Con la nueva disposición que regirá el salario mínimo 2026, expertos y sectores analizan la decisión presidencial, según los escenarios macroeconómicos y técnicos.
OTRAS NOTICIAS: Así quedó establecido el salario mínimo 2026
El presidente Bernardo Arévalo resolvió, ante la falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario (CNS), decretar un incremento del salario mínimo consistente en un 7.5% para el sector no agrícola, 5.5 para la agrícola y 4% para la actividad exportadora y de maquila.
Según el Ejecutivo, tomar dicha decisión se basó en el aumento en el número de cotizados al instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el crecimiento económico sostenido reportado por el Banco de Guatemala que cerrará en 4.1 % para 2025 y un análisis sobre la inflación en Guatemala, estimada en 1.7 %.
La resolución presidencial dejó el salario mencionado así:
Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala
- Actividad económica agrícola: Q4,041.20
- Actividad económica no agrícola: Q4,252.28
- Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,659.73
Circunscripción económica 2: todos los departamentos, excepto Guatemala
- Actividad económica agrícola: Q3,875.89
- Actividad económica no agrícola: Q4,066.90
- Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,471.10
Lo que opinan las cámaras
Respecto al sector empresarial, la Cámara del Agro manifestó que "el ajuste decretado para el sector agropecuario, de 5.5 %, no guarda proporción con su crecimiento económico estimado en 1.8 % ni con la capacidad real del sector para absorber mayores costos laborales".
También expresó que, "al considerar el efecto de las prestaciones obligatorias, el impacto efectivo es significativamente mayor (casi del 8%), en un contexto marcado por altos costos logísticos derivados del deterioro vial y la congestión portuaria".
Para finalizar, expresó que advierten que "las decisiones salariales que no reflejan la realidad productiva del campo dificultan la generación de empleo formal y perpetúan la brecha entre la economía formal e informal".
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó que el sector rechaza el incremento al salario mínimo para 2026, el cual calificó como "una decisión política disfrazada de protección social, desconectada de la productividad y de la realidad del país, que castiga al empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad que ya predomina en el país".
Además, expresaron que "las más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas son las más afectadas cuando un país mantiene un salario mínimo elevado en relación con su baja productividad, encareciendo los costos laborales, limitando su capacidad para contratar, formalizar o incluso sostener puestos de trabajo".
El sector industrial rechaza un aumento al salario mínimo que no responde a la productividad real del país y afecta directamente al empleo formal.
Lee la postura completa: https://t.co/nSAciNql07 pic.twitter.com/eH6v25QrlM
En este caso, presidenta del Instituto Fe y Libertad Carroll Ríos, reiteró: "las personas económicamente activas que participan en el mercado poseen mejor información, información específica de tiempo, lugar y circunstancia, que el gobierno".
Agregó que "por mucha información técnica que junten los funcionarios públicos, y por buenas que son sus intenciones, que no lo dudo, nunca podrán saber todo ni prever todo lo que necesitan saber para adivinar el nivel más adecuado de un salario. Es un derecho del trabajador ofrecer sus servicios al precio que mejor considere".
Lo ven positivo
Por aparte, el analista Renzo Rosal, comentó que se observa la aplicación de criterios técnicos y que "está claro que el escenario macroeconómico del país es positivo, es optimista, además de las previsiones para el próximo año".
Comentó que el salario decretado "no es muy grande", aunque al sector empleador puede no gustarle y el trabajador quisiera "aumentos mayores", pero al final, el decretado, considera que está bien.
Para el entrevistado, será de esperar la reacción del sector empresarial y la posibilidad de que este presente algún tipo de recurso legal al no estar de acuerdo con los porcentajes establecidos. "Pero en medio de esos dos mundos, me parece que lo que dice el Ejecutivo es correcto", concluyó.
