Las autoridades apresuran el análisis legal y administrativo para poder llevar a cabo el mantenimiento de esta vía.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que analiza las herramientas legales disponibles para intervenir la autopista Palín-Escuintla y atender las necesidades de mantenimiento de esta importante vía.
Eso ocurre mientras las autoridades de la cartera de Comunicaciones avanzan en el proceso de liquidación derivado del modelo bajo el que operó en los últimos años.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador, la ministra de Comunicaciones Norma Zea, explicó que existen obstáculos legales que han impedido actuar con la rapidez que la cartera desearía.
"Lamentablemente situaciones legales nos impiden poder intervenir con la celeridad que nosotros deseamos", indicó la funcionaria al ser consultada sobre los trabajos de mantenimiento en la autopista.
Zea detalló que se está "en la fase de liquidación de este tramo por la modalidad con la que operaba".
"Estamos evaluando dentro de las herramientas que tenemos en la Ley cuál nos facilita y nos acorta nuestra ruta para poder intervenir el tramo y poderlo atender en su mantenimiento rutinario", afirmó la titular del CIV.
La autopista Palín-Escuintla ha sido objeto de atención pública en los últimos años debido a una serie de acontecimientos que han impactado su operación y mantenimiento.
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El primero de ellos ocurrió el 1 de mayo de 2023, cuando dejó de cobrarse el peaje tras concluir una concesión otorgada a una empresa privada.
El contrato estuvo vigente desde 1998 y permitía a la empresa administrar y dar mantenimiento a la carretera a cambio de la recaudación del peaje.
Posteriormente, en junio de 2024, la ruta enfrentó una de sus mayores crisis cuando se produjo un socavón en el kilómetro 44, provocado por el colapso de una tubería transversal de drenaje y agravado por las lluvias de la temporada.
El incidente obligó al cierre parcial de la autopista y al desvío del tránsito pesado hacia rutas alternas, generando complicaciones logísticas para el transporte de mercancías entre el área metropolitana, Escuintla y Puerto Quetzal.
El caso también abrió cuestionamientos sobre las condiciones en que el Estado recibió la infraestructura tras el fin de la concesión. Durante la crisis transcendió que la autopista no habría sido entregada conforme a los procedimientos establecidos, situación que derivó en auditorías y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de recepción.
Luego de varios meses de trabajos de reconstrucción y estabilización, el Ministerio de Comunicaciones habilitó nuevamente los cinco carriles en el sector afectado del kilómetro 44 en marzo de 2025, casi nueve meses después del hundimiento.
