Analistas coinciden en que la fiscalización del Congreso también requiere vigilancia ciudadana.
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Cuando se habla del Congreso de la República, con frecuencia se menciona su papel de fiscalizar al Gobierno. Es decir, supervisar lo que hacen los ministros, revisar decisiones del Ejecutivo y pedir explicaciones sobre el uso de recursos públicos.
No obstante, esa función también despierta una pregunta inevitable dentro del debate político; ¿si los diputados fiscalizan, entonces quién fiscaliza a los fiscalizadores?
En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) establece varias herramientas para que el Congreso ejerza control político sobre el Ejecutivo.
Además, el control legislativo también alcanza el manejo de los recursos del Estado. La CPRG, en su artículo 241, establece que el Congreso debe conocer y evaluar la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, para revisar cómo se utilizaron los fondos públicos y exigir explicaciones cuando surgen dudas sobre su ejecución.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) regula cómo se desarrollan estos mecanismos de fiscalización. El artículo 4 establece que el Congreso puede citar a funcionarios públicos o incluso a particulares para que expliquen asuntos relacionados con negocios del Estado.
Asimismo, el artículo 55 faculta a los diputados a solicitar informes, datos o documentos a las instituciones de la administración pública, con el objetivo de analizar decisiones gubernamentales o la ejecución de programas y proyectos.
Sin embargo, organizaciones que monitorean el trabajo legislativo, como Congreso Eficiente, han analizado cómo estas herramientas, especialmente las interpelaciones, forman parte de los llamados mecanismos de frenos y contrapesos dentro del sistema.
También han advertido que, aunque su objetivo es fortalecer la rendición de cuentas, en algunas ocasiones estos instrumentos pueden utilizarse con fines políticos que terminan afectando la agenda legislativa.
En ese escenario, la fiscalización no solo ocurre dentro del Congreso. También pasa por el control ciudadano, el monitoreo de organizaciones civiles, los medios de comunicación y la observación pública sobre el trabajo de los diputados, lo que mantiene abierta la discusión sobre quién vigila a quienes ejercen el control político del Estado.
Monitoreo ciudadano
El analista político, Renzo Rosal, considera que el monitoreo ciudadano sobre el Congreso ha avanzado en los últimos años, aunque aún resulta limitado frente a la amplitud de funciones que tiene el Legislativo.
Rosal explica que en Guatemala existen distintos ejercicios de control social, monitoreo o auditoría ciudadana sobre la actividad legislativa.
A su juicio, estos esfuerzos son positivos porque permiten observar el trabajo de los diputados, aunque todavía no alcanzan a cubrir todas las dimensiones del quehacer legislativo. "El trabajo de control social o monitoreo es positivo, pero es insuficiente", señaló.
El analista menciona que organizaciones, como Congreso Eficiente, han generado reportes que ayudan a entender parte del funcionamiento del Congreso, especialmente en lo relacionado con la aprobación de leyes.
Sin embargo, advierte que estos análisis suelen enfocarse principalmente en la cantidad de decretos aprobados, lo cual representa solo una de las funciones del Legislativo.
En ese contexto, Rosal considera que la fiscalización debería ampliarse hacia otras áreas del trabajo parlamentario, como la intermediación política o el control político que el Congreso ejerce sobre otros organismos del Estado.
Además, señala que muchas de las prácticas cuestionables dentro del Congreso han salido a la luz principalmente por medio de investigaciones periodísticas. "Han sido los medios de comunicación, a través de reportajes e investigaciones, quienes han permitido develar prácticas cuestionables", afirmó.
Desde su perspectiva, la presión mediática y la presión social juegan un papel determinante en la supervisión del poder legislativo. Aunque se trata de dos tipos de presión distintos, considera que ambos son necesarios para generar cambios o frenar decisiones controvertidas. "Son dos presiones diferentes, pero complementarias y absolutamente fundamentales", explicó.
Rosal recuerda que en distintas legislaturas recientes la movilización ciudadana ha influido en decisiones del Congreso, obligando a los diputados a retirar o modificar iniciativas que generaron rechazo social.
No obstante, Rosal advierte que algunos de los mecanismos tradicionales de control político dentro del propio Congreso han sido distorsionados con el tiempo. Entre ellos menciona las citaciones a funcionarios y las interpelaciones, herramientas que originalmente fueron creadas para fiscalizar al Ejecutivo.
Según Rosal, en varios casos estas figuras han terminado utilizándose como instrumentos de presión política. "Las citaciones se utilizan muchas veces como mecanismo de presión", indicó, al señalar que en ocasiones se convocan funcionarios sin suficiente fundamento técnico o con el objetivo de presionar decisiones dentro del Ejecutivo.
A su criterio, cuando estas herramientas se desvirtúan, el control político pierde efectividad y el equilibrio entre los poderes del Estado se debilita.
En ese sentido, considera que la vigilancia ciudadana debe ampliarse y mantenerse de forma constante para tener impacto real en la actividad legislativa. "Si no se quita el dedo del renglón, la presión social y mediática puede tener incidencia", concluyó.
Poca transparencia
Por su parte, Francisco Quezada, investigador en el área de Seguridad y Justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señala que el Congreso cumple con algunos requisitos formales de transparencia, aunque persisten prácticas dentro del proceso legislativo que dificultan el seguimiento ciudadano.
