De 2001 a 2026, cerca de treinta guatemaltecos han sido acusados de combinar el narcotráfico con la política.
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"La medida de hoy implica una renovada atención en la organización de traficantes de drogas (ODT) Los Pochos, luego de un cambio de liderazgo y participación de sus miembros en la política guatemalteca (...) La ODT Los Pochos, en colaboración con una red de funcionarios corruptos, ha seguido facilitando la circulación de drogas ilícitas de Guatemala a México y Estados Unidos", dijo Brian E. Nelson, quien fungió como subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, el 28 de febrero de 2024, el día en que ese país sancionó a dicha organización criminal.
Estados Unidos, socio principal de Guatemala en el combate contra el narcotráfico, reconoció públicamente en aquel entonces que el crimen organizado vinculado al tráfico ilegal de drogas, se encuentra dentro de la política del país. En la actualidad, la Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala se pronunció sobre el tema luego de la denuncia de un medio de comunicación.
"Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Nos mantendremos firmes contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos", se lee en la publicación.
Las noticias de que ciertos políticos vinculados al narcotráfico en Guatemala intentan mantener sus actividades ilícitas en la sombra son alarmantes, pero no sorprendentes. Antes de las elecciones de 2027, deberían saber lo siguiente: Estados Unidos tiene cero tolerancia con los… https://t.co/FQbyqZMutl
Poco antes de ese pronunciamiento, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, felicitó a Guatemala por invitar a su país a "participar en operaciones combinadas contra el narcoterrorismo en sus países. Su gente ya está más segura y más libre gracias a su valentía y su determinación. Y esperamos seguir trabajando con ustedes para eliminar a los tipos malos", se lee en un mensaje de video.
.@SecWar: "También quiero felicitar a Honduras y Guatemala por invitar a Estados Unidos a participar en operaciones combinadas contra el narcoterrorismo en sus países. Su gente ya está más segura y más libre gracias a su valentía y su determinación. Y esperamos seguir trabajando… pic.twitter.com/bb8mC8LtTD
Renzo Rozal, politólogo independiente, explica que no se trata de un fenómeno nuevo, o recién descubierto tras las declaraciones de un medio de comunicación que denunció amenazas de muerte de la narcopolítica. Rosal explica que la penetración comenzó con caudillos y autoridades municipales, luego avanzó hacia el Congreso y alcanzó niveles superiores del poder político.
"Hablamos hasta de candidaturas presidenciales y la Vicepresidencia de la república. Estas redes territoriales y familiares están concentradas de la costa del Pacíficico y en la frontera con México. Son áreas estratégicas para el traslado de drogas. Con el paso del tiempo, estas estructuras ampliaron su influencia hacia otros territorios e instituciones nacionales", comenzó Rosales.
La narcopolítica en Guatemala
Entre 2001 y 2026, al menos 27 políticos guatemaltecos han sido condenados, acusados, investigados, sancionados o vinculados documentalmente con estructuras relacionadas con el narcotráfico. Los casos, sin embargo, no tienen la misma condición jurídica.
A finales de diciembre de 1990 fue capturado Arnoldo Vargas Estrada, entonces alcalde de Zacapa, acusado de narcotráfico. El caso ocupó las primeras planas de los periódicos y se convirtió en uno de los primeros grandes escándalos que vincularon a una autoridad municipal guatemalteca con el tráfico internacional de drogas.
Vargas había sido electo por la histórica Unión del Centro Nacional (UCN) —organización distinta de la posterior Unión del Cambio Nacional, que utilizó las mismas siglas—. En 1992 fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena de 30 años de prisión por conspiración para importar, poseer y distribuir cocaína.
Después de cumplir su sentencia regresó a Guatemala en 2017. Dos años más tarde intentó postularse nuevamente como alcalde, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción. Aunque no pudo competir, el comité cívico Al Rescate de Zacapa ganó la elección municipal y Vargas terminó incorporándose a la comuna como gerente municipal. Falleció en 2025, a los 78 años.
