Además del apoyo financiero, el acuerdo solicita a las autoridades competentes una investigación pronta y exhaustiva de los hechos, así como la adopción de medidas para prevenir y erradicar este tipo de actos violentos.
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La tarde de este lunes 19 de enero el Congreso aprobó un acuerdo legislativo para brindar apoyo económico a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fallecieron o resultaron heridos durante los hechos de violencia registrados el pasado 18 de enero.
La propuesta, impulsada por el diputado oficialista Samuel Pérez, fue avalada en sesión plenaria con 147 votos a favor, 12 ausencias y un voto en contra, quedando oficializada como el Acuerdo Legislativo 3-2026.

Ante la gravedad de los hechos, que incluyeron toma de rehenes y el asesinato de policías en distintos puntos del país, el Legislativo expresó su pesar por la pérdida de agentes que murieron en el cumplimiento de su deber y calificó los ataques como un atentado contra el orden público, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana.

Como parte del respaldo a las víctimas y sus familias, el Congreso autorizó la entrega de una ayuda económica de Q300 mil para cada agente fallecido y de Q100 mil para cada policía que haya sufrido lesiones.

El acuerdo surge tras una serie de ataques armados contra agentes de la PNC, ocurridos luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control en centros carcelarios que habían sido escenario de disturbios y amotinamientos.

Estos recursos saldrán del presupuesto vigente del Organismo Legislativo y se otorgarán durante el tiempo que esté en vigor el estado de sitio decretado por el Ejecutivo mediante el Decreto Gubernativo 1-2026. Para ello, se facultó a la Junta Directiva del Congreso a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias.
Según lo expuesto en el pleno, estas acciones fueron promovidas por estructuras criminales que buscaban presionar al Estado para entablar negociaciones ilegítimas, lo que fue rechazado por el Organismo Ejecutivo.
Además del apoyo financiero, el acuerdo solicita a las autoridades competentes una investigación pronta y exhaustiva de los hechos, así como la adopción de medidas para prevenir y erradicar este tipo de actos violentos. El pleno también expresó su solidaridad con el pueblo de Guatemala y guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El acuerdo entró en vigencia de manera inmediata.




