La ciudadanía espera cambios inmediatos, pero analistas advierten que la recuperación de la confianza en el MP requerirá procesos legales y evaluaciones técnicas profundas.
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Expertos en seguridad y justicia coincidieron en que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, enfrenta una serie de desafíos administrativos, técnicos y políticos en el arranque de su gestión.
Los analistas también advirtieron y destacaron que el trabajo y principalmente los cambios que distintos sectores esperan no se concretarán de manera inmediata, algo que la sociedad debe tener en cuenta.
Las opiniones reflejan distintas corrientes de expectativa ciudadana y técnica sobre las prioridades que debería asumir el nuevo jefe del ente investigador luego de haber asumido el cargo el pasado domingo.
La directora ejecutiva de la organización Movimiento Pro-Justicia (MPJ), Carmen Aída Ibarra, explicó que uno de los principales reclamos de ciertos sectores de opinión pública es el cese de lo que consideran una persecución penal con motivaciones políticas.
Precisó que dicha persecución se dio "en contra de periodistas, críticos del Gobierno, operadores de justicia y exintegrantes de estructuras anticorrupción vinculadas a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)".
Ibarra señaló que existe expectativa para que se frenen investigaciones que aún no han sido judicializadas y que, según esos sectores, forman parte de una "persecución penal espuria".
Sin embargo, remarcó que muchos expedientes ya están bajo control judicial, por lo que cualquier modificación "dependerá también de decisiones de jueces y tribunales".
Otra de las prioridades identificadas por la analista es la posibilidad de investigar a la exfiscal general Consuelo Porras y a integrantes de su equipo, aunque advirtió que esto requerirá denuncias formales e investigaciones internas que tomarán tiempo.
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También mencionó que algunos sectores esperan destituciones dentro del MP, pero enfatizó que "cualquier proceso administrativo deberá realizarse conforme a la ley y respetando los procedimientos correspondientes".
Además, indicó que otra corriente de opinión pública busca que se reactiven investigaciones impulsadas durante la época de la Cicig y la Feci relacionadas con figuras políticas y exfuncionarios.
No obstante, advirtió que "muchos de esos expedientes fueron cerrados o desestimados judicialmente y requerirán revisiones jurídicas complejas antes de poder retomarse".
Francisco Quezada, abogado e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideró que la principal prioridad para García Luna debe ser "la despolitización del MP".
Según explicó, el nuevo fiscal general "deberá mantener distancia de grupos políticos y mediáticos para evitar que la institución continúe siendo percibida como un actor dentro de la confrontación política nacional".
Quezada también planteó la necesidad de reenfocar técnicamente al MP, priorizando delitos de alto impacto como los homicidios y mejorando la efectividad de las investigaciones.
Señaló que el ente investigador "tendrá que revisar su política de gestión de casos, la distribución de fiscalías en el país y la eficiencia de las agencias fiscales instaladas en distintos departamentos y municipios".
El abogado añadió que otro reto será recuperar el perfil técnico e institucional del MP, alejándolo de prácticas de exposición mediática y confrontación política que, a su criterio, marcaron administraciones anteriores.
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Además, indicó que el MP "deberá desarrollar una estrategia de comunicación y educación ciudadana para explicar mejor el funcionamiento del sistema de justicia y el papel de los jueces en los procesos penales".
El investigador del área de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Kevin López, señaló que las prioridades inmediatas deben abarcar tanto el ámbito administrativo como el investigativo.
En materia administrativa, destacó la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, facilitar el acceso a información pública y revisar el manejo del personal interno y de las distintas fiscalías de sección.
También subrayó la importancia de "evaluar el funcionamiento de agencias fiscales municipales y departamentales que, según dijo, no han mostrado resultados adecuados.
En el plano investigativo, López consideró que "es prioritario revisar la política criminal y de persecución penal vigente, así como establecer indicadores claros sobre la efectividad de las investigaciones y el desempeño técnico de las fiscalías".
Además, planteó la necesidad de "recuperar la confianza nacional e internacional en el MP, fortaleciendo la cooperación entre instituciones y con otros países para enfrentar delitos transnacionales y crimen organizado".
Los tres analistas coincidieron en que las transformaciones que distintos sectores esperan dentro del Ministerio Público no se concretarán en cuestión de días o semanas.
Señalaron que cualquier reforma institucional, revisión de casos, reestructuración administrativa o cambio en las políticas de investigación requerirá tiempo, procesos legales y evaluaciones técnicas para evitar nuevas crisis o decisiones improvisadas.