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Su historia constituye el antecedente más representativo de un fenómeno que durante las décadas siguientes alcanzaría al Congreso, las municipalidades y diferentes organizaciones políticas.
Los casos atraviesan prácticamente todo el espectro partidario. Entre las organizaciones que postularon a los políticos identificados figuran UCN, UNE, GANA, Partido Patriota, Líder, CREO, Unionista, FCN-Nación, Prosperidad Ciudadana, TODOS, Vamos, Valor, Cabal, Cambio y Podemos.
2001-2010: penetración legislativa y estructuras territoriales
El siguiente antecedente judicial apareció en 2001, aunque su protagonista ingresaría formalmente a la política varios años después. El 3 de noviembre de ese año, José Armando Ubico Aguilar fue detenido en el aeropuerto de Newark, Estados Unidos, por conspirar para introducir heroína en ese país.
En diciembre de 2003 fue condenado a 46 meses de prisión y a tres años de libertad supervisada. Pese a ese antecedente, en 2015 resultó electo diputado por Sacatepéquez con el partido TODOS. Ubico volvería a ser investigado y procesado por narcotráfico años después.
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También en 2003 fue electo diputado por Jutiapa Manuel de Jesús Castillo Medrano, conocido como "Manolito". Llegó al Congreso postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), pero posteriormente se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En septiembre de 2005, Castillo llamó la atención al presentarse en el Congreso a bordo de un vehículo Hummer H2 blindado, que anteriormente había pertenecido al cantante mexicano Luis Miguel. Al ser consultado sobre su procedencia, respondió: "Se lo compré a Luis Miguel y tengo las facturas que amparan su compra".
Para entonces, el diputado ya era objeto de señalamientos periodísticos y policiales sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Estados Unidos le retiró la visa y, en diciembre de 2005, la UNE anunció su expulsión.
Mientras los señalamientos contra Castillo crecían, en enero de 2008 asumió la Presidencia Álvaro Colom Caballeros, electo por la UNE. Durante esa administración, una de las figuras señaladas por su posible participación en las redes de financiamiento político fue Obdulio Solórzano Montepeque.
Solórzano había sido electo diputado por Escuintla con la UNE para el periodo 2004-2008. Al comenzar el gobierno de Colom fue nombrado director del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), cargo que dejó en 2009.
Un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo describió posteriormente como presunto integrante de un grupo dedicado al narcotráfico y como financista de la UNE que había ocupado cargos importantes dentro del Gobierno.
El 8 de julio de 2010, Solórzano fue asesinado durante un ataque armado ocurrido en el bulevar Liberación de la Ciudad de Guatemala. Los atacantes utilizaron fusiles de asalto y también mataron a uno de sus guardaespaldas.
Ese mismo año, Los Zetas difundieron un mensaje por medio de una emisora de radio ubicada en Cobán, Alta Verapaz y obligaron a los empleados a leer un mensaje al aire en el que reclamaban US$11.5 millones que, según la organización criminal, habrían sido aportados a la campaña de la UNE.
Medios internacionales recogieron testimonios de dirigentes de la organización en donde se mencionó el financiamiento gubernamental.
El 2 de diciembre de 2010, Manuel Castillo fue condenado a 203 años de prisión por haber ordenado el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y de su piloto, crimen perpetrado el 19 de febrero de 2007.
Aunque la condena fue por asesinato y no por narcotráfico, investigaciones y reconstrucciones periodísticas relacionaron el crimen con una disputa por un cargamento de droga.
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A partir de ahí, la lista de políticos vinculados con el narcotráfico incluye alcaldes, exalcaldes, diputados, candidatos presidenciales y legislativos, concejales y aspirantes a integrar corporaciones municipales.
2011-2015: financiamiento político, lavado y protección institucional
Entre 2012 y 2015 se produjo un punto de inflexión con la llegada del Partido Patriota (PP) al poder. Durante ese periodo, los señalamientos relacionados con el narcotráfico dejaron de concentrarse únicamente en el trasiego de drogas y comenzaron a abarcar el lavado de dinero, el financiamiento electoral y el uso de influencias políticas para proteger estructuras criminales.
