Institución señala que podría haber pérdida de empleo formal y paralización de nuevas inversiones.
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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) fijó su postura ante el reciente aumento al salario mínimo y señaló que los incrementos aprobados, entre ellos un 4 % para las vinculadas a la actividad exportadora, representan un golpe a la competitividad del sector, con efectos que podrían resultar insostenibles para muchas empresas.
El sector exportador indicó que mejorar los ingresos de los trabajadores de la economía formal es un objetivo válido, pero advirtió que estos ajustes deben estar respaldados por incrementos equivalentes o superiores en productividad.
Asegura que, de lo contrario, un salario mínimo definido por decreto, sin una base técnica, puede excluir a Guatemala de los mercados internacionales y debilitar la posición del país frente a otros competidores.
Aprobación del salario mínimo para el 2026: Un golpe a la actividad exportadora.
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Agexport subrayó que cuando los costos laborales aumentan sin mejoras en productividad, las consecuencias suelen reflejarse en una reducción del empleo formal y en la paralización de nuevas inversiones.
En ese contexto, insistió en la necesidad de que la política salarial incorpore criterios de productividad y diferenciación territorial, como un mecanismo para promover y atraer inversiones en distintas regiones del país.
Asimismo, la Asociación planteó que Guatemala debe avanzar hacia una política salarial técnica y predecible, que brinde certeza a los inversionistas y facilite la planificación de decisiones de mediano y largo plazo.
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A criterio de la institución, la falta de previsibilidad afecta directamente la competitividad y la sostenibilidad del sector exportador.
Agexport hizo un llamado a las instituciones del Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República para que, ante la pérdida de competitividad del sector, se analicen y aprueben acciones orientadas a reducir costos estructurales.
Entre estas mencionó mejoras en materia portuaria, logística, infraestructura vial, energía y facilitación de trámites, como medidas clave para proteger el empleo formal y sostener la actividad exportadora del país.
