Guatemala ya cumplió un año de contar con una nueva regulación para el trasplante de órganos, pero la ley todavía no tiene reglamento.
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En abril de 2024 entró en vigencia una ley que actualiza las regulaciones para los trasplantes y la donación de órganos en Guatemala, pero esta es una de las normativas que aún no se implementa, debido a la falta de reglamentos.
Contenida en el Decreto 5-2024, la norma fue calificada en su momento con un "hito" y una victoria que tardó una década en llegar, ya que la iniciativa que le dio vida se presentó en el Congreso en 2014 y debió sortear diversos obstáculos antes de ser aprobada.
Los puntos claves
Entre otros aspectos, la ley declara de interés público promover la cultura de donación voluntaria de órganos y ordena crear un banco unificado para la disposición de órganos, tejidos y células humanas, que estarían disponibles para los pacientes que lo necesitaran.
En ese marco, también se define la creación de una lista única de receptores, con el fin de evitar el tráfico de órganos, y se aumentan las sanciones por actividades ilícitas.
Además, la norma deja explícita la prohibición para que los menores se conviertan en donadores. Esto solo podría ocurrir en caso de muerte, siempre y cuando los padres lo autoricen.
Todo ello se complementa con un marco legal actualizado para la extracción y trasplante, permitiendo, inclusive, la recepción de órganos procedentes del extranjero, una vez medie un convenio.
A la espera del reglamento
No obstante, para el pleno funcionamiento de tales aspectos se precisa un reglamento, que, según lo estipulado en el Decreto, debió emitirse en diciembre del año pasado.
Aunque no detalló los elementos que habrían propiciado la tardanza, la cartera salubrista confirmó que el texto todavía no está listo.
"El proceso de creación requiere la participación de múltiples direcciones que brindan atención", dijo Rudolf García-Gallont, de la Dirección de Trasplantes del MSPAS.
También indicó que la "fase de trabajo acaba de finalizar" y que el documento "fue enviado al Despacho Ministerial para su revisión, siguiendo los pasos legales hasta ser publicado como acuerdo gubernativo". De esa cuenta, no hay una fecha establecida para su emisión.
¿En qué se ha avanzado?
García-Gallont resaltó como avances en la implementación de la ley la constitución de equipos multidisciplinarios bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Estos son la Dirección Nacional de Trasplante y el Consejo Técnico Consultivo, en los que "se han tenido ya múltiples reuniones de trabajo".
En esta última instancia participan las áreas de trasplante de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, así como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mencionó el galeno.
Añadió que también se ha tomado en cuenta a "otras entidades que tienen, a la fecha, regulaciones específicas para el área en que trabajan, como por ejemplo Bancórneas (Banco de Córneas de Guatemala)".
Hasta ahora, según lo informado por el médico, los avances en la normativa se han concentrado en el aspecto administrativo.
Mientras se pone en marcha la nueva ley, todo lo actuado en materia de trasplantes y donación de órganos en el país se seguirá rigiendo por el Decreto 91-96, que es la norma vigente en esa materia.
Sin datos de los costos
Soy502 consultó al Ministerio de Salud si ha proyectado el costo que tendría la implementación de la mencionada norma, tomando en cuenta las disposiciones de otorgar medicamentos gratuitos a los pacientes con trasplantes y la compra de tecnología que se necesitaría en los hospitales, pero no hubo una respuesta puntual.
"Por ejemplo, en cada enfermo renal crónico que se encuentra en alguno de los métodos de terapia de reemplazo renal, el Estado eroga desde hace 30 años fuertes cantidades para cubrir los costos de diálisis. Hay que entender que el trasplante renal es más económico que las diálisis; además de que permite una rehabilitación mucho más efectiva de la persona afectada", se lee en un texto trasladado por el equipo de Comunicación de la cartera.
Ahí también se hace ver que "el trasplante no genera al sistema un costo adicional, sino que le ofrece al paciente que ya está en tratamiento dialítico una tercera forma costo-efectiva para tratar la enfermedad renal".
En busca de mecanismos
"Lo relevante que introduce la nueva Ley, consiste en garantizarle al paciente los medicamentos anti-rechazo (inmunosupresión) que deberá tomar de por vida para que ese órgano trasplantado funcione durante muchos años", continúa el pronunciamiento.
En él se cita a García-Gallont, quien agrega que "para garantizar el acceso a inmunosupresores de manera permanente y financiable en el largo plazo, las autoridades de Salud deben implementar mecanismos adecuados".
Cabe destacar que el Decreto 5-2024 no establece un monto específico para tales adquisiciones. Lo que dispone es que el presupuesto para el funcionamiento de la Dirección de Trasplantes se deberá incluir en el plan de gastos anual del MSPAS.
Trasplantes salvan vidas
Durante los más de 10 años que duró el impulso de la que ahora es la nueva ley de trasplantes en el país, diversos sectores se han referido a la trascendencia de contar con mecanismos que garanticen el acceso a ese procedimiento en el sistema público de salud a personas que, por ejemplo, tienen daños renales.
Soy502 solicitó datos a la cartera salubrista sobre los trasplantes que registra actualmente, pero no trasladó ninguna información.
El caso más reciente que se conoce de procedimientos de este tipo ocurrió en junio pasado. Para entonces, el Hospital Roosevelt informó sobre el primer trasplante de riñón con donante vivo.
Un joven de 23 años recibió el órgano que fue donado por su padre, un hombre de 45 años. La cirugía duró tres horas y fue exitosa, de acuerdo con el reporte oficial. Para entonces, las autoridades del nosocomio reportaban otras cuatro personas a la espera de un trasplante.
Más de mil intervenciones
Por su parte, el IGSS dio a conocer que para finales de febrero de este año llevaba 1,026 trasplantes de riñón y córnea, con lo cual había "transformado la vida" de sus pacientes.
"El servicio de trasplante renal del Seguro Social inició en 1986. El primer procedimiento se realizó el 6 de mayo de ese año y hasta la fecha se han realizado 926 trasplantes de riñón", difundió la entidad, por medio de un comunicado.
Además, se refirió a 100 trasplantes de córnea efectuados desde 2019, cuando se instaló un banco de ese tejido.
En el ámbito privado, tales intervenciones tienen un costo promedio de entre Q250 mil (para riñón) y Q30 mil quetzales (para córneas), según los registros del IGSS.
