Nueve trabajadores del centro de salud del cantón Chupol, en Chichicastenango, fueron retenidos por comunitarios el 10 de junio, tras ser señalados por una supuesta negligencia médica.
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Esto tras la muerte de un recién nacido, aparentemente a causa de una infección en el cordón umbilical. Por ello, el personal fue encerrado en un salón comunal, donde los pobladores exigieron Q30 mil como presunta indemnización: Q15 mil para la familia del menor y Q15 mil para la comunidad.
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y del Ministerio de Salud, los trabajadores reunieron el dinero como pudieron para lograr su liberación.
Heidy García, médica de turno el día del incidente, explicó que el 7 de mayo, a las 16:30 horas, el bebé fue llevado al centro con fiebre de 41 grados, hipoactividad y sin reflejo de succión. Según indicó, el recién nacido había sido atendido inicialmente por una comadrona en su domicilio.
"El bebé llegó en malas condiciones. Fue evaluado por el personal de enfermería y, de inmediato, se recomendó su traslado al hospital. El centro no tiene laboratorio para confirmar infecciones, pero el cuadro clínico era grave", relató García.
Aseguró que la familia fue informada y aceptó el traslado, pero finalmente no llevaron al menor al hospital. Diez días después, los padres regresaron al centro de salud acusando al personal de causar la muerte del niño y exigiendo una compensación económica.
Durante la retención, que se prolongó desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del martes, los comunitarios despojaron a los trabajadores de sus celulares, revisaron su contenido y borraron toda la información almacenada.
El gobernador departamental, Carlos Ríos, informó que el personal de salud no retomará labores mientras no se garanticen condiciones mínimas de seguridad. Esta postura fue respaldada por el procurador de los Derechos Humanos, Flavio Ruiz.
Como parte de la respuesta institucional, se instaló una mesa de diálogo con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para coordinar acciones de resguardo. Sin embargo, aún no se define cuándo podrían reanudarse los servicios en el centro asistencial.
Aproximadamente de 110 empleados han suspendido sus actividades en demanda de protección para poder regresar a trabajar con normalidad.
