Analistas alertan sobre el alto costo político y los riesgos de corrupción que implica el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre. Expertos analizan que el Gobierno se ha convertido en esclavo del Congreso.
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Horas después de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2026, el presidente Bernardo Arévalo aplaudió la ratificación de cinco préstamos incluidos en la misma jornada legislativa y aseguró que el país contará con una herramienta financiera.
Además, el mandatario afirmó también que dicha aprobación es "una gran noticia para el pueblo guatemalteco". Sin embargo, la aprobación concluyó cerca de las 4 de la mañana de este miércoles 26 de noviembre y la discusión por artículos inició pasado de la medianoche.
Analistas consultados advirtieron que la aprobación del Presupuesto 2026 implica un "elevado costo político", tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, debido a las condiciones en las que fue aprobado el plan de gastos y a los elementos que generan dudas sobre su transparencia y coherencia.
Falta de coherencia y riesgos de corrupción
César Vega, analista de Acción Ciudadana, manifestó serias dudas sobre el Presupuesto aprobado. Según explicó, el principal problema radica en la falta de coherencia entre un presupuesto financiado en gran medida mediante deuda y las necesidades fundamentales de la población.
Vega señaló que el plan de gastos muestra escasa inversión en sectores clave como salud y educación, mientras que otros rubros recibe asignaciones significativamente más altas. Aunque reconoció la importancia de atender necesidades de infraestructura, afirmó que persiste una baja correspondencia entre los préstamos contratados y la inversión destinada directamente al desarrollo de las personas.
El analista alertó por la asignación a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), una práctica que está vinculada, desde su criterio, a riesgos de corrupción por falta de controles y procesos técnicos transparentes, así como poca claridad sobre criterios de ejecución de estos recursos.
Vega advirtió que el contexto electoral incrementa aún más estos riesgos. Recordó que durante el 2026 será un año previo a elecciones de 2027, lo que permitiría a los Consejos de Desarrollo acumular fondos y utilizarlos discrecionalmente durante la campaña, facilitando prácticas clientelares.
Bolsones de opacidad
Por su parte el analista independiente, Renzo Rosal, agregó que la aprobación implicará un importante costo político tanto para el Congreso como para el Ejecutivo, debido a la configuración de "bolsones de recursos" que podrían favorecer la opacidad y el uso discrecional de fondos públicos.
Rosal explicó que el primer desgaste recae sobre el Congreso de la República, que aprobó el Presupuesto en una sesión nocturna y bajo la figura de urgencia nacional. A su criterio, esto incrementa los cuestionamientos sobre el proceso y sobre el contenido del dictamen.
El analista coincide con Vega en que uno de los aspectos más críticos es la ampliación de recursos asignados a los Codede, una estructura que, afirmó, ya arrastra un alto nivel de politización y señalamientos por falta de transparencia.
Indicó que esta práctica replica el modelo del Presupuesto de 2025, aprobado a finales de 2024, lo que, en su opinión, refuerza un esquema que permite a los diputados influir en la distribución de fondos sin controles efectivos. Rosal aseguró que este mecanismo puede convertirse en una fuente significativa de recursos administrados de forma poco transparente.
El analista también cuestionó el incremento de fondos designados a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas con trayectoria reconocida, pero otras cuyo funcionamiento y vínculos políticos resultan poco claros.
Desgaste para Arévalo
En cuanto al Ejecutivo, consideró que también enfrenta un desgaste político, dado que fue esta entidad la que presentó el proyecto de presupuesto que posteriormente fue modificado por el Congreso. Para Rosal, el resultado final coloca al gobierno en la posición de un "Ejecutivo prisionero del Congreso", obligado a operar bajo un esquema que fortalece los incentivos políticos de los diputados a cambio de apoyos coyunturales.
Advirtió que el supuesto de que mayores recursos para los legisladores garantizarán lealtad política es débil y de corto alcance, especialmente ante la cercanía del proceso electoral de 2027. Afirmó que en un contexto político tan volátil, ese apoyo podría disiparse rápidamente.
