia de 12 meses.
Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación contrató por Q71,232 un servicio de suscripción de software para revisión de similitudes y detección del uso de IA.
Asimismo, el Ministerio de Economía reporta una adquisición por Q59,904 correspondiente a dos licencias de IA con vigencia de 12 meses.
En tanto, el Ministerio de Energía y Minas registra una compra de Q19,660 que incluye un disco duro, monitor de grabación, grabadora de voz con IA y trípode para su Unidad de Comunicación Social.
Entre las adquisiciones identificadas destaca la realizada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que registra Q70,000 para la contratación de un servidor dedicado a la configuración de escenarios de IA.
De acuerdo con la descripción del concurso, el servicio fue solicitado por la Unidad de Informática de la Secretaría y contempla un período de cuatro meses, sin embargo, el registro analizado no precisa las aplicaciones específicas que tendrá esta infraestructura tecnológica.
En el caso del Organismo Judicial, los registros identifican una contratación por Q75,896 para adquirir una licencia de plataforma de IA. La descripción no detalla las funciones institucionales para las que será utilizada.
La Procuraduría de los Derechos Humanos registra dos adquisiciones que suman Q124,640. La primera, por Q80,640, corresponde a licencias de software de IA para desarrollo y programación, solicitadas por su Dirección de Tecnologías de la Información.
Por aparte, la segunda, por Q44,000, consiste en licencias adicionales para el uso de programas de IA, también requeridas por esa dependencia.
Otras instituciones que reportan contrataciones son la Oficina Nacional de Servicio Civil, con Q115,620 destinados a 13 licencias de Claude Code y una computadora de alto rendimiento para IA.
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Asimismo, el Instituto de la Defensa Pública Penal registra Q87,360 para licencias de software de IA aplicado al desarrollo de programación.
Finalmente, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia registra Q59,550, de ese monto, Q41,825 corresponden a licencias de software de IA generativa de gran escala.
Los restantes Q17,725 corresponden para llevar a cabo la actividad denominada: Evaluar en la era de la IA, oportunidades innovadoras para la iniciativa del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación en Guatemala.
Desafíos para adoptar la IA
Amado, como parte de AI Security Manager de Sistemas Aplicativos, S.A., empresa especializada en soluciones de ciberseguridad, señaló que la IA tendrá un papel cada vez más importante en el funcionamiento de los gobiernos durante los próximos cinco o diez años.
"La IA puede contribuir a modernizar el Estado al automatizar tareas administrativas, agilizar la gestión de expedientes y analizar grandes volúmenes de información para facilitar la toma de decisiones", explicó el experto.
Añadió que "esto permitiría reducir tiempos de espera, optimizar recursos y ofrecer servicios más oportunos a los ciudadanos".
Asimismo, el especialista consideró "que tendría un impacto importante en salud, educación, administración tributaria y servicios públicos".
"No obstante, su incorporación debe responder a un marco de gobernanza que establezca quién puede utilizar estas herramientas, qué información pueden procesar y bajo qué condiciones", advirtió.
Amado agregó que "la tecnología debe facilitar el trabajo de las instituciones sin comprometer la seguridad ni los derechos de los ciudadanos".
"En la práctica, cuando un proceso se transforma y es potenciado por IA, se puede ver los resultados fijándose en la velocidad, el costo, la autonomía y la calidad. Desde nuestra experiencia en ciberseguridad nos preocupamos porque los datos que se usan en estos procesos estén seguros, íntegros, disponibles y confidenciales", destacó el experto.
El experto agregó que "la IA es parte de una transformación digital que busca que un servicio público sea más eficiente desde varias perspectivas, costos, autonomía, calidad, seguridad y que la experiencia del usuario sea mejor".
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"La transformación digital ha existido siempre, con la diferencia que ahora es más ágil utilizando IA", afirmó y dijo que "hay unos aspectos propios de la transformación digital y deben evaluarse como la calidad de los datos, la compatibilidad con los sistemas existentes, los costos de implementación y mantenimiento, y el ahorro que puede generar".
"También debe considerarse la capacitación del personal. Una inversión bien planificada no se mide por la cantidad de herramientas adquiridas, sino por su capacidad para mejorar los servicios y generar resultados verificables para la ciudadanía", declaró.
Amado dijo que "desde la perspectiva de Ciberseguridad, la seguridad debe tomarse en cuenta desde el diseño del servicio para garantizar que los sistemas no van a ser vulnerados y que el servicio se vea interrumpido o haya una potencial perdida de datos importantes de los ciudadanos".
Asimismo, destacó que Guatemala, todavía existen desafíos importantes para avanzar en esta transformación digital y el uso de la IA.
El Índice Latinoamericano de IA (ILIA) 2026, elaborado por el Centro Nacional de IA de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubica a Guatemala en el puesto 17 de 20 países evaluados, con una puntuación de 29.9 sobre 100, lo que refleja desafíos en infraestructura, formación de talento, investigación, adopción y gobernanza de estas tecnologías.
Según el especialista, no avanzar en la incorporación de IA podría ampliar la brecha tecnológica de Guatemala respecto de otros países y limitar la capacidad del Estado para ofrecer servicios más eficientes.
Sin embargo, también señaló que adoptar estas herramientas sin controles adecuados representa riesgos para las instituciones públicas, especialmente cuando los sistemas tienen acceso a información sensible o cuentan con permisos para ejecutar determinadas operaciones.
Como ejemplo Amado, explicó que un agente de IA con permisos excesivos podría acceder a datos confidenciales o ejecutar acciones que comprometan los sistemas institucionales.
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Por ello, considera necesario que Guatemala desarrolle simultáneamente sus capacidades tecnológicas y los mecanismos de gobernanza y ciberseguridad para utilizarlas de manera responsable.
Sin respuesta institucional
Soy502 trasladó varias consultas a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) para conocer la postura del Gobierno respecto de los recursos destinados a IA y sus planes para implementar esta tecnología en las instituciones públicas.
Entre las preguntas formuladas se consultó si el Ejecutivo considera suficiente la inversión identificada durante 2026 para avanzar en la modernización tecnológica del Estado y si existe una política o estrategia nacional que oriente las adquisiciones y utilización de IA.
Asimismo, se solicitó información sobre los planes concretos para incorporar estas herramientas en la administración pública, así como la posibilidad de incrementar los recursos presupuestarios destinados a su implementación durante 2027 y las áreas que serían prioritarias.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la SCSP no había respondido a las consultas, por lo que no fue posible conocer la posición oficial del Gobierno.
