El beneficio de Q5 y Q8 por galón no frena el incremento en los precios de referencia, mientras analistas cuestionan su eficiencia y el impacto real en los guatemaltecos.
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La segunda semana de vigencia del subsidio a los combustibles en Guatemala arrancó con un sabor agridulce para los consumidores, pues pese al millonario aporte estatal destinado a reducir el costo del galón de diésel y gasolinas, los precios de referencia publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reflejan incrementos de entre Q1.61 y Q2.60 que neutralizan el alivio.
Esta medida, aunque fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo para mitigar los efectos de las crisis en Medio Oriente, enfrenta ahora el duro cuestionamiento de analistas que ven en la volatilidad del mercado una señal de que el beneficio no llega íntegro al bolsillo del ciudadano.
Para Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la efectividad de esta política depende exclusivamente de una vigilancia rigurosa, ya que sin un control minucioso por parte del MEM sobre la conformación de los precios, existe el riesgo de que los importadores absorban el beneficio estatal bajo la sombra de la especulación.
Coyoy sostiene que es indispensable asegurar que cualquier aumento responda a causas reales del mercado internacional y no a un aprovechamiento de la cadena de distribución, advirtiendo que "es necesaria la supervisión para evitar que se diluya por efecto de la especulación de los importadores".
Un diseño bajo fuego
A la falta de controles se suma una crítica estructural sobre el diseño del subsidio, el cual es calificado como "regresivo" por Coyoy al incluir a la gasolina superior y beneficiar a los estratos con mayores niveles de consumo y transporte propio.
Bajo esta lógica, la medida deja en segundo plano a la población de más bajos ingresos que depende del transporte colectivo, un sector donde el beneficio estatal difícilmente se traduce en una reducción de las tarifas de pasaje para el usuario final.
Esta postura es compartida y profundizada por el economista y analista macroeconómico Miguel Gutiérrez, quien califica la inclusión de la gasolina súper como un sinsentido económico y una "barbaridad" técnica dentro de una medida que considera de corte populista.
Gutiérrez argumenta que el subsidio tiene fallos de diseño fundamentales que impiden que el alivio financiero cumpla su propósito social.
"Número uno, sí, estos subsidios generalmente no son muy transparentes y no llega en la totalidad al consumidor. Es una barbaridad también que se esté subsidiando la gasolina súper, ya que esto es lo que busca aliviar a esa la gente más necesitada en teoría, pero lo que estamos viendo aquí es que tiene un problema de diseño y que, por supuesto, una parte se va quedando en la cadena de distribución", argumentó el economista.
Trasfondo político
La crítica de Gutiérrez también apunta a que el Ejecutivo busca mejorar su percepción pública ante la falta de resultados tangibles, utilizando el subsidio como una herramienta para paliar la baja aceptación del presidente Arévalo y su gabinete.
Según el analista, el incremento de precios responde a factores externos como la destrucción de infraestructura de refinamiento y el conflicto en el estrecho de Ormuz, fenómenos que persistirán mucho más tiempo de lo que el subsidio ha sido concebido para durar.
El contrapeso técnico
Por si parte, el Banco de Guatemala (Banguat) defiende la medida basándose en la evidencia histórica de 2022, la cual indica que este tipo de aportes sí logran contener el ritmo de la inflación mientras están vigentes.
Johny Gramajo, gerente económico de la institución, explicó en una reciente conferencia de prensa que el subsidio funciona como un ancla para las expectativas de inflación, generando una confianza que permite mantener cierta estabilidad en los precios internos a pesar de la resiliencia que el país ya muestra con un crecimiento económico proyectado por arriba del 3.5%.
