Finanzas analiza los posibles efectos fiscales de una eventual disminución en las remesas familiares, mientras diputados señalaron la necesidad de impulsar acciones diplomáticas para proteger a millones de hogares que dependen de esos ingresos.
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Dando seguimiento a la orden ejecutiva 14406 de Estados Unidos, respecto a nuevas regulaciones en asuntos financieros, se discutió en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso el impacto que esta acción representaría en cuanto a las remesas que reciben las familias guatemaltecas y la recaudación fiscal del Estado.
El viceministro de Finanzas Públicas, Walter Figueroa, informó que una eventual reducción en el flujo de remesas hacia Guatemala representa un riesgo fiscal que ya está siendo evaluado por las autoridades económicas.
Figueroa explicó que una desaceleración en estos ingresos tendría repercusiones directas en el consumo de los hogares y, por consiguiente, en la recaudación tributaria, especialmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según indicó, la Dirección de Análisis e Investigación Fiscal estudia distintos escenarios para determinar el impacto que una reducción de remesas podría generar sobre las finanzas públicas y la actividad económica del país.
"Bajo una posible desaceleración de la actividad compacta en tema recaudatorio, especialmente en el de consumo, y ahí estamos hablando del IVA en general, eso es considerado como un riesgo fiscal y eso lo está estudiando precisamente la Dirección de Análisis y Investigación Fiscal para determinar qué escenarios se tienen en consideración para impacto en las finanzas públicas", explicó.
Además, mencionó que la formulación del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal se construye con base en las proyecciones macroeconómicas elaboradas por el Banco de Guatemala y las estimaciones de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Respecto a la posibilidad de destinar recursos para atender esta situación, señaló que hasta el momento el Ministerio de Finanzas no ha recibido solicitudes formales de otras instituciones del Estado. No obstante, aseguró que, de ser necesario, se buscarán espacios presupuestarios para fortalecer las acciones que se requieran.
Durante la discusión se enfatizó que una eventual disminución en las remesas tendría efectos económicos para el Estado y también consecuencias para millones de familias guatemaltecas.
De acuerdo con los datos expuestos, cerca de siete millones de personas reciben remesas en Guatemala y aproximadamente el 30% de los beneficiarios dependen de estos recursos como su única fuente de ingresos.
Por su parte el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión, planteó la necesidad de una estrategia de incidencia internacional para mitigar posibles efectos de las nuevas regulaciones.
Entre las acciones sugeridas está aprovechar los espacios de representación que Guatemala mantiene ante organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de visibilizar el impacto que estas medidas podrían generar en las economías receptoras de remesas.
