Organizaciones rechazan crear bancos de alimentos estatales y solicitan mantener un modelo independiente del Mides para reducir procesos burocráticos en la donación.
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La iniciativa de ley 6568, que busca fomentar la donación de alimentos y reducir el desperdicio alimentario en Guatemala, continúa bajo análisis en el Congreso mientras organizaciones sociales promueven cambios para ampliar los incentivos fiscales y evitar que toneladas de comida terminen destruidas.
Juan Pablo Ruano, representante de la organización Desarrollo en Movimiento, explicó que actualmente muchas empresas encuentran más conveniente destruir productos que donarlos, debido a las limitaciones fiscales vigentes.
"Lo que nos interesa es poder utilizar los alimentos que ya se producen, pero que hoy está incentivado que las empresas los destruyan", comentó Ruano, al señalar que en Guatemala se desperdician alrededor de 180 libras de alimentos por persona al año.
Según indicó, las empresas suelen reportar esos productos como merma o pérdida de inventario, pues el beneficio fiscal para las donaciones resulta limitado. Por esta razón, la propuesta busca crear incentivos para que esos excedentes puedan llegar a comunidades vulnerables a través de bancos de alimentos.
Ruano detalló que actualmente trabajan con más de 130 empresas donantes y reciben alrededor de 500 mil libras de alimentos mensualmente. Además, cuentan con 12 camiones y un centro de distribución en Mixco para movilizar los productos.
Agregó que solo durante marzo lograron beneficiar a más de 80 mil personas y que operan directamente en Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Baja Verapaz y Jalapa, además de apoyar otras comunidades mediante organizaciones aliadas.
Límite de donación
Uno de los principales cambios que buscan es eliminar el límite actual de Q500 mil para las deducciones fiscales por donaciones. De acuerdo con Ruano, la legislación vigente permite deducir hasta el 5% de la renta imponible o un máximo de Q500 mil, lo que consideran un desincentivo para las grandes donaciones.
"La idea es dejar únicamente el 5% de la renta y eliminar el techo de Q500 mil", explicó.
Regulación
Respecto a la fiscalización, señaló que las organizaciones están de acuerdo con que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) supervise el proceso, pues consideran que esto permitiría verificar la proporcionalidad de las donaciones y evitar posibles fraudes.
Asimismo, indicó que las organizaciones de bancos de alimentos prefieren mantener una fiscalización enfocada en la SAT y el Maga, en lugar de depender del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), porque buscan evitar que la distribución de alimentos se vea influenciada por intereses políticos, religiosos o territoriales.
"Nosotros queremos que esto siga desde el sector privado y la sociedad civil, sin tintes políticos", afirmó.
Ruano también reveló que la iniciativa original recibió un dictamen desfavorable en la Comisión de Desarrollo Social en el Congreso, debido a diferencias sobre el modelo de funcionamiento de los bancos de alimentos.
Según explicó, algunos planteamientos buscaban crear bancos de alimentos estatales y estructuras financiadas por el Estado; sin embargo, las organizaciones consideran que eso podría generar más burocracia.
Nueva propuesta
Además, indicó que actualmente trabajan en una nueva propuesta de iniciativa luego de sostener reuniones con la SAT, entidad que realizó observaciones técnicas al proyecto original.
Sobre esta iniciativa también se consultó al diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en el Congreso, respecto al posible impacto fiscal que representaría para el Estado.
Sin embargo, el congresista señaló que actualmente el tema aún permanece bajo análisis, por lo que consideró prematuro pronunciarse sobre el impacto fiscal en este momento.
