Las cámaras empresariales expresaron su preocupación por el incremento al salario mínimo que regirá en 2026, al advertir que la medida podría tener un impacto negativo, especialmente en sectores que enfrentan bajo crecimiento económico y altos costos de operación.
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Cámaras empresariales cuestionaron el incremento al salario mínimo para 2026 al considerar que no está alineado con la productividad ni con la realidad económica de los sectores y podría afectar el empleo formal.
La Cámara del Agro (Camagro) señaló que el ajuste del 5.5 % establecido para el sector agropecuario no es coherente con el crecimiento estimado de la actividad, que ronda el 1.8 %.
Según Camagro el sector no cuenta con la capacidad para absorber ese aumento, más aún si se consideran las prestaciones laborales obligatorias, que elevan el impacto real a cerca del 8 % "en un contexto marcado por altos costos logísticos derivados del deterioro vial y la congestión portuaria".
Aunque reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación laboral y la promoción de la formalidad en el campo.
Encarece el empleo formal
Camagro advirtió que incrementos salariales que no reflejan la realidad productiva del sector agrícola complican la generación de empleo formal y amplían la brecha entre la economía formal e informal.
Por su parte, la Cámara de la Industria (CIG) consideró que se trata de una decisión que no responde a la productividad ni a la situación económica del país.
De acuerdo con el sector industrial, la medida afecta de forma directa a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a jóvenes que buscan acceder a su primer empleo.
La entidad indicó que, en un contexto de baja productividad, un salario mínimo elevado incrementa los costos laborales y limita la capacidad de las "más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas son las más afectadas" para contratar, formalizar o incluso sostener puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que el aumento no mejora las oportunidades laborales, sino que encarece el empleo formal y dificulta su creación.
La CIG recordó que, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el incremento aplicado en 2025 coincidió con una desaceleración del empleo formal, con una reducción del 44 %, por lo que una medida similar en 2026 podría profundizar esa tendencia, impulsando la informalidad y reduciendo la cobertura de protección social.
Asimismo, aclaró que no se opone a mejorar los ingresos de los trabajadores; sin embargo, la CIG insistió en que los ajustes salariales deben basarse en criterios técnicos y en la productividad real del país, para evitar efectos adversos sobre el empleo formal.
"El sector industrial no se opone a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, se opone a aumentos de carácter político sin fundamento técnico que cierran oportunidades y debilitan el empleo formal", indicó.
