La apertura de plazas municipales, sin consultar al pleno de magistrados, habría propiciado un nuevo caso penal contra la presidenta del TSE.
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Hace una semana, trascendió la contratación de 320 personas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ocupar cargos de auxiliares municipales, y el tema ha puesto en el ojo público a la presidenta en funciones de esa institución, Blanca Alfaro.
El asunto no solo ha generado críticas por parte de actores políticos, sino que también le habría valido a la magistrada una nueva solicitud de retiro de antejuicio por parte del Ministerio Público (MP), según confirmó a Prensa Libre.
Ese mismo medio publicó una nota este jueves 3 de julio, en la cual menciona que "observadores del proceso electoral anterior sospechan que las plazas podrían estar relacionadas con funcionarios, a cambio de favores políticos".
Empero, este viernes 4, trabajadores del TSE defendieron las contrataciones y descartaron cualquier anomalía en el procedimiento.
"Contratación fue legítima"
Osbelí Urízar, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (SITTSE), criticó que "alguna persona, atribuyéndose la representación de los observadores electorales" expresara que es innecesaria la contratación de los subdelegados auxiliares.
"Nosotros vemos con suma preocupación, porque el proceso de contratación de estas plazas se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos", dijo, y añadió que "hubo una asignación del Congreso de la República específicamente para esto".
Según el sindicalista, actualmente el TSE tiene un subdelegado municipal, "que no se da abasto, derivado de la cantidad de trabajo que existe en cada subdelegación".
Justificó que ese empleado debe atender a la ciudadanía en temas de empadronamiento, actualización de residencia y observación de asambleas de los partidos. "Entonces, sí era impostergable la contratación de esas personas", remarcó.
Además, indicó que tales trabajadores llevan ya dos meses en funciones, por lo que "ya pasaron el período de prueba". En ese sentido, hizo ver que tanto el SITTSE como el Sindicato de Trabajadores, Acciones y Revolución (STARTSE) apoya los "derechos laborales" de ese personal.
Trabajadores del @TSEGuatemala defendieron la contratación de 320 auxiliares municipales que se hizo recientemente en la institución pic.twitter.com/l7Bvvbbr86
No se consultó al pleno
Los señalamientos por las 320 plazas de auxiliares municipales empezaron cuando se conoció que la decisión de contratar al personal no fue del pleno de magistrados, sino que procedió únicamente de Alfaro.
La magistrada justificó que "el pleno estaba desintegrado" cuando se hicieron las contrataciones. Empero, añadió que ahora que está completo se discutiría sobre la continuidad de los trabajadores. Hasta el momento no hay una resolución al respecto.
La presidenta en funciones del TSE habló del tema en la pasada reunión con partidos políticos, el 27 de junio. En ese entonces también dio a conocer que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) había requerido despojarla de la inmunidad que le otorga su cargo, por un nuevo caso en su contra.
Aunque en ese momento no precisó de qué se le señalaba, posteriormente dijo que era por las citadas plazas. El MP, entretanto, indicó que "no se ha presentado recientemente alguna solicitud de retiro de antejuicio en contra de la magistrada Blanca Alfaro".
