La corte suprema de Brasil decidió este jueves aumentar las obligaciones de las plataformas digitales sobre los contenidos publicados por sus usuarios, en un proceso inédito en América Latina sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio en internet.
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La decisión del máximo tribunal de Brasil afecta a empresas como X, TikTok, Instagram y Facebook, que en adelante deberán eliminar "de inmediato" publicaciones que violen la ley, sin esperar orden de un juez.
Aunque analizó casos puntuales, la decisión sentará jurisprudencia que alcanzará a decenas de millones de usuarios de redes sociales en Brasil.
Ocho de los once magistrados del tribunal se pronunciaron por la "inconstitucionalidad parcial" de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las empresas tecnológicas solo son responsables si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar contenidos cuestionados.
Tras la decisión de este jueves, las plataformas deberán actuar sin necesidad de intervención judicial para retirar contenidos que promuevan acciones antidemocráticas, terrorismo, discursos de odio, pornografía infantil y otros crímenes graves.
Para otros contenidos ilícitos, las empresas podrán ser responsabilizados por los daños causados si eventualmente no los retiran a partir de la notificación de un tercero.
"Preservamos en la mayor medida posible la libertad de expresión, sin permitir, sin embargo, que el mundo caiga en un abismo de incivilidad, legitimando discursos de odio o crímenes indiscriminadamente practicados en la red", dijo el juez Luis Roberto Barroso, presidente de la corte.
El magistrado Kassio Nunes, uno de los tres en votar por mantener el artículo sin cambios, afirmó que en internet "la responsabilidad civil es principalmente de quien causó el daño" y no de las plataformas.
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando uno de los jueces del tribunal supremo, Alexandre de Moraes, bloqueó temporalmente el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