Finalmente, Rosal lamentó que los recursos públicos de la ciudadanía puedan convertirse en una "piñata" política, utilizada para financiar intereses particulares en lugar de necesidades públicas, y alertó sobre los riesgos institucionales que implica un presupuesto con alta propensión a la opacidad.
Prácticas repetidas desde hace 30 años
El exministro de Trabajo, Luis Linares, argumentó que los mecanismos utilizados por el Gobierno actual y el Congreso para lograr la aprobación del presupuesto "no difieren" de los empleados desde el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1993, lo que, a su juicio, continúa debilitando la credibilidad del Gobierno.
Linares subrayó que uno de los principales problemas es el incremento sostenido de la deuda pública, parte de la cual, señaló, se destina al financiamiento de gasto corriente. Indicó que esta práctica contradice el espíritu de la Ley Orgánica del Presupuesto, que limita el endeudamiento para este tipo de gastos, aunque reconoció que las reformas aprobadas por el Congreso terminan habilitando tales disposiciones.
El exministro también cuestionó el uso y crecimiento del aporte asignado a los Codede. Afirmó que estos fondos, aunque formalmente vinculados a mecanismos de participación ciudadana, en la práctica son administrados casi exclusivamente por las municipalidades, sin deliberación real por parte de los consejos.
Finalmente, señaló que la decisión del Gobierno de apoyar la aprobación del Presupuesto 2026 implica un costo político significativo, pues compromete su credibilidad al avalar prácticas que, a su juicio, tratan al Estado "como si fuera una empresa privada", donde los actores legislativos ejercen influencia decisiva en el manejo de los recursos públicos.
Para Linares, la coyuntura actual evidencia una vez más las fallas estructurales del sistema político y limita la posibilidad de un manejo transparente y eficiente del gasto estatal.
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Negociaciones opacas y obras sin sustento
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirmó que la aprobación del presupuesto repite el patrón de años anteriores, en el que el oficialismo negocia votos mediante asignaciones extraordinarias a los Consejos Departamentales de Desarrollo. Según indicó, también se añadieron artículos y montos específicos para atender intereses de algunas bancadas, como disposiciones relacionadas con pensiones y la reactivación de obras con historial judicializado.
Lavarreda advirtió que varias de las obras incluidas carecen de estudios de preinversión en el sistema nacional de inversión pública, lo que confirma que se destinaron primero los recursos y luego se definirá su ejecución. Señaló que estas prácticas benefician a diputados o alcaldes y consolidan un presupuesto construido con criterios políticos antes que técnicos.
El analista consideró que el gobierno ha recurrido a métodos que anteriormente cuestionaba, incluida una aprobación nocturna con poco escrutinio público. Aunque no se han anunciado acciones legales contra el decreto, Lavarreda sostuvo que el presupuesto profundiza prácticas opacas y consolida un modelo que "hace más de lo mismo".
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Presupuesto 2026
La aprobación del Presupuesto se produjo tras una sesión plenaria de más de 12 horas, en la cual los diputados también avalaron cinco préstamos por más de Q10,300 millones. El Presupuesto 2026 tiene un monto total de Q163,469.3 millones, quedó contenido en el Decreto 27-2025 y recibió 139 votos a favor. Entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Aunque inicialmente se había previsto discutirlo en tres debates, una moción privilegiada impulsada por la bancada oficialista permitió aprobarlo como asunto de urgencia nacional en un solo debate, minutos antes de la medianoche.
La oposición criticó el procedimiento y la falta de cambios sustanciales en el dictamen, liberado apenas unas horas antes de la sesión. La aprobación nocturna, mientras la mayoría de ciudadanos dormía, reforzó las críticas sobre opacidad y alimentó las advertencias de analistas respecto al costo político que deberá asumir el gobierno y el Congreso.
