El Congreso de la República votó para enviar a la Corte de Constitucionalidad el decreto 10-2026 para que analice si es inconstitucional.
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Con 102 votos a favor, el Congreso aprobó este martes 12 de mayo el acuerdo legislativo 15-2026 para remitir a la Corte de Constitucionalidad (CC) el veto presidencial al decreto 10-2026, normativa que busca corregir vacíos legales relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.
Ahora, será la CC la encargada de emitir una opinión consultiva y determinar qué artículos del decreto pueden considerarse constitucionales.
El diputado oficialista, Raúl Barrera, explicó que el Ejecutivo devolvió el decreto al Congreso por posibles dudas de inconstitucionalidad relacionadas con la forma en que podrían aplicarse algunas disposiciones vinculadas a adolescentes.
Según Barrera, el objetivo principal del decreto era prohibir de forma expresa las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, situación que, aseguró, quedó abierta desde "un error" realizado en 2009.
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Nueva propuesta
Barrera, además explicó que, mientras la CC analiza el expediente, diputados de la Comisión del Menor y de la Familia, junto con la Secretaría General de la Presidencia, ya trabajan en una nueva propuesta de ley para corregir el problema en el corto plazo.
Barrera afirmó que el vacío legal actual deja en indefensión a niñas y niños víctimas de agresiones sexuales y señaló que diariamente se registran embarazos de menores derivados de estos casos.
Con 102 votos a favor, el Congreso aprobó el acuerdo 15-2026 para remitir a la CC el veto presidencial al decreto 10-2026, normativa que busca corregir vacíos legales relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.
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"En todo caso, tenemos un preacuerdo ya con los diputados de la Comisión del Menor y de la Familia y la propia Secretaría General de la Presidencia para producir en lo inmediato una nueva propuesta que resuelva el problema principal, porque todos los días quedan niñas embarazadas como resultado de hombres que las agreden por un vacío que existe en la ley. Son abusos sexuales permitidos por el Estado por el problema en la ley penal", expresó.
El diputado también adelantó que la nueva iniciativa podría estar lista en unas dos o tres semanas y ser conocida en una próxima sesión extraordinaria del Congreso.
Además, insistió en que el Estado no puede permitir que las relaciones sexuales entre adultos y menores continúen siendo legales y remarcó la necesidad de reformar el artículo 173 del Código Penal, relacionado con el delito de violación.
