Cesia Sulanamita Hernández Matzún conmocionó a la sociedad guatemalteca, porque a sus quince años decidió quitarse la vida. Ella trabajaba en una tortillería y decidió colgarse en el cuarto donde dormía, en la colonia El Progreso, zona 11.
Pasados algunos días, la Fiscalía contra el Femicidio apunta a que la razón del suicidio sería una frustración amorosa, aunque advierten que las pesquisas aún no han concluido.
Sin embargo, Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunció para que se investigara a los responsables, ya que según su experiencia en investigaciones penales, el caso tiende a parecer uno de explotación laboral.
Dávila hace ver que “la explotación laboral está afectando gravemente a la niñez y adolescencia”. Esa afirmación tendría como origen que los menores de edad están trabajando por la pobreza en que viven.
Así lo revela el último informe Trabajo Infantil en Guatemala del Ministerio de Trabajo, en el cual se explica “cuanto mayor es la pobreza, más grande es la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo”.
De hecho, las primeras versiones tras la muerte de de Cesia Sulanamita fue precisamente que sufría de malos tratos.
Esclava a los 8 años
Al igual que Cesia Sulanamita, decenas de jóvenes sufren lo mismo y su final fatal es bastante parecido. Ella viajó a la capital en busca de una oportunidad laboral.
Decenas de niños y adolescentes, sobre todo indígenas, están dejando sus hogares para incorporarse a la economía informal o semiformal, y en los casos más dramáticos son engañados, explotados laboralmente y esclavizados.
Otro caso que está en investigación, revela detalles que esclarecen más la situación. Dulce*, como llamaremos a esta otra niña, tenía como sueño a sus ocho años “ser tortillera”, según lo que pudo decir en una entrevista que fiscales especializados le realizaron como parte de una investigación por la esclavitud que vivió durante dos años.
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La pequeñita “no sabía qué era jugar”, narra Marvin Orellana, encargado de la unidad contra la explotación laboral de la Fiscalía contra la Trata de Personas.
Dulce nació en Quiché, pero sus padres la “regalaron” a una persona en la capital, dice Orellana, quien informó que el caso de la nena está en investigación y pronto esperan resultados para capturar a las personas responsables de mantenerla en estado de esclavitud.
Los padres trajeron a Dulce a la edad de seis años y, según pudo contar, trabajaba todo el día de lunes a domingo haciendo tortillas de maíz. No jugaba, no estudiaba.
A la niña no la dejaban salir y no se le pagaba por el oficio. Incluso tuvo quemaduras en sus manos por la temperatura del comal.
La situación de la niña pudo ser conocida por una denuncia que recibió la Procuraduría General de la Nación, quien la rescató y pidió al Ministerio Público la investigación.
Dulce pudo ser rescatada de la venta de tortillas en San Miguel Petapa; ahora vive en una Casa Hogar.
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Después de algunos meses de recibir atención especializada Dulce ahora ha dicho a los investigadores que no quiere regresar más a la venta de tortillas. “Se logró cambiarle su proyecto de vida”, dice Orellana.
Los tratos indignos
El fiscal explica que no todos los casos de mujeres que trabajan en tortillerías son explotación laboral. La diferencia debe notarse en el pago, horarios y manera de relacionarse con “los tratos indignos” que pueden considerarse explotación laboral.
Las mujeres aceptan trabajar en tortillerías para tener una actividad que les garantice un ingreso, y cuando ha habido un rescate se enojan, dice el fiscal Orellana “porque sienten que les estamos quitando su fuente de trabajo”, aún así la fiscalía actúa de oficio.
En 2018, catorce personas fueron capturadas por explotación laboral, pero por el tipo de delito se llega a un acuerdo para que paguen a la víctima la remuneración que debieron dar legalmente.
Orellana reflexiona que la gran deuda con las personas explotadas laboralmente es la oportunidad que debería dárseles de otro tipo de empleo. “La misma pobreza los obliga a regresar”, menciona.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo es la institución que debe ejecutar políticas y programas contra el trabajo infantil, pero los proyectos encaminados a ese fin han sufrido recortes presupuestarios.
Como logros se destaca únicamente la creación de unidades que analizan el tema y la firma de convenios con el sector privado y la cooperación internacional.
Mientras la burocracia analiza qué hacer, los niños guatemaltecos siguen trabajando. El Ministerio de Trabajo dice que 12 de cada 100 niños y adolescentes en situación de pobreza lo hacen, y 23 de cada 100 en situación de extrema pobreza.
Incluso hay menores que tienen dos oficios, lo que reduce su posibilidad de estudiar.
