El 2025 cerró como el año con mayor accidentalidad vial en Guatemala, con cifras récord de lesiones y homicidios culposos por hechos de tránsito.
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Guatemala vivió en 2025 el período más crítico en materia de accidentalidad vial de los últimos años, al registrar más de 13 mil lesiones culposas superando las cifras de 2022, 2023 y 2024; además de 3 mil 465 homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito consolidando una tendencia al alza que preocupa a las autoridades.
Según los registros, el departamento de Guatemala lideró la incidencia acumulada entre 2022 y 2025, con más de 16 mil casos, mientras que Alta Verapaz se posicionó como el departamento con mayor número de homicidios culposos a nivel nacional.
A nivel nacional, el total general en el período analizado asciende a casi 47 mil lesiones culposas y más de 13 mil casos por homicidio culposo, siendo 2025 el año con mayor carga de hechos vinculados principalmente a accidentes de tránsito.
Las autoridades coinciden en que el deterioro de la red vial, la falta de controles efectivos y las conductas negligentes de algunos pilotos han contribuido al incremento de víctimas.
Durante una citación en el Congreso de la República, el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Melvin Portillo advirtió que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la gravedad de estos hechos.
Reformas
Portillo, explicó que estas lesiones y los homicidios culposos se producen por negligencia, imprudencia o impericia, especialmente en el transporte colectivo y pesado.
Señaló que el mal estado de las carreteras ha sido un factor determinante en el aumento de estos hechos, que en 2025 dejaron más de 4 mil 900 personas lesionadas, además de un número significativo de fallecidos.
Ante este panorama, el Ministerio Público planteó la necesidad de reformar el delito de lesiones culposas, cuya regulación data de 1973 y contempla penas consideradas bajas.
La propuesta busca establecer sanciones diferenciadas y más severas según la gravedad de la conducta, así como fortalecer los protocolos interinstitucionales y la capacidad técnica del país en materia de accidentología para determinar responsabilidades de forma científica y eficaz.
Ocho años de incumplimiento
A esta postura se sumó el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, quien expuso el estado actual de la implementación de los reguladores o limitadores de velocidad, una medida que, según afirmó, ha enfrentado retrasos acumulados por décadas.
La obligación de instalar estos dispositivos está vigente desde 2016 cuando fue aprobada la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-201, sin embargo se enfatizó en que el Estado no cuenta con la capacidad institucional ni tecnológica para exigir su cumplimiento.
Suriano subrayó que la normativa es considerada "ley virgen", pues nunca ha sido aplicada de forma estricta, por lo que el proceso se realizará con criterios técnicos y legales claros.
Recalcó que el objetivo no es castigar de forma indiscriminada, sino reducir la pérdida de vidas humanas, al tiempo que se ordena un sistema de transporte que arrastra rezagos normativos desde la década de 1940.
Detalló que actualmente se trabaja en el fortalecimiento de la Dirección General de Transportes (DGT) y de Provial, así como en la modernización de los sistemas de control, los cuales durante años operaron con recursos mínimos e infraestructura obsoleta.
Reguladores de velocidad
El viceministro precisó que existen dos grandes grupos de reguladores de velocidad; electrónicos y físicos.
Los electrónicos se aplican a vehículos modelo 2000 en adelante y funcionan mediante la programación del sistema del motor, lo que impide que la unidad supere el límite establecido. En el caso de los vehículos anteriores al año 2000, se deben instalar reguladores físicos, cuyo proceso es más complejo, pero igualmente obligatorio.
De acuerdo con la DGT, todos los buses y unidades de transporte de carga deben contar con estos dispositivos, cuyo funcionamiento limita la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora.
Agregó que cada unidad de transporte debe contar con un solo regulador, adecuado a su antigüedad, y que la instalación corresponde al sector privado, tal como lo establece la ley.
Según datos brindados por Provial actualmente existen más de 100 empresas registradas para brindar este servicio y que el Ministerio promueve la competencia para evitar sobrecostos, descartando que los precios sean inaccesibles.
Suriano también detalló que el control de estos dispositivos será gradual y combinará mecanismos tecnológicos e institucionales. Como parte de este proceso, el Ministerio firmó un convenio con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para intercambiar información y fortalecer la fiscalización.
A futuro, los sistemas permitirán no solo el control por parte de las autoridades, sino también alertas visibles para los usuarios del transporte, en caso de que una unidad exceda la velocidad permitida.
Sanciones
En cuanto al régimen sancionatorio, el viceministro confirmó que se encuentra en la fase final de revisión legal y que las sanciones comenzarán a aplicarse entre el 16 de febrero y el 1 de marzo de 2026.
Estas incluyen multas que van de siete a diez salarios mínimos, la suspensión de las unidades por seis meses y, en casos de reincidencia o incumplimiento grave, la inhabilitación de hasta tres años para operar.
Finalmente, el funcionario enfatizó que el costo de implementar los reguladores de velocidad es mínimo frente al impacto social y humano de los accidentes de tránsito.
Además, afirmó que no aplicar la ley resulta mucho más costoso para el país, especialmente en un contexto donde 2025 dejó cifras históricas de personas lesionadas y fallecidas en las carreteras guatemaltecas.
