Miles de millones de quetzales se denunciaron por posibles casos de lavado de dinero, solo en los primeros cuatro meses del año.
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Las transacciones sospechosas en el país siguen en aumento y la cantidad de dinero que se ha denunciado por posible lavado ya supera lo que se reportó en todo el 2024.
De acuerdo con el más reciente informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), solo entre el 1 de enero y el 30 de abril se identificaron Q9,254.3 millones que procederían de actividades ilícitas; entretanto, de enero a diciembre del año pasado se denunciaron Q9,133.3 millones.
Si la tendencia permaneciera, la citada cifra se podría triplicar al finalizar el presente ejercicio fiscal. Esto supondría un monto sin precedentes en Guatemala, aunque actualmente ya ese fijó un nuevo récord.
Este es el registro oficial de la IVE sobre la cantidad denunciada por presunto lavado de dinero en los últimos años:
- 2021 - Q6,134 millones
- 2022 - Q3,906.8 millones
- 2023 - Q8,203.4 millones
- 2024 - Q9,133.3 millones
Más de mil denunciados
Según la IVE, en el primer cuatrimestre de este año se presentaron 107 denuncias o ampliaciones de procesos penales, contra 1,310 personas que estarían involucradas en el presunto lavado del dinero.
Ellas serían sospechosas de tratar de introducir diferentes montos al sistema bancario nacional, a través de diversos intercambios comerciales, ya que movilizaron sumas que no corresponderían a su perfil económico.
Los casos ya están en manos del Ministerio Público (MP), el cual deberá determinar si los más de Q9 mil millones denunciados provienen de actividades ilegales o si, por el contrario, tienen una procedencia legítima.
Así los detectan
La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, a reportar ante la IVE cualquier transacción sospechosa.
Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no correspondan al perfil del cuentahabiente. Tales elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.
De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero movilizado procede de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, entre otras.
Pero no todas las operaciones inusuales constituyen un delito, pues hay casos en los cuales los involucrados logran justificar que los fondos utilizados se obtuvieron de manera legal.
