Las emergencias viales afectan severamente a la población debido a la obstaculización del tránsito.
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Las condiciones climáticas y geográficas de Guatemala hacen que las carreteras sean vulnerables a deslizamientos, derrumbes y hundimientos y regular el tránsito durante esas emergencias corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC) y las municipalidades, mientras que en algunas ocasiones puede apoyar la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Valeria Urizar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), confirmó que durante la época lluviosa se han registrado 2,036 emergencias en el país las cuales han afectado a más de 33,500 personas.
La Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó a Soy502 que durante este año han atendido en todo el territorio nacional 343 emergencias derivadas de derrumbes, deslaves, caída de árboles y daños en puentes.
Estas situaciones provocan tránsito lento en las distintas rutas afectadas y en otros casos el colapso de las vías, lo cual provoca que los automovilistas se vean afectados severamente en la circulación vehicular.
Un ejemplo de esto ocurrió la madrugada del 23 de septiembre último en el kilómetro 11.5 de la ruta hacia Boca del Monte, debido a un derrumbe que obstaculizó ambas vías y provocó que cientos de personas tuvieran que buscar rutas alternas o caminar para llegar a sus destinos.
Los usuarios de dicha ruta manifestaron en redes sociales que la respuesta de las autoridades ante la emergencia fue lenta y surgió la duda de qué institución debería coordinar la regulación vehicular durante este tipo de eventualidades.
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¿Quién debe regular el tránsito?
Edwin Muñoz, experto en derecho y catedrático universitario, señaló que la ley es clara en precisar cuáles son las instituciones encargadas de regular el tránsito vehicular en las distintas vías del país.
Recordó que la Ley de Tránsito cita en el artículo 4 la competencia de la autoridad de tránsito y señala que: "Compete al Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la PNC el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública".
El profesional también hizo énfasis que la misma ley refiere que "el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, podrá trasladar la competencia de la administración de tránsito a las municipalidades de la República que se encuentren en condiciones de realizar dicha función eficientemente dentro de su jurisdicción".
El artículo 9 de la legislación precisa que "dos o más municipalidades podrán solicitar les sean trasladadas en forma conjunta funciones de la administración de tránsito, en sus respectivas circunscripciones municipales, con el fin de alcanzar objetivos comunes".
El experto destacó que, aunque no está en ley, en algunas ocasiones Provial apoya a regular el tránsito en lugares donde se registran percances que afectan la viabilidad debido a su mandato.
La Unidad de Comunicación Social del CIV destacó que entre las funciones de Provial está "asistir a los conductores, pero, también, contribuye en garantizar la fluidez del tráfico vehicular".
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El Acuerdo Gubernativo 114-2017 del CIV precisa que las funciones específicas de Provial incluyen contribuir al eficaz funcionamiento del sistema de transporte terrestre en el territorio nacional, salvo lo establecido en leyes especiales.
Asimismo, busca "coadyuvar con la autoridad de tránsito para garantizar la fluidez del tráfico vehicular, en los lugares donde se estén ejecutando proyectos u obras de infraestructura a cargo del CIV o en autopistas, calzadas, carreteras principales, secundarias u otras en donde la autoridad de tránsito no haya sido delegada a otra entidad".
Por último, Provial tiene el mandato de "asistir a los conductores que por desperfectos mecánicos impidan u obstaculicen el tránsito vehicular".
"La PNC actúan en las carreteras, las municipalidades lo hacen en sus territorios y Provial apoya sin interferir en la competencia de estas", puntualizó Muñoz.
