Organizaciones advierten sobre la necesidad de que contar con un seguro para evitar una crisis económica por un accidente de tránsito.
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Un accidente de tránsito puede convertirse en una crisis económica, social y emocional de largo plazo cuando las personas no cuentan con un seguro que cubra los daños propios y a terceros.
Representantes de organizaciones sociales y de víctimas advirtieron que la falta de cobertura agrava la vulnerabilidad de los hogares y expone debilidades estructurales en el sistema de atención y justicia.
César Bol, vocero de la Alianza Guatemalteca por Guatemala, integrada por más de 450 organizaciones, explicó que la ausencia de un seguro genera un efecto inmediato en la economía familiar.
"Cuando sucede un accidente y las personas no cuentan con un seguro todos los demás gastos familiares colapsan", afirmó Bol.
Detalló que los costos médicos derivados de un percance pueden ser elevados y difíciles de afrontar para la mayoría de la población y como ejemplo, mencionó que una cirugía craneoencefálica producto de un accidente de motocicleta puede alcanzar los Q200 mil.
El vocero agregó que la presión sobre el sistema público de salud también es significativa, al señalar que más del 60 % del presupuesto hospitalario se utiliza para atender a víctimas de tránsito.
Añadió que, pese a ese esfuerzo institucional, la mayoría de las personas que sufren un percance de tránsito no logran cubrir la totalidad de los gastos, lo que traslada la carga económica directamente a los hogares.
Bol indicó que el problema se extiende a la falta de reparación integral para las víctimas pues, aunque el Ministerio Público (MP) persigue los hechos derivados de accidentes de tránsito, las víctimas continúan desprotegidas debido a vacíos normativos.
"El MP ha señalado que para proteger a las víctimas se tienen que reformar artículos del Código Civil y del Código Procesal Penal", explicó el vocero.
Destacó que existen escenarios en los que los responsables logran evadir consecuencias económicas significativas porque quien "provocó el accidente puede pagar Q50 mil en un abogado, pero rechaza dar ese dinero a la víctima".
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Bol señaló que otra situación que suele ocurrir es que cuando la persona afectada es el principal sostén económico del hogar, el accidente provoca un cambio radical en la dinámica familiar.
"Se da mucho la situación donde la víctima es el encargado de llevar el sustento a la familia y de un día para otro pasa a ser una carga. Comúnmente lo primero que pasa es que los hijos dejan de estudiar y se tiene que recurrir a préstamos para poder sufragar gastos de medicina y procesos de recuperación", afirmó el vocero.
Señaló que, al no acceder a créditos formales, muchas personas optan por préstamos no regulados con tasas de interés elevadas, lo que genera deudas difíciles de pagar y, en algunos casos, estas condiciones empujan a miembros de la familia a migrar.
"Estos casos pueden causar migración, pobreza, analfabetismo, porque los hijos dejan de estudiar. Además, en muchos casos las personas quedan lisiadas y fuera del mercado laboral y en el peor de los casos tiene que recurrir a la mendicidad", apuntó Bol.
Los costos de recuperación
Katherine Samayoa, vocera del Comité de Defensa de Víctimas de Accidente en el Norte de Guatemala, coincidió en que el impacto económico es determinante.
Indicó que el costo promedio de recuperación por víctima ronda los Q100 mil, de los cuales solo una parte es cubierta por los hospitales públicos.
"Todos los demás gastos, los familiares son quienes tienen que cubrirlos", afirmó Samayoa quien destacó que el sistema actual no garantiza una protección financiera adecuada para las personas afectadas.
Enfatizó que existe una falta de acceso a la justicia y que "la impunidad de los responsables es casi total", por lo que esta situación contribuye a la desprotección de las víctimas, quienes no solo enfrentan los costos económicos, sino también la ausencia de reparación por los daños sufridos.
"No existe asistencia a las víctimas, en muchos casos los que tienen la culpa del accidente ni siquiera piden perdón", manifestó la vocera
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Estadísticas en hospitales
Los datos presentados por la Asociación Guate para Guate refuerzan la dimensión de la problemática.
La organización reportó que durante 2025 se registraron alrededor de 830 mil víctimas de tránsito atendidas en hospitales del país, según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La organización advirtió que, en la mayoría de los casos, los gastos de recuperación no son cubiertos en su totalidad por el sistema público, lo que obliga a las familias a asumir costos adicionales en tratamientos, rehabilitación y recuperación.
Guate para Guate señaló que la falta de mecanismos efectivos de responsabilidad genera un escenario en el que los responsables de accidentes rara vez asumen los costos de los daños ocasionados.
Esta situación, indicaron, profundiza la desigualdad y deja a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, las organizaciones coincidieron en la necesidad de implementar un seguro obligatorio vehicular que permita garantizar compensaciones económicas a las víctimas.
De acuerdo con la propuesta impulsada por Guate para Guate, las coberturas podrían oscilar entre Q4 mil y Q200 mil por persona afectada, con un costo accesible para los usuarios.
Según los representantes, la implementación de este tipo de mecanismo no solo permitiría reducir el impacto económico inmediato en las familias, sino también avanzar hacia un sistema más equitativo en el que los costos de los accidentes no recaigan exclusivamente en las víctimas.