Los escándalos alcanzaron a políticos electos o vinculados con la Gran Alianza Nacional (GANA), Libertad Democrática Renovada (LIDER) y el Partido Patriota. Aunque las investigaciones surgieron durante esos años, varias capturas, sentencias y resoluciones judiciales se produjeron posteriormente.
Uno de los principales casos fue denominado "Lavado y Política", relacionado con la estructura dirigida por Francisco Edgar Morales Guerra, alias "Chico Dólar". Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización operaba desde 2008 en Jutiapa y otras zonas fronterizas, donde lavaba activos con la colaboración de autoridades locales y nacionales. Parte del dinero habría sido utilizado para financiar organizaciones políticas.
Entre los señalados apareció Manuel de Jesús Barquín Durán, exalcalde de La Libertad y diputado por Petén. Fue electo con la GANA, pasó brevemente por el Partido Patriota y posteriormente se incorporó a LIDER.
Barquín fue acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso. Las autoridades sostenían que utilizó su posición política para facilitar contactos y otorgar protección a la estructura de "Chico Dólar". Fue capturado en marzo de 2017 y enviado a juicio, pero falleció en agosto de 2018 mientras permanecía en prisión preventiva. Por esa razón, el proceso concluyó sin una sentencia que determinara su responsabilidad penal.
En el mismo expediente fue procesado el exdiputado por Jutiapa, Jaime Antonio Martínez Lohayza, quien también había militado en la GANA y posteriormente en LIDER. En febrero de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A lo condenó a cinco años de prisión inconmutables por tráfico de influencias y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la pena, aunque fue absuelto de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
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Otro político involucrado fue Edgar Baltazar Barquín Durán, hermano de Manuel Barquín, expresidente del Banco de Guatemala y candidato a la Vicepresidencia por LIDER en 2015.
En septiembre de 2016, Edgar Barquín aceptó su responsabilidad por tráfico de influencias y fue condenado, mediante procedimiento abreviado, a dos años y seis meses de prisión. El juez suspendió la ejecución de la pena con la condición de que no cometiera otro delito durante los siguientes cinco años. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ese periodo.
Según la investigación, Barquín alertó a "Chico Dólar" sobre una posible fiscalización de la Intendencia de Verificación Especial y lo asesoró acerca de la información que debía proporcionar a los auditores. La CICIG documentó las condenas y condiciones jurídicas de los implicados en este expediente.
Poder político en el Puerto de San José
En julio de 2015 surgió otro caso relacionado directamente con una autoridad municipal. El Ministerio Público y la CICIG solicitaron retirar la inmunidad de Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde del Puerto de San José, Escuintla, electo por el Partido Patriota.
Rizzo fue señalado de mantener presuntos vínculos con una estructura dirigida por el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien operaba en Guatemala desde 2009 y fue condenado en 2016 a 28 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas, asociación delictiva y lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación, Rizzo habría recibido US$100 mil de Yáñez Ochoa en 2009, antes de asumir la alcaldía. La CICIG también señaló que el político habría facilitado contactos y empresas para introducir al país contenedores con precursores químicos destinados a la producción de metanfetaminas.
El alcalde perdió su inmunidad en mayo de 2016 y posteriormente enfrentó proceso penal. Sin embargo, en 2019 fue absuelto, por lo que no existe una condena en su contra por estos hechos.
Su esposa, Marcos Odilia González García de Rizzo, tuvo un desenlace judicial distinto. En noviembre de 2017 fue condenada a seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero y al pago de una multa de Q3.9 millones, dentro del caso "Drogas, dinero y poder local".
En 2020, la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló la sentencia y la absolvió. Esa resolución le permitió recuperar sus derechos políticos e inscribirse como candidata a la alcaldía del Puerto de San José por el partido VALOR en las elecciones de 2023.
