La personalidad jurídica del INCAE fue cancelada y sus bienes pasarán a ser parte del Estado.
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Nicaragua canceló este lunes 25 de septiembre la personalidad jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una escuela de negocios con sedes en Managua y Costa Rica, cuyos bienes en territorio nicaragüense pasarán al Estado.
Una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior) señaló que el centro de formación incumplió con la entrega de sus estados financieros entre 2020 y 2022 y que encontró inconsistencias en los documentos aportados por el instituto en el periodo 2015-2019, además de incumplir los requisitos para recibir donaciones y no lo registrase como agentes extranjeros, como manda la ley.
La resolución, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que, con los incumplimientos, los directivos del INCAE "no promovieron políticas de transparencia y administración de fondos", por lo que se desconoce si los proyectos que ejecutaron están acordes a sus objetivos y fines como organización.
La Procuraduría General se encargará de que los bienes muebles e inmuebles del INCAE en Nicaragua pasen a manos del Estado.
Medios opositores señalaron que agentes de la policía ocuparon desde tempranas horas de este lunes la sede del INCAE.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha ordenado el cierre de unas 3.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas más de una veintena de universidades, en el marco de un endurecimiento de leyes tras las protestas del 2018, que dejaron unos 300 muertos en choques entre opositores y oficialistas.
El INCAE es una escuela internacional de negocios fundada en 1964 con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El centro ofrece estudios de posgrado y maestrías en sus campus Francisco de Sola, en Nicaragua, y Walter Kissling Gam, en Costa Rica.
En agosto, las autoridades cerraron la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos tras acusarla de ser un "centro de terrorismo".