Las tobilleras electrónicas en Guatemala permiten cierta libertad de movimiento a quienes las portan, pero también implican un monitoreo constante, las 24 horas del día.
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La Unidad de Control Telemático (UCT) del Ministerio de Gobernación se encarga de vigilar el cumplimiento estricto del perímetro que un juez ha autorizado a cada usuario.
Actualmente, 162 personas están bajo este sistema de control, supervisadas por 25 vigilantes, a pesar de que existen 2 mil dispositivos disponibles desde que la medida entró en vigor el 1 de junio de 2023.
Este sistema está dirigido a personas que gozan de medidas sustitutivas, principalmente en casos como violencia contra la mujer u homicidio culposo. El dispositivo transmite en tiempo real la ubicación del portador mediante señal satelital.
"Se puede saber exactamente dónde está y cuáles son los lugares que más frecuenta", explicó Marlon Villagrán, especialista de la UCT.
Para Lorenzo Castillo, asesor legal de la UCT, el sistema puede incluso prevenir tragedias, como la ocurrida el 14 de febrero, cuando una mujer fue asesinada por su pareja a pesar de tener orden de restricción. "De haber llevado tobillera, se habría detectado que él estaba en una zona prohibida", apuntó.
Castillo insistió en que los jueces están facultados para ordenar el uso de estos dispositivos, tanto en medidas sustitutivas como de seguridad.
Desde el Centro de Observancia en Seguridad Ciudadana del CIEN, Walter Menchú, señaló que se trata de "una herramienta útil para delitos menores", aunque poco utilizada hasta ahora.
Por su parte, el analista en seguridad Mario Mérida resaltó su valor en el proceso de reinserción social y en la reducción del hacinamiento carcelario. Sin embargo, advirtió que la estigmatización y el costo económico dificultan su adopción.