González ganó la alcaldía con 4 mil 392 votos. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la Corte de Constitucionalidad confirmó la resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y dejó firme la condena original de seis años de prisión.
El caso Baldetti
En el nivel más alto del poder político se encuentra Roxana Baldetti, exdiputada del Partido Patriota y vicepresidenta de Guatemala entre 2012 y 2015.
En febrero de 2017, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia la acusó de conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la droga sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.
Según el expediente de extradición, durante la campaña electoral Baldetti habría recibido dinero y apoyo logístico de Los Zetas a cambio de ofrecer protección a sus operaciones. La acusación sostiene que entre 2011 y 2012 recibió US$250 mil y se comprometió a restringir las acciones policiales contra el grupo criminal cuando llegara al poder. Estos extremos forman parte de la acusación estadounidense y todavía no han sido juzgados.
Guatemala recibió la solicitud formal de extradición en junio de 2017. Baldetti aceptó ser entregada a Estados Unidos y manifestó que lo hacía para demostrar su inocencia. No obstante, la ejecución de la extradición permanece diferida mientras cumple condenas y enfrenta procesos penales por corrupción en Guatemala.
2016-2020: alcaldías, campañas y extradiciones
Durante los cinco años posteriores al estallido del caso La Línea, distintas investigaciones revelaron nuevas expresiones de la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca. Los expedientes alcanzaron campañas presidenciales, candidaturas legislativas y gobiernos municipales, principalmente en territorios fronterizos o próximos a las rutas marítimas del Pacífico.
Uno de los casos más relevantes fue el de Manuel Antonio Baldizón Méndez, exdiputado y excandidato presidencial. Baldizón llegó al Congreso en 2004 con el Partido de Avanzada Nacional (PAN), posteriormente se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, años después, fundó Libertad Democrática Renovada (LIDER).
En Estados Unidos admitió haber recibido aportes para sus campañas electorales a sabiendas de que provenían de narcotraficantes. También reconoció que efectuó operaciones financieras, entre ellas adquisiciones inmobiliarias en Miami, para ocultar el origen del dinero. En noviembre de 2019 fue condenado a 50 meses de prisión por lavado de dinero. La acusación estadounidense estableció que los fondos utilizados procedían del narcotráfico.
Otro expediente de alto impacto involucró a Mario Amílcar Estrada Orellana, electo diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y posteriormente fue fundador de la Unión del Cambio Nacional (UCN), organización distinta del desaparecido partido Unión del Centro Nacional.
Mientras participaba como candidato presidencial en 2019, Estrada sostuvo reuniones con personas que creía vinculadas con el cartel de Sinaloa, pero que en realidad colaboraban con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Durante esas conversaciones solicitó millones de dólares para financiar su campaña y ofreció, a cambio, facilitar el acceso a aeropuertos, puertos marítimos y cargos públicos, con el propósito de proteger operaciones de tráfico de cocaína. También discutió la contratación de sicarios para asesinar a rivales políticos.
Estrada se declaró culpable de conspirar para importar y distribuir cocaína y, en febrero de 2020, fue condenado en Nueva York a 15 años de prisión, además de cuatro años de libertad supervisada.
En abril de 2019 también fue detenido Julio Enrique José Rosales Morales, alias "Exxesos", aspirante a diputado por Retalhuleu con el partido Visión con Valores (VIVA). Rosales desarrollaba actividades proselitistas cuando fue capturado por una orden de extradición emitida en Texas. La justicia estadounidense lo señalaba de conspirar para fabricar y distribuir al menos un kilogramo de heroína, con conocimiento de que la droga sería introducida en Estados Unidos. Posteriormente aceptó ser extraditado.
Excandidato a diputado Julio Rosales Morales: “alias Exxcesos no era yo”. Ante el Tribunal que decidirá su extradición acepta la relación con otros integrantes de la estructura que según EEUU traficaba heroína. @soy_502 pic.twitter.com/FQ8uFcS947
El poder municipal en la costa del Pacífico
La penetración del narcotráfico también alcanzó a corporaciones municipales de Escuintla y San Marcos, departamentos estratégicos para la recepción y el traslado de cargamentos marítimos.
