La propuesta busca modernizar la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, adaptándola a la realidad económica del país.
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Las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) llegaron este lunes al Congreso para explicar por qué consideran urgente aprobar la iniciativa de ley 6593, una propuesta que busca actualizar las reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala.
Modernizar la Ley
Durante la reunión, el superintendente de bancos, Saulo De León, dejó claro que el país trabaja actualmente con una legislación desfasada. "La ley actual con la que vivimos todos es una ley que data de hace 25 años, que es obsoleta, anacrónica y responde a una realidad del año 2000", señaló ante la instancia de Jefes de Bloque.
Según explicó, el problema no es solo cumplir con estándares internacionales, sino que la ley vigente ya presenta fallas en su aplicación diaria. "Más allá de cumplir con estándares, tiene fallos operativos", afirmó, al detallar que las instituciones supervisadas enfrentan limitaciones prácticas con la normativa actual.
En este contexto, la SIB advirtió que Guatemala corre el riesgo de volver a la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implicaría un mayor control sobre las operaciones financieras del país.
Según indicó, esto podría traducirse en efectos directos para la población como en remesas más lentas, más trámites, créditos más caros y aumento en los precios de productos, pues los costos adicionales se trasladan al consumidor.
De León recordó que el país ya vivió una situación similar años atrás. "Estábamos en una lista gris y tuvimos que comprometernos y hacer unos compromisos muy grandes", dijo.
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Uno de los puntos que más resaltó es que la ley actual no toma en cuenta cómo funciona realmente la economía guatemalteca. "Mide con la misma vara a todos los usuarios. No reconoce que Guatemala tiene una realidad que es la informalidad, el uso de efectivo", explicó. Por eso, la nueva iniciativa busca adaptarse mejor a esa realidad, diferenciando perfiles de usuarios y riesgos, dio a conocer el superintendente.
Delito
Según De León, actualmente, una persona puede verse involucrada en un caso de lavado de dinero incluso sin haber tenido intención. "Es un tipo penal que incluso se puede cometer de forma culposa, sin intención. Este es un fallo que queremos resolver en esta nueva ley", afirmó, ya que la propuesta plantea precisamente exigir que se pruebe la intención.
No persigue a la economía informal
Las autoridades insistieron en que la iniciativa no busca perseguir la economía informal ni limitar el uso de efectivo, sino enfocarse en estructuras criminales. Es decir, el objetivo es rastrear dinero vinculado a actividades ilícitas sin afectar a quienes realizan transacciones legítimas.
Al ser consultado, describió
un caso expuesto por uno de los diputados sobre dos comerciantes de café que fueron capturados con Q35mil en efectivo.
Además, se explicó que la propuesta incluye ajustes para cumplir con observaciones internacionales, como la incorporación de ciertos actores como notarios dentro del sistema de prevención, aunque con obligaciones puntuales y no excesivas como las exigidas a entidades financieras.
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De León destacó que la aprobación de esta ley no solo ayudaría a evitar sanciones, sino que también podría mejorar la imagen del país a nivel internacional. "Estoy convencido que esta ley va a generar una visión mucho más moderna hacia el mundo y nos permitiría proyectarnos como un país candidato a tener grado de inversión", concluyó.
En agenda
Para este martes 24 de marzo, el Congreso tiene previsto conocer en el pleno la discusión del dictamen y el proyecto de decreto que busca aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y El Financiamiento del Terrorismo.
Este avance en la agenda se da luego de varias sesión fallidas donde se pospuso la iniciativa por temas relacionados a la elección de magistrados.
