Según analistas, la elección de los magistrados, titular y suplente, del Consejo Superior Universitario de la Usac, fue un retroceso respecto de procesos anteriores.
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La elección y posterior designación del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte de la Universidad de San Carlos (Usac), además de provocar un mal sabor de boca por la integración del Consejo Superior Universitario (CSU), también hizo pensar en que se dio un retroceso en comparación con los últimos procesos celebrados en la máxima casa de estudios superiores en el país.
Y es que, según Carmen Aída Ibarra, directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, en los procesos de elección y designación de los representantes de la USAC para la CC en el 2011, 2016 y 2021 con los rectores Estuardo Gálvez, Carlos Alvarado y Murphy Paíz, respectivamente, se había ganado un espacio valioso, pues hicieron públicas las sesiones del CSU para realizar esta elección.
Incluso, la sesión en que Paiz dio a conocer que tenía conocimiento de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue durante una sesión eel CSU para entrevistar a los candidatos a una magistratura para la CC.
Sesión secreta
Añade que, aunque la Ley Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece la secretividad en el voto, uno de los pasos para atrás en este proceso del 2026 se dio en la decisión de que la sesión del CSU fuera secreta.
"Es lamentable que en este proceso se hayan dado pasos para atrás, pues no sólo la sesión fue secreta, sino también el rector, Walter Mazariegos, se aseguró de tener a los consejeros que le son leales adentro, dejando fuera a aquellos que ha considerado que no son afines a los deseos que tenía en esta elección", apuntó
Explicó que, dado el resultado, lo que se vio con la elección de Julia Marisol Rivera, titular, y José Luis Aguirre Pumay, suplente, fue un cambio en los acuerdos que Mazariegos había tenido, sobre todo porque lo que se decidió con esta designación fue llevar a la CC "gente muy cercana a él".
Dijo que, al igual que en los anteriores procesos, pese a que la ley no los obliga, pero tampoco les dice que no lo hagan, pudieron haber creado su propio procedimiento que incluyera sesiones públicas, sin embargo, lo que hicieron fue encerrarse.
Piden transparencia
Aunque comparte lo expresado por Ibarra al señalar que, seguramente habrá impugnaciones por la poca legitimidad del CSU al haber efectuado una elección y posterior designación con consejeros con plazo vencido, Raquel Zelaya, de Foro Guatemala, hizo un llamado a las tres instituciones que aún faltan por designar a sus representantes.
Con ello, Zelaya exhorta tanto a los organismos Legislativo, Judicial y Ejecutivo a crear sus normas mínimas que les permita conocer de mejor manera los perfiles de quienes podrían participar en los diferentes procesos de selección y posterior nombramiento, sobre todo porque se trata de los tres organismos de Estado, refirió.
Dijo que a diferencia del CSU, no debe quedar duda de las personas que pudieran ser designadas, a diferencia de las dos personas nombradas por el pleno de consejeros en la USAC que "lucen muy allegadas al rector de la USAC, Walter Mazariegos".
Agregó que cada proceso tiene su propia particularidad, en el Congreso de la República se entiende que allí lo que suceden son situaciones muy políticas, mientras que en el Ejecutivo el presidente de la República decidió abrir su proceso de elección para su designar a sus representantes ante la CC.
En cuanto a las autoridades, recién electas en el organismo Judicial, Zelaya afirma que esta será "la primera prueba de fuego" para el período de la presidenta Claudia Paredes, por lo que asevera que espera que el nombramiento del titular y suplente para la CC se haga a la brevedad.
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Lección aprendida
Por su parte, María Isabel Bonilla, consultora asociada del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), afirma que hasta que no se resuelva el tema de legitimidad del CSU, la elección tendrá la duda en la población y en quienes siguen estos procesos si tiene la validez o no.
Contrario a lo que sucedió en la elección del magistrado titular y suplente de la CC por el CSU, Bonilla puso el ejemplo de los resultados obtenidos en la elección de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), el pasado jueves 12 de febrero.
En el caso de Mónica Marroquín, de Guatemala Visible (GV), afirma que desdeconsideran que, aunque la ley no obligue expresamente a que las deliberaciones sean públicas, en procesos de esta trascendencia la transparencia y la publicidad fortalecen la legitimidad de las decisiones.
Agrega que la elección de magistrados de la CC tiene un impacto directo en el orden constitucional del país, por lo que abrir estos espacios al escrutinio ciudadano contribuye a generar mayor confianza y respaldo social.
Asevera que la legalidad es fundamental, pero avanzar hacia estándares más altos de transparencia fortalece la calidad democrática.