Carlos Humberto Amaya Martínez, alias "El Pingüino", fue electo concejal primero de Nueva Concepción, Escuintla, en 2015, por la coalición CREO-Partido Unionista. Fue capturado en agosto de 2019 a solicitud de Estados Unidos.
La acusación sostenía que Amaya utilizó embarcaciones pesqueras para recibir dos cargamentos de cocaína: uno de 642 kilogramos y otro de 770 kilogramos, ambos trasladados durante 2016. El exconcejal aceptó ser extraditado para enfrentar cargos en Florida.
Agentes Lobos #GRIL capturaron en calzada Roosevelt Z.7 a Carlos Humberto Amaya Martínez de 35 años, por orden de captura por conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína orden girada por el Gobierno de los EE. UU pic.twitter.com/pm5OLcEyd7
En el mismo municipio fue procesado Otoniel Lima Recinos, electo alcalde en 2015 por la coalición CREO-Partido Unionista. El Ministerio Público lo identificó como integrante de "Los Marroco", estructura dedicada al narcotráfico, tumbes de droga, lavado de dinero y otros delitos.
Lima fue capturado en octubre de 2019, después de perder su inmunidad. En diciembre de 2021, el Tribunal de Mayor Riesgo E lo condenó a 30 años de prisión por su participación en esa organización criminal.
En San Marcos sobresale el caso de Erik Salvador Súñiga Rodríguez, alias "El Pocho", alcalde de Ayutla entre 2008 y 2019. Llegó a la municipalidad con el Partido Unionista, fue reelegido mediante la coalición UNE-GANA y obtuvo un tercer período con el Comité Cívico Crecer.
Una corte de Texas lo acusó en 2018 de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. En diciembre de 2019 se entregó a agentes de la DEA y fue trasladado a Estados Unidos. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de narcotraficantes extranjeros significativos e identificó a su organización como "Los Pochos". El Departamento de Justicia estadounidense recordó entonces que la acusación no constituía prueba de culpabilidad.
Súñiga murió en abril de 2020 mientras permanecía bajo custodia estadounidense. Su fallecimiento ocurrió antes de que el proceso llegara a juicio o sentencia, por lo que no fue condenado.
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Otro exalcalde de San Marcos procesado en Estados Unidos fue Carlos Danilo Preciado Navarijo. Electo en 2019 para dirigir la municipalidad de Ocós por el Comité Cívico La Plantita, Preciado asumió el cargo en enero de 2020.
Fue capturado en Panamá en enero de 2021 y posteriormente extraditado a Texas. En agosto de 2023 se declaró culpable de conspirar para fabricar y distribuir más de 450 kilogramos de cocaína, con conocimiento de que serían trasladados hacia Estados Unidos. En septiembre de 2024 fue condenado a diez años de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada.
Mientras se encontraba detenido, Preciado intentó competir nuevamente por la alcaldía de Ocós en las elecciones de 2023. Aunque inicialmente fue inscrito, el Registro de Ciudadanos revocó posteriormente su candidatura.
Unidades de @INTERPOL_HQ Panamá junto a @migracionpanama capturaron en el @tocumenaero al ciudadano guatemalteco Carlos Danilo Preciado Navarijo, requerido por los EE.UU, por delitos Relacionados con Drogas y Conspiración. #SinTregua pic.twitter.com/4pl9MaIsOp
Un caso de transición hacia la siguiente etapa
En enero de 2020, el nombre de Esduin Jerson Javier Javier, conocido como "Tres Kiebres", entonces alcalde de Ipala, Chiquimula, apareció relacionado con una investigación que posteriormente fue denominada "Narcotráfico Municipal".
Javier había llegado a la alcaldía con el Comité Cívico Movimiento Ipalteco Libre y Pensamiento Activo (MILPA). En marzo de 2021, el Ministerio Público solicitó retirarle la inmunidad para investigar su posible vinculación con "Los Ipala", una estructura señalada de narcotráfico, lavado de dinero y hechos violentos.
