La próxima semana, el pleno de magistrados de la CC entrará a conocer los expedientes de amparo planteados respecto a la elección del Fiscal General y Jefe del MP.
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De acuerdo con la calendarización publicada por la Corte de Constitucionalidad (CC), para la próxima semana está previsto que el pleno de magistrados entren a conocer expediente de amparo relacionados con la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).
Pese a que el presidente Bernardo Arévalo ya eligió al abogado Gabriel García Luna en dicho cargo, aún hay acciones de amparo pendientes de resolver por la CC. Varias de estas serán conocidas por el pleno el próximo martes 12 de mayo de 2026.
El primero en la lista es el expediente 3150-2026 solicitado por Ricardo Méndez Ruiz, contra el Presidente de la República, Bernardo Arévalo. El argumento planteado es que la elección del mandatario se lleve a cabo en una nómina cuyos integrantes podrían no cumplir con los requisitos establecidos.
Además, aparece el expediente 3347-2026, solicitado por Raúl Amilcar Falla, quien accionó en contra del Presidente de la República y la Comisión de Postulación de candidatos a fiscal general, para evitar la designación del nuevo titular el MP.
En el último caso en mención, el solicitante argumentó que existe la posibilidad de exclusión de la nómina de candidatos que hayan obtenido las mayores puntuaciones.
Le sigue otro amparo contenido en el expediente 2410-2026 planteado por el diputado José Chic, contra la postuladora, en relación a la integración de la nómina de candidatos, con el argumento de la existencia de una posible amenaza a los principios de alternancia en el MP.
Para concluir está el expediente 3625-2026 a cargo de David Alberto Juárez, quien accionó con el objetivo de dejar sin efecto la nómina para revisar las puntuaciones de quienes la integraron.
También aparece el expediente 3667-2026 solicitado por diputados oficialistas, quienes presentaron un amparo preventivo ante la inminente salida de la Fiscal General, Consuelo Porras, con el argumento de que es necesario resguardar la información y bienes del MP en el proceso de transición.
