El presidente Arévalo asegura que los casos en contra de funcionarios son espurios y falsos.
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El presidente Bernardo Arévalo se congratuló por la decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad (CC) de anular las acciones del juez Fredy Orellana que buscaba desconocer a los funcionarios electos por el partido Movimiento Semilla y aseguró que se dio un "duro golpe al intento de golpe".
"La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los cargos electos no pueden anularse y que los resultados de 2023 están ratificados. La CC confirma que el ataque judicial a los resultados electorales y a las instituciones democráticas sigue siendo un riesgo latente y advierte al juez responsable de evitar acciones que constituyan prevaricato", declaró el mandatario.
El gobernante aseguró que aún "existe una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones positivas del Gobierno que se realizan con transparencia dejando en el pasado la opacidad que servía de manto a la corrupción".
"Quienes impulsan estos ataques no quieren que la corrupción se acabe, no quieren que haya servicios dignos, no quieren que los proyectos que buscan el bienestar colectivo funcionen", aseguró Arévalo.
Según el presidente el llamado que hizo el domingo no fue en vano y agradeció a quienes se manifestaron en defensa de la decisión del pueblo e instó a todos los sectores de la sociedad y la comunidad internacional a "seguir alertas para impedir que estos intentos antidemocráticos avancen".
"Estamos seguros que a medida que el calendario siga restando días al régimen de la impunidad, saldrán con más ataques, lo habrá, lo sabemos, buscan retorcer las leyes y los resultados electorales buscan construir falsos casos, espurios contra funcionarios de Gobierno", aseveró el mandatario.
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Como ejemplo el mandatario señaló el caso en contra del viceministro Luis Pacheco y aseguró que "le están dando relevancia a casos espurios que están basados en una estrategia de desestabilización conocida como el caso lawfare —guerra legal—".
El juez Fredy Orellana es un actor clave en la judicialización poselectoral de 2023, ya que ha emitido resoluciones que buscaban suspender la personalidad jurídica y anular al Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia.
Las acciones del juez Orellana y otras entidades fueron catalogadas por el Gobierno como parte de un "intento de golpe de Estado" para desconocer los resultados electorales.
La CC frenó sus órdenes que buscaban invalidar a los funcionarios electos de Semilla.
El término "lawfare" se refiere al uso de mecanismos legales para la persecución política y obstrucción democrática.
El Gobierno de Arévalo ha denunciado ser víctima constante de esta estrategia desde su elección, buscando desestabilizar a la nueva administración.