El procedimiento de antejuicio sufrió distintos tropiezos judiciales y en 2023 la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir parte de las diligencias. Ese mismo año, Javier fue electo diputado por Chiquimula con el partido Cambio. El expediente no produjo una condena penal contra el político, quien ha rechazado públicamente los señalamientos.
El entonces alcalde se presentó ante la sede de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para solicitar una cita con el embajador William Popp, en aras de "aclarar" su situación.
Entre 2021 y 2026 salieron a luz nuevos casos de aspirantes a diputaciones, alcaldes y miembros de corporaciones municipales señalados de tener vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Los expedientes alcanzaron diferentes etapas: sanciones financieras, solicitudes de antejuicio, extradiciones, declaraciones de culpabilidad y condenas dictadas en Estados Unidos.
Uno de los casos está relacionado con Freddy Arnoldo Salazar Flores, electo diputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por la Unión del Cambio Nacional (UCN). En 2023 intentó competir por una diputación al Congreso en el distrito de Santa Rosa con Prosperidad Ciudadana, pero su inscripción fue rechazada.
En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con Los Huistas. La justicia estadounidense lo acusó de conspirar, entre 2010 y 2017, para introducir más de cinco kilogramos de cocaína desde Guatemala, Honduras y México.
La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en 2023. Posteriormente, el 14 de mayo de 2025, Salazar viajó voluntariamente a Estados Unidos y compareció ante un tribunal del Distrito de Columbia.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Salazar y otros integrantes de Los Huistas habrían operado una red de bodegas, rutas de transporte y propiedades fronterizas para movilizar cocaína hacia organizaciones mexicanas. La acusación atribuye al conjunto de los señalados el traslado de aproximadamente 50 toneladas métricas de cocaína entre 2010 y 2014. El proceso contra el exrepresentante del Parlacen continúa pendiente de resolución.
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Alcaldes condenados en Estados Unidos
Crysthian Omar Escobar Ángel fue electo alcalde de El Rodeo, San Marcos, en 2019 por Compromiso, Renovación y Orden (CREO), y ejerció el cargo durante el período 2020-2024.
La justicia estadounidense lo señaló de administrar parte de una organización que fabricaba y transportaba cocaína desde Colombia, a través de Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos. Escobar se declaró culpable de conspirar para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en ese país.
El 7 de abril de 2026, una corte del Distrito Este de Texas lo condenó a 327 meses de prisión, equivalentes a 27 años y tres meses.
Otro expediente alcanzó a Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, durante dos períodos. Fue electo en 2015 por el Partido Patriota (PP) y obtuvo la reelección en 2019 con Prosperidad Ciudadana. En 2023 intentó competir por un tercer período con VAMOS, pero su inscripción fue revocada debido al proceso de extradición.
Marroquín perdió la inmunidad en junio de 2023, fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024. En agosto de 2025 se declaró culpable de participar en el trasiego de al menos 450 kilogramos de cocaína.
El 17 de julio de 2026, fue condenado a seis años de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada. La sentencia también estableció el decomiso de US$250 mil en dinero o bienes.
También figura Mario Rigoberto Ascencio Tejada, alias "Rigo", candidato a la Alcaldía de Salamá, Baja Verapaz, por FCN-Nación en las elecciones de 2019.
Ascencio fue capturado el 23 de diciembre de 2022, luego de que Estados Unidos lo acusara de dirigir y facilitar operaciones de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína. Posteriormente se declaró culpable y, el 13 de noviembre de 2025, fue condenado a 262 meses de prisión, equivalentes a 21 años y diez meses.
Un concejal condenado que asumió el cargo
En Guastatoya, El Progreso, Byron Orellana Véliz integró la planilla municipal de VAMOS para las elecciones de 2023. Fue capturado el 26 de febrero de ese año y posteriormente extraditado a Florida, donde enfrentó un proceso por una conspiración que habría operado entre 2005 y 2021.