A su criterio, el Legislativo mantiene cierto cumplimiento con la publicación de información pública de oficio, es decir, los datos que las instituciones del Estado están obligadas a divulgar. Sin embargo, considera que esto no siempre garantiza una transparencia plena en la toma de decisiones.
Quezada advierte que uno de los principales problemas aparece en las negociaciones políticas alrededor de las leyes y las agendas legislativas, procesos que muchas veces ocurren sin suficiente visibilidad pública.
Según indicó, también es frecuente que algunos cambios a las iniciativas se introduzcan en etapas finales del proceso legislativo. "En muchos procesos el Congreso evade la transparencia, fundamentalmente en la negociación de leyes y en la negociación de agendas", afirmó.
En ese sentido, agregó que las modificaciones de última hora a los proyectos de ley dificultan que quienes siguen el proceso legislativo comprendan plenamente lo que se aprueba. "Todos los cambios de última hora son falta de transparencia", señaló.
Contrapeso
Ante ese panorama, Quezada explica que dentro del sistema institucional existen contrapesos al poder del Congreso. Uno de ellos es la Corte de Constitucionalidad (CC), que puede revisar decretos o actuaciones del Legislativo cuando se cuestiona su constitucionalidad.
Sin embargo, aclara que la función de la CC tiene límites claros. "La Corte puede conocer cualquier decreto o actuación del Congreso, pero si determina que no hay inconstitucionalidad, aunque sea una ley poco conveniente, la Corte debe apegarse a su mandato", explicó.
Desde el punto de vista ciudadano, también existen mecanismos legales para cuestionar decisiones del Legislativo, como las acciones de amparo o de inconstitucionalidad ante la CC. Como ejemplo, recordó los procesos legales que se han presentado en torno a la aprobación del presupuesto general del Estado o cuando distintos sectores han acudido a la Corte para cuestionar decretos aprobados por el Congreso.
No obstante, Quezada reconoce que en la práctica estos recursos suelen ser complejos para la mayoría de la población. "Todos los ciudadanos tenemos la capacidad de interponer acciones ante la CC, pero en la vida práctica son acciones muy técnicas y onerosas", comentó.
Otro contrapeso relevante, según el investigador, es el veto presidencial, una facultad del Ejecutivo para rechazar leyes aprobadas por el Congreso. "El contrapeso por excelencia es el presidente con el ejercicio del veto", indicó.
El mayor fiscalizador
Además, explicó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) también puede intervenir cuando se trata de revisar el uso de recursos públicos, aunque señaló que el sistema de control sobre el Congreso es complejo y enfrenta limitaciones.
A juicio de Quezada, uno de los desafíos para fortalecer la fiscalización del Legislativo es la distancia que existe entre el trabajo técnico del Congreso y el entendimiento ciudadano sobre las leyes que se aprueban. "Muchas de estas leyes son tan técnicas que la mayoría de la población no las comprende", indicó.
En ese contexto, considera que fortalecer la información pública y promover más discusión sobre la actividad legislativa podría ayudar a que la ciudadanía ejerza un papel más activo en la supervisión del Congreso. "El gran fiscalizador debería ser el ciudadano cuando elige a sus diputados", concluyó.
Controles internos
Desde el Congreso, el diputado Juan Carlos Rivera, Primer Secretario de la Junta Directiva del Congreso, explicó que el trabajo y la conducta de los legisladores están regulados principalmente por la Ley Orgánica, la cual establece obligaciones y controles administrativos dentro del Legislativo.
Según Rivera, una de las principales responsabilidades de los diputados es asistir a las sesiones plenarias, así como participar en comisiones de trabajo.
Los diputados tienen la obligación de integrar al menos dos comisiones de trabajo, espacios donde se discuten iniciativas de ley y se elaboran dictámenes técnicos.
"Las comisiones de trabajo tienen la obligación de reunirse por lo menos dos veces al mes", señaló. Respecto al uso de herramientas de fiscalización como las citaciones a funcionarios, Rivera señaló que los diputados tienen facultad para convocar a ministros, viceministros o directores de instituciones públicas.
Sin embargo, aclaró que si un diputado incurre en abuso de poder durante estas acciones, corresponde a los afectados presentar una denuncia ante las autoridades competentes.
En cuanto a los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en algunas decisiones del Congreso, como la aprobación de leyes o del presupuesto durante sesiones nocturnas, Rivera defendió que el trabajo legislativo es público y se transmite en línea.
"El Congreso es bastante transparente porque todas las sesiones se transmiten en vivo", aseguró. Según explicó, cuando el presupuesto o ciertos temas se discuten hasta altas horas de la noche, generalmente se debe a los plazos legales o a la extensión de las agendas legislativas.
El diputado también mencionó que existen controles externos sobre el Congreso. Entre ellos, la presencia de una delegación permanente de la CGC, encargada de auditar los procesos financieros del organismo.
Asimismo, recordó que las resoluciones de la CC deben ser acatadas por el Legislativo, incluso cuando los diputados no compartan sus decisiones.
Finalmente, Rivera coincidió en que la vigilancia ciudadana también juega un papel importante en la fiscalización del Congreso, especialmente a través de redes sociales y la participación pública en el debate político.
A su criterio, herramientas como las redes sociales han facilitado que la población exprese sus opiniones y presione a los diputados sobre determinadas iniciativas. "Los ciudadanos pueden escribir a sus diputados o etiquetarlos para pedir apoyo o rechazar ciertas leyes", concluyó.
