A partir de 2018, Guatemala contará con un Banco de Datos Genéticos que servirá para identificar cadáveres y la posible participación en algún delito.
En el Decreto 22-2017, aprobado este martes en el Congreso, quedó establecido que cuando una persona sea capturada por cualquier crimen, un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tendrá que tomarle muestras de sangre, aunque el detenido "se rehúse”. Únicamente cuando la salud de la persona peligre podrá tomarse la muestra de ADN por otros métodos, como cabello, uñas, saliva o frote de pies.
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Por cuestiones presupuestarias, los diputados decidieron que en 2018 sea obligatorio el registro de los arrestados por delitos sexuales y a partir de 2019 sea generalizado.
Además, quienes deseen dar su muestra de ADN de forma voluntaria se podrán acercar a uno de los laboratorios del Inacif, institución que administrará esta base de datos.
Este registro será considerado como información sensible, por lo que solo el Ministerio Público (MP) y los jueces podrán consultarlo.
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Registro de violadores
El MP llevará un registro de agresores sexuales que hayan sido condenados, el cual deberá contener el nombre completo, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, Código Único de Identificación (CUI), dirección de domicilio, puesto de trabajo, dirección del empleo y nombre del patrono con el que labora.
Según lo aprobado por los diputados, cuando alguien quiera optar a un puesto laboral en el que tenga contacto con menores de edad, tendrá que presentar una constancia de no estar en el banco de violadores, la cual será extendida por el MP.
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Los agresores sexuales estarán obligados a informar de los cambios en sus datos, pues de no mantener actualizada su información podrán ser multados con dos salarios mínimos; en caso de proporcionar datos falsos, serán procesados penalmente. Si las autoridades no lograran ubicar al exconvicto, deberán emitir alertas.
Banco de menores abandonados
El Inacif también tendrá que llevar un registro genético de los niños, niñas y adolescentes que sean abandonados por sus familias. A este banco podrán acceder la Procuraduría General de la Nación y el MP.