Orellana se declaró culpable en diciembre de 2023 de participar como intermediario y coordinador de cargamentos de cocaína. En julio de 2024 fue condenado a 18 meses de prisión y recuperó la libertad después de que el tribunal considerara el tiempo cumplido, su colaboración y sus graves problemas de salud.
Regresó a Guatemala y el 5 de agosto de 2024 asumió como concejal tercero de Guastatoya, pues permaneció dentro de la planilla que obtuvo representación en la corporación municipal. Sin embargo, falleció el 25 de septiembre de ese mismo año.
Una sanción financiera contra la alcaldesa de Ayutla
Isel Anelí Súñiga Morfín fue electa concejal de Malacatán, San Marcos, en 2015 por la coalición CREO-Partido Unionista, aunque renunció al cargo en enero de 2016. En 2023 ganó la Alcaldía de Ayutla con el Comité Cívico Crecer, organización fundada por su padre, el fallecido exalcalde Erik Salvador Súñiga Rodríguez, alias "El Pocho".
En febrero de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Súñiga Morfín como dirigente de Los Pochos y la sancionó por actuar en representación de esa organización. La institución sostuvo que utilizaba sus conexiones políticas, empresas y cuentas bancarias para favorecer actividades financieras ilícitas.
La designación implica el bloqueo de los bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones para efectuar transacciones con personas o entidades de ese país. Sin embargo, la sanción administrativa no equivale a una acusación penal ni a una sentencia condenatoria.
El departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Isel Súñiga y su esposo por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. Este 28 de febrero se conoció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la organización de narcotráfico conocida como "Los Pochos", así como tres miembros y cuatro empresas afiliadas con sede en Guatemala. Entre los designados se encuentra Juan José Morales Cifuentes, líder de "Los Pochos", a quien las autoridades estadounidenses lo acusan de ser un distribuidor de cocaína y coordinar transporte, así como estar asociado con el Cártel de Sinaloa. Morales Cifuentes es el esposo de la alcaldesa de Ayutla y exmiss Guatemala 2017, Isel Súñiga Morfin, quien es acusada de utilizar sus conexiones políticas para promover a "Los Pochos". "La OFAC tiene motivos para creer que Suñiga Morfin posee negocios y cuentas bancarias que ha utilizado para actividades financieras ilícitas en apoyo de Los Pochos", detallaron.
Un exalcalde pendiente de sentencia
Romeo Ramos Cruz fue alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, entre 2020 y 2024. Llegó al cargo con el desaparecido Partido Productividad y Trabajo (PPT) y, en 2023, buscó infructuosamente la reelección con Cabal.
Fue capturado en mayo de 2025 y extraditado a Estados Unidos el 4 de agosto del mismo año. Según la acusación, utilizó papelería, autoridad y personal municipal para facilitar las actividades de una organización dedicada al narcotráfico. También nombró a un presunto narcotraficante en un puesto de la Policía Municipal.
En uno de los episodios investigados, Ramos Cruz elaboró una carta con membrete municipal para presentar como donación de cemento un cargamento procedente de Venezuela que, según las autoridades, contenía cocaína.
El 27 de julio de 2026, se declaró culpable de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína. La audiencia para dictar sentencia fue programada para el 2 de diciembre de 2026. El delito contempla una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua.
Dos alcaldes con procesos de extradición pendientes
Los casos más recientes alcanzan a los hermanos Exadillas Dionel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, y Roderico Eleazar Ramos Aguilar, jefe edil de El Rodeo, ambos municipios de San Marcos.
Exadillas Ramos fue electo alcalde en 2019 por FCN-Nación y obtuvo la reelección en 2023 con VAMOS. Roderico Ramos, quien había sido procesado en Guatemala durante una investigación de 2021, ganó la Alcaldía de El Rodeo en 2023 con el partido Podemos.
