En los últimos meses, ha aumentado el número de personas que se acogen a la Ley de Aceptación de Cargos, un mecanismo legal que permite reducir la pena a cambio de declararse culpables.
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La estrategia ha sido utilizada por pandilleros, políticos, empresarios y exfuncionarios que buscan evitar largos procesos judiciales.
La ley establece que si un acusado acepta su responsabilidad en la primera declaración ante el juez, puede obtener una reducción del 50% de la pena. Si lo hace antes del inicio del juicio, la rebaja es del 33%, y si ocurre antes de la etapa de recepción de pruebas, la disminución es del 20%. Sin embargo, uno de los requisitos es que el condenado debe pagar los daños causados por el delito.
Para Alexander Aizenstatd, abogado constitucionalista, el uso de esta figura tiene aspectos positivos, como el ahorro de recursos judiciales y el descongestionamiento del sistema penal. "Evita procesos largos y costosos, tanto para el Estado como para los sindicados", explicó.
No obstante, también advierte sobre dos problemas graves: el abuso de la prisión preventiva y la falta de acceso a una defensa adecuada. "Hay personas inocentes que, por miedo o falta de recursos, aceptan su culpabilidad para evitar una condena más severa, aunque no hayan cometido el delito. Eso es lo más preocupante", afirma.
Aizenstatd también señala que este procedimiento puede beneficiar a integrantes del crimen organizado o a corruptos que logran penas mínimas y salen en libertad rápidamente. "Hay casos públicos, pero la mayoría son invisibles, porque se trata de personas pobres, sin respaldo legal", añade.
En septiembre de 2024, 108 miembros de la clica "Solo para Locos" del Barrio 18 se declararon culpables de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Las penas impuestas oscilaron entre los 4 y los 4 años con 9 meses y 18 días de prisión.
También está el caso de William Morales, implicado en el expediente "La Línea", quien reconoció haber cometido los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, al aceptar que recibió sobornos en la Superintendencia de Administración Tributaria. Su aceptación de cargos acortó el proceso judicial.
En contraste, cinco procesados del caso "Los Lemus" intentaron acogerse al mismo beneficio por delitos de narcotráfico, pero el Juzgado de Mayor Riesgo "B" rechazó la solicitud al considerar que no se cumplían los requisitos legales.
La aceptación de cargos sigue generando debate: por un lado, agiliza la justicia; por otro, plantea dudas sobre la equidad del sistema, especialmente para quienes no tienen medios para defenderse o que se enfrentan a un aparato judicial con fallas estructurales.