En abril de 2024, el Ministerio Público solicitó retirarles la inmunidad para tramitar las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos. Una corte del Distrito Sur de California los acusa de dirigir una organización dedicada a comprar, procesar y transportar cocaína desde Guatemala hacia México, para posteriormente introducirla en territorio estadounidense. Hasta agosto de 2026, los procedimientos de antejuicio continuaban pendientes y ninguno de los dos alcaldes había sido extraditado o condenado.
| Cantidad de casos según clasificación jurídica | |
| Condenados o declarados culpables | 15 |
| Acusados, extraditados o con antejuicio pendiente | 8 |
| Sancionados administrativamente | 1 |
| Investigados, señalados institucionalmente o absueltos | 3 |
| Vínculos familiares sin imputación | 5 |
| Total | 32 |
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| Casos según estatus judicial de políticos relacionados con el narcotráfico | ||||
| Condenados o declarados culpables | Acusados, extraditados o con antejuicio pendiente | Sanción administrativa internacional | Investigados, señalados institucionalmente o absueltos | Vínculos familiares o hemerográficos |
| Arnoldo Vargas Estrada | Ingrid Roxana Baldetti Elías | Isel Anelí Súñiga Morfín —designada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. | Manuel de Jesús Castillo Medrano —señalamientos por narcotráfico; condenado por otros delitos— | Sofía Jeanetth Hernández Herrera |
| José Armando Ubico Aguilar | Manuel de Jesús Barquín Durán (murió antes de recibir sentencia) | Obdulio Solórzano Montepeque (señalamiento por la CICIG; murió sin resolución judicial) | Vivian Beatriz Preciado Navarijo | |
| Jaime Antonio Martínez Lohayza (delitos relacionados) | Carlos Humberto Amaya Martínez | Jorge Alberto Rizzo Morán (investigado y procesado, pero absuelto) y su esposa Marcos Odilia González García de Rizzo (lavado de dinero) | Edilma Elizabeth Navarijo de León | |
| Édgar Barquín Durán (delitos relacionados) | Julio Enrique José Rosales Morales | Marcos Odilia González García de Rizzo (lavado de dinero) | ||
| Manuel Antonio Baldizón Méndez (lavado de dinero) | Esduin Jerson Javier Javier | Francisco Morales Guerra | ||
| Mario Estrada Orellana | Freddy Arnoldo Salazar Flores | Carlos Roberto Marroquín Fuentes | ||
| Erik Salvador Súñiga Rodríguez (declarado culpable; murió antes de la sentencia) | Exadillas Dionel Ramos Aguilar (requerido para extradición) | |||
| Otoniel Lima Recinos | Roderico Eleazar Ramos Aguilar (requerido para extradición) | |||
| Carlos Danilo Preciado Navarijo | Romeo Ramos Cruz (declarado culpable; pendiente de sentencia) | |||
| Crysthian Omar Escobar Ángel | ||||
| Esvin Fernando Marroquín Tupas | ||||
| Byron Orellana Véliz | ||||
| Mario Rigoberto Ascencio Tejada | ||||
Una fotografía parcial de un fenómeno más profundo
Para el politólogo Renzo Rosal, los casos documentados constituyen solamente una muestra de la magnitud alcanzada por la narcopolítica en Guatemala, pues corresponden principalmente a expedientes en los que actuó la justicia guatemalteca o existió una solicitud de extradición de Estados Unidos.
"El cuadro hay que verlo como una fotografía, no como un marco completo", explicó. A su criterio, durante las últimas tres décadas podrían existir más actores políticos relacionados directa o indirectamente con el crimen organizado que no fueron investigados debido a la impunidad estructural del país.
Rosal agregó que no todos los políticos aparecen vinculados de la misma manera: algunos fueron señalados de participar directamente en operaciones de narcotráfico, mientras que otros estuvieron relacionados con lavado de dinero, financiamiento electoral o mecanismos de protección política.
A su juicio, la justicia guatemalteca ha abordado estos expedientes de manera marginal y generalmente ha intervenido cuando se trata de casos notorios o cuando existe una investigación impulsada por Estados Unidos. "De lo contrario, muchos de estos nombres no aparecerían", concluyó.